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Cuestiona AI actuación del gobierno de Chiapas en comunidad indígena

 

Exige a Juan Sabines garantizar seguridad de sobrevivientes de ataque paramilitar

Las Abejas denuncia violentos operativos castrenses con pretexto de la lucha antinarco

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO / La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chis., 21 de febrero. El gobierno estatal de Juan Sabines Guerrero fue cuestionado hoy seriamente por Amnistía Internacional (AI) en relación con el ataque paramilitar contra la comunidad Viejo Velasco Suárez, en noviembre pasado; la actual persecución penal contra el chol Diego Arcos Meneses; la desaparición no resuelta de Pedro Núñez Pérez, Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo y Juan Peñate Montejo, y el castigo a los agresores -priístas de la comunidad lacandona-, en una acción que produjo cuatro muertes.

Asimismo, la organización civil Las Abejas, de Chenalhó, puso hoy en tela de juicio la política de justicia y derechos humanos del gobierno chiapaneco. "En su campaña, el gobernador dijo 'hechos, no palabras'. Muy bien, le regresamos la pelota. Estos son los hechos que vemos hasta ahora en nuestro estado". Y enumera:

"Crecimiento del grupo paramilitar Oppdic, que se dice sabinista. Operativos castrenses que, con el pretexto de luchar contra el narcotráfico, se lanzan con exceso de violencia contra los más pobres, que son nuestros hermanos centroamericanos inmigrantes (¿será que el siguiente paso, con el mismo pretexto, va a ser lanzarse contra nuestros hermanos zapatistas?)".

En una rememoración más de la matanza de Acteal, Las Abejas añade: "el caso reciente en que el gobierno y la fiscalía del estado tenían que pedir perdón a los sobrevivientes y familiares de un caso de violación de derechos humanos, en 1995, conocido como caso Jaltenango". La organización indígena señala que, "primero, la fiscalía se negó, y después el gobierno dijo que mejor sí cumplía; falta ver su voluntad de llegar al fondo del asunto, que además nos interesa doblemente, porque el procurador de la entidad, implicado en ese caso, es el mismo que fungía como tal cuando sucedió la masacre de Acteal".

Con estos hechos, se pregunta la organización: "¿podemos creer en el compromiso de su gobierno para respetar los derechos humanos?".

Desde su sede en Londres, Amnistía Internacional exige al gobierno de Chiapas que garantice la seguridad de Diego Arcos Meneses y los sobrevivientes de la comunidad Viejo Velasco Suárez.

Asimismo, insta a que las autoridades "garanticen que el juicio de Diego Arcos Meneses cumpla las normas internacionales sobre juicios justos, y a expresar preocupación porque los procedimientos llevados a cabo hasta ahora en el caso hacen dudar de la imparcialidad e independencia del tribunal, y ponen en duda que los abogados tengan oportunidad de preparar una defensa efectiva".

AI solicita una investigación sobre la "presunta falta de imparcialidad de la indagatoria realizada por la fiscalía regional", a cargo de Mariano Herrán Salvatti, que, "entre otras cosas, no ha registrado debidamente las declaraciones ni ha proporcionado interpretación adecuada a las víctimas, los testigos y los acusados indígenas".

Asimismo, el organismo internacional demanda, "sin demora, una investigación independiente e imparcial sobre la detención arbitraria (y los malos tratos) de Diego Arcos Meneses y sobre el paradero de Pedro Núñez Pérez, Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo y Juan Peñate Montejo", además de "una revisión exhaustiva, inmediata e imparcial del violento enfrentamiento del 13 de noviembre en Viejo Velasco Suárez, en especial sobre los informes en torno a la participación de agentes de las fuerzas de seguridad" del estado.

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