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Documentan ilícitos de las autoridades agrarias para quitar predios a zapatistas

 

Unas 296 familias indígenas se han visto afectadas: Centro de Análisis Políticos

HERMANN BELLINGHAUSEN/II , ULTIMA ENVIADO/La Jornada

 

San Cristobal de las Casas, Chis. 2 de marzo. Tras reiterados señalamientos de la junta de buen gobierno Corazón del arcoiris de la esperanza, el concejo autónomo del municipio rebelde Olga Isabel, la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y varias organizaciones no gubernamentales de Chiapas, en el sentido de que la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) es paramilitar y cuenta con el respaldo del Ejército y las autoridades agrícolas, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) reivindicó como legal su gestión en favor de la mencionada agrupación en el ejido Muk'ulum Bachajón.

Al margen del componente político en los conflictos auspiciados por la Opddic contra las bases de apoyo del EZLN en dicho lugar, que la SRA omite en recientes boletines de prensa, el aspecto meramente agrícola es cuestionado a fondo por uno de los críticos más conspicuos de las autoridades agrarias a escala local: el Centro de Análisis Políticos e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE).

"El robo y el descaro arrojan que no sólo despojaron de manera ilegal, ilegítima y arbitraria a 211 campesinos al crear Muk'ulum Bachajón, sino además la lista incluye 69 nombres que nunca existieron en el primer paquete; no conformes, 16 campesinos agregaron su nombre, haciéndose pasar como 'propietarios' de otros terrenos, además del que originalmente les pertenece, incrementando el despojo a 296 familias indígenas afectadas", señala.

En resumen, de acuerdo con lo que el CAPISE dice a la SRA, la Procuraduría Agraria (PA) realizó un nuevo censo "rasurando a 296 familias que, curiosamente, todas son bases zapatistas y miembros de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios. Toda persona o familia que no acepte entrar a la Opddic pasa a ser 'invasora'. La falsedad y la parcialidad con que la PA y el actuario del tribunal unitario agrario del distrito tres son evidentes. Ustedes dicen que entre el 12 y el 16 de febrero se desahogaron las audiencias de ley, sin la presencia de los demandados (bases zapatistas), no obstante haber sido 'oportunamente avisados'".

En realidad los citatorios nunca se entregaron. El actuario asignado al caso los tiró a la orilla de la carretera, frente a la cabecera del municipio autónomo Olga Isabel. "Invitamos a la PA y al tribunal agrario tres a que presenten las firmas o huellas digitales de quienes supuestamente recibieron los citatorios", apunta el CAPISE, que el 23 de febrero sostuvo una entrevista con el actuario en Tuxtla Gutiérrez. Cuando se preguntó al actuario responsable de entregar los citatorios por qué no los proporcionó, "en un principio dijo que los había dado a las esposas de los demandados, pero posteriormente mencionó que 'debíamos entender que su trabajo no era fácil porque tenía que lidiar con zapatistas, quienes son personas peligrosas y le daba miedo". Los paramilitares, en cambio, no le parecen riesgosos, sino ciudadanos asistidos por las instituciones.

En su réplica, el centro independiente destaca que la Opddic tomó el control de Muk'ulum Bachajón en agosto de 2005 y, como dice el comunicado de la SRA, las tierras fueron "debidamente regularizadas y certificadas" en diciembre por el Procede. "La parcialidad y la articulación de las instituciones federales agrarias y la Opddic presentan una claro proceso de despojo de tierras en detrimento de las bases de apoyo zapatistas", determina el CAPISE.

A principios de febrero, el Comité Clandestino Revolucionario del EZLN había manifestado: "Los gobiernos federal, estatal y municipales están preparando nuevos grupos de paramilitares, bajo el disfraz de 'organizaciones indígenas'. Tal es el caso de la llamada Opddic, dirigida por el señor Pedro Chulín, priísta y conocido promotor de grupos paramilitares, financiados por las autoridades y entrenados y abastecidos por el Ejército".

El EZLN afirmó que Chulín "y miembros de su banda" (a la que llama "organización criminal") han declarado poseer las armas y la autorización del gobierno para provocar enfrentamientos con bases de apoyo zapatistas, con el fin de presentar la imagen de choques entre indígenas y "justificar una intervención masiva de las fuerzas federales".

El proclamado apego a la legalidad de la SRA y la PA ignora que en fechas recientes la dirección de la Opddic ha enviado correspondencia, firmada por sus dirigentes, amenazando a familias enteras con ser desalojadas o atacadas, según denunció la comandancia zapatista.

 

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