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En Chiapas se mantienen intactos los paramilitares y la ocupación del Ejército

Es mentira que las autoridades federales hayan detenido la guerra: zapatistas

Las estrategias de los grupos armados se han hecho más sutiles, pero son igual de agresivas

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO / La Jornada

San Cristobal de Las Casas, Chis. 20 de febrero. El resurgimiento con nuevas formas de grupos civiles armados presumiblemente paramilitares y el mantenimiento intacto de la ocupación militar confirman que, contra lo que tienden a pensar ciertos sectores adormecidos de la opinión pública, los sucesivos gobiernos federales no han detenido la guerra en Chiapas.

El esquema de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) que parece extenderse en la selva y la zona Norte incluye una legitimación gubernamental de sus acciones de gestoría y propaganda, piel de oveja con la que llega a decenas de comunidades en Chilón, Ocosingo, Altamirano y otros municipios oficiales.

Su carácter paramilitar es ahora denunciado por los municipios autónomos, las juntas de buen gobierno (JBG) y la comandancia general del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Desde el lustro reciente, un puñado de centros de investigación independientes y de derechos humanos han documentado las consecuencias sociales, agrarias y judiciales del aparente auge de la OPDDIC, cuyos vínculos con las fuerzas armadas se han vuelto inaparentes. No así su nueva beligerancia.

Como señalan especialistas como Carlos Montemayor, Gilberto López y Rivas, Carlos Fazio y Jorge Luis Sierra, aún en los años foxistas de aparente (nunca real) repliegue militar, las estrategias de baja intensidad y contrainsurgencia sólo se ajustaron y renovaron. La guerra iniciada en 1994 con el levantamiento zapatista sigue adelante, pues ni se han resuelto las causas que originaron el alzamiento ni se han retirado las tropas federales.

Los gobiernos autónomos y la participación de las comunidades rebeldes en las JBG consolidaron mientras tanto la alternativa zapatista en más de 40 municipios en resistencia. Pero éstos y miles de hectáreas de territorio agrícola en pleno uso "no existen" oficialmente. Muchas fincas ganaderas fueron abandonadas por sus propietarios en 1994. El gobierno resarció económicamente a los ganaderos, si bien se guardó de emplear la forma legal de "indemnización", por lo cual esta palabra no aparece en los expedientes de la Procuraduría Agraria.

Esto permite que se mantengan cargos de despojo e invasión contra las familias indígenas que ocuparon dichas fincas hacia 1995 y siguen en resistencia. Y que las órdenes de aprehensión puedan ser liberadas en cualquier momento. La estrategia de coerción judicial se suma a las amenazas directas contra comunidades y nuevos centros de población de municipios zapatistas como Olga Isabel, Primero de Enero o 17 de Noviembre. Allí opera la llamada "guerra integral de desgaste", que describen los manuales militares nacionales y estadunidenses.

Es "integral" porque usa elementos militares, políticos, económicos, propagandísticos, sociales y culturales, y busca afectar todos los aspectos de la vida. Siguiendo un resumen sobre la materia elaborado por diversos centros de derechos humanos de Chiapas en 2004, la "guerra" se considera de desgaste "porque su objetivo es cansar a la población civil para que deje su lucha".

Veamos un ejemplo de cómo la OPDDIC pone en marcha estas políticas en los lugares donde se establece. La organización priísta ha dirigido oficios a los ejidatarios de San Sebastián Bachajón solicitando su apoyo e "intervención humana" para desalojar a las familias zapatistas del municipio Olga Isabel en los siguientes términos: "Hay un grupito, nosotros le llamamos delincuentes, asaltantes, rateros, que han creado infinidad de problemas, utilizando (y) protegiéndose la membresía o anonimato de una organización fantasma, que oficialmente no existe. Ellos no respetan leyes ni autoridades; debido a esto, actualmente están posicionados de forma ilegal en el Crucero San Antonio Las Palomas. Por qué decimos ilegal, simplemente no aparecen en la escritura pública, están como invasores".

En el oficio (divulgado por el Centro de Análisis e Investigaciones Sociales y Económicas), la OPDDIC indica: "quisiéramos una buena coordinación y acuerdo entre los ejidos para no dar cabida ni entrada en ninguno de los ejidos". Así se criminaliza y "desaparece" a las comunidades rebeldes, y se abona su eventual desalojo por dos caminos: la "aplicación de la ley" contra los "invasores" (que llevan ahí 10 años, en tierras que antes eran privadas, inclusive latifundios), y el desalojo violento "coordinado" por los paramilitares legalizados.

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