Anuncia la APPO revolución pacífica, democrática y humanista
Oaxaca, Oax., 13 de noviembre (apro).- El Congreso Constitutivo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) determinó convertir “la revuelta popular en una revolución pacífica, democrática y humanista”, como lo hicieron los pueblos indígenas de Chiapas, de los cuales retomará su “espíritu comunalista”, afirmó Flavio Sosa Villavicencio, uno de los dirigentes visibles del movimiento.
El dirigente explicó también que buscarán consolidar la organización de la APPO desde las comunidades, en la perspectiva de la construcción del poder popular estatal y ser parte de una red internacional que luche contra el neoliberalismo.
Después de tres días de deliberaciones, se acordó integrar un nuevo órgano de dirección que se denominó el Consejo Estatal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca que estará conformado por 260 representantes de todas las regiones, de los cuales 40 fueron asignados al “magisterio democrático”.
Este Consejo Estatal incluye a los sectores de comerciantes, estudiantes, transportistas, mujeres, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, y de las organizaciones políticas y sociales, donde no hay jerarquías, es decir, todos tienen las mismas obligaciones y derechos.
A los integrantes de la APPO que estuvieron en la cárcel o enfrentan procesos penales también se les asignaron espacios honoríficos para darles protección y para que continúen al frente de las actividades que el movimiento requiere.
De igual forma, se recalcó que la salida de Ulises Ruiz Ortiz no es renunciable ni negociable y que no habrá diálogo hasta que los presos sean liberados, se presente con vida a los desaparecidos, cese el hostigamiento a los líderes; mientras no concluya la interferencia de la señal de Radio Universidad y no se retire a la Policía Federal Preventiva.
Sosa Villavicencio explicó que a partir del próximo 15 de noviembre, en el marco del segundo informe del gobierno de Ulises Ruiz, reactivarán las barricadas, los bloqueos carreteros y la toma de palacios municipales, así como de las delegaciones de gobierno.
Aunque falta nombrar a los integrantes de la Comisión Política, Flavio Sosa agregó que el movimiento popular de Oaxaca fue una revuelta o una irrupción de la gente por una demanda que es legítima, sin embargo, ha llegado el momento de transformarla en cambios profundos de la relación sociedad-gobierno y del sistema económico que vive el estado, y eso pasa por renovar también el andamiaje jurídico.
Durante la marcha que se realizó este mediodía, el presidente de la mesa de debates en el congreso, Zenén Bravo Castellanos, reconoció que de la insurrección pacífica, que los políticos no quieren entender, se ha pasado a la radicalización del pueblo ante la falta de atención.
Mencionó que este congreso inició una discusión, la cual ya no se profundizó, en el sentido de que es necesario dar un salto en un modelo de poder político en el estado que retome y encauce las demandas más sentidas de la mayoría de la población.
Algunos se inclinaron porque todavía es viable seguir utilizando los marcos de la institucionalidad actual, es decir, hacer uso de los procesos electorales y otros consideran que los partidos políticos están agotados; y que ya no representan los intereses de la mayoría de la población del país, de ahí que es necesario voltear a ver las experiencias democráticas que se practican desde los pueblos originarios, como son los usos y costumbres, donde la asamblea general es la máxima autoridad, añadió.
Marcha contra Ruiz y la PFP
La marcha para exigir la salida de Ulises Ruiz Ortiz y de la PFP, así como para dar a conocer los acuerdos del Congreso Constitutivo de la APPO salió de la Procuraduría General de Justicia del estado, hizo un alto en el lugar donde fue asesinado el hojalatero Alejandro García Hernández, para rendirle tributo, y continuar después su camino hasta llegar al campamento de resistencia, situado frente al Templo de Santo Domingo.
Por otra parte, alrededor de dos mil 500 trabajadores del volante, agrupados en la Unión de Organizaciones de Taxistas del estado de Oaxaca, realizaron una movilización que partió del crucero de Viguera al centro de la ciudad para exigir al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, que termine con la corrupción entre funcionarios de su gabinete y dirigentes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) que ha generado la proliferación de unidades “pirata” en la entidad.
Mientras esperaban la respuesta del gobernador, bloquearon las calles adyacentes a su sede sindical: Trujano, Victoria, Independencia y la calzada Madero. Ante la nula respuesta gubernamental, los taxistas decidieron bloquear por la tarde los accesos a la capital.
Después de tres días de deliberaciones, se acordó integrar un nuevo órgano de dirección que se denominó el Consejo Estatal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca que estará conformado por 260 representantes de todas las regiones, de los cuales 40 fueron asignados al “magisterio democrático”.
Este Consejo Estatal incluye a los sectores de comerciantes, estudiantes, transportistas, mujeres, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, y de las organizaciones políticas y sociales, donde no hay jerarquías, es decir, todos tienen las mismas obligaciones y derechos.
A los integrantes de la APPO que estuvieron en la cárcel o enfrentan procesos penales también se les asignaron espacios honoríficos para darles protección y para que continúen al frente de las actividades que el movimiento requiere.
De igual forma, se recalcó que la salida de Ulises Ruiz Ortiz no es renunciable ni negociable y que no habrá diálogo hasta que los presos sean liberados, se presente con vida a los desaparecidos, cese el hostigamiento a los líderes; mientras no concluya la interferencia de la señal de Radio Universidad y no se retire a la Policía Federal Preventiva.
Sosa Villavicencio explicó que a partir del próximo 15 de noviembre, en el marco del segundo informe del gobierno de Ulises Ruiz, reactivarán las barricadas, los bloqueos carreteros y la toma de palacios municipales, así como de las delegaciones de gobierno.
Aunque falta nombrar a los integrantes de la Comisión Política, Flavio Sosa agregó que el movimiento popular de Oaxaca fue una revuelta o una irrupción de la gente por una demanda que es legítima, sin embargo, ha llegado el momento de transformarla en cambios profundos de la relación sociedad-gobierno y del sistema económico que vive el estado, y eso pasa por renovar también el andamiaje jurídico.
Durante la marcha que se realizó este mediodía, el presidente de la mesa de debates en el congreso, Zenén Bravo Castellanos, reconoció que de la insurrección pacífica, que los políticos no quieren entender, se ha pasado a la radicalización del pueblo ante la falta de atención.
Mencionó que este congreso inició una discusión, la cual ya no se profundizó, en el sentido de que es necesario dar un salto en un modelo de poder político en el estado que retome y encauce las demandas más sentidas de la mayoría de la población.
Algunos se inclinaron porque todavía es viable seguir utilizando los marcos de la institucionalidad actual, es decir, hacer uso de los procesos electorales y otros consideran que los partidos políticos están agotados; y que ya no representan los intereses de la mayoría de la población del país, de ahí que es necesario voltear a ver las experiencias democráticas que se practican desde los pueblos originarios, como son los usos y costumbres, donde la asamblea general es la máxima autoridad, añadió.
Marcha contra Ruiz y la PFP
La marcha para exigir la salida de Ulises Ruiz Ortiz y de la PFP, así como para dar a conocer los acuerdos del Congreso Constitutivo de la APPO salió de la Procuraduría General de Justicia del estado, hizo un alto en el lugar donde fue asesinado el hojalatero Alejandro García Hernández, para rendirle tributo, y continuar después su camino hasta llegar al campamento de resistencia, situado frente al Templo de Santo Domingo.
Por otra parte, alrededor de dos mil 500 trabajadores del volante, agrupados en la Unión de Organizaciones de Taxistas del estado de Oaxaca, realizaron una movilización que partió del crucero de Viguera al centro de la ciudad para exigir al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, que termine con la corrupción entre funcionarios de su gabinete y dirigentes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) que ha generado la proliferación de unidades “pirata” en la entidad.
Mientras esperaban la respuesta del gobernador, bloquearon las calles adyacentes a su sede sindical: Trujano, Victoria, Independencia y la calzada Madero. Ante la nula respuesta gubernamental, los taxistas decidieron bloquear por la tarde los accesos a la capital.
Proceso.
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