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Esta quincena en Contralínea.

Esta quincena en Contralínea.

 


1a quincena de marzo 2007

 

Ejército Mexicano en crisis

 

Yenise Tinoco / CONTRALINEA.


Armamento obsoleto, rezago en inteligencia, deserciones por decenas de miles y magros salarios para la tropa son las principales características de las Fuerzas Armadas. El aumento a las percepciones de los soldados, de apenas mil 700 pesos mensuales, mantiene casi intacta la oscura distribución de los recursos castrenses: un general gana al día más de lo que un soldado en un mes.

Los bajos salarios que recibe más del 50 por ciento de los militares son la principal causa de deserción en el Ejército Mexicano, señala Guillermo Garduño, especialista en Fuerzas Armadas.

El también investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana estima que hasta hace dos años se han registrado más de 90 mil deserciones. Y agrega que ante el sueldo insuficiente que recibe la milicia, muchos de los militares o ex militares terminan sirviendo a la delincuencia organizada, como el caso de la banda de Los Zetas.

Los niveles más bajos del personal militar –soldados y cabos– son, en su mayoría, quienes realizan los operativos de más alto riesgo, de acuerdo con Garduño. El sueldo mensual de la tropa llega apenas a los 5 mil 200 pesos, luego de que Felipe Calderón anunciara en fastuosa ceremonia el incremento a las percepciones como “un reconocimiento especial” a la tropa. En contraste, los altos mandos tienen salarios que rebasan los 100 mil pesos mensuales.

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván, gana diariamente 5 mil 165 pesos, mientras un soldado alcanaza alrededor de 170 pesos por día. Con el salario de Guillermo Galván se cubriría el pago de 30 soldados o el de 25 cabos, mensualmente. Sin contar otras prestaciones que reciben los altos rangos del Ejército y que se mantienen en el anonimato, como también sucede con las licitaciones.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos, que presentó Calderón a la Cámara de Diputados, hay un incremento de casi un 20 por ciento para la Defensa Nacional. De acuerdo con los legisladores de la Comisión de Defensa, el aumento fue aprobado pensando en las familias de los militares, ya que, consideran, se deben de elevar los ingresos de los más de 100 mil elementos que hoy tienen un salario bajo.

Jorge Justiniano González Betancourt, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados y militar de carrera, menciona que desde hace más de 10 años, durante los gobiernos del priísta Ernesto Zedillo y el panista Vicente Fox, las fuerzas armadas no tenían un aumento significativo.

“En 1994 obtuvo un beneficio; pero fue únicamente por el momento que se vivía, un momento crítico: la aparición del EZLN. Pero para 1995, cuando ya no existía la misma situación, bajó otra vez a los niveles de 1993.”

El diputado José Alfonso Suárez del Real, integrante de la Comisión de Defensa Nacional, reconoce que, desde el punto de vista laboral “existe un desfase” entre los soldados y los altos mandos del Ejército.

De acuerdo con el legislador perredista “no se debe aplicar el mismo incremento porcentual a todos, sino que se trata de apoyar a los que menos ingresos tienen”.

Tecnología obsoleta

Guillermo Garduño asegura que los bajos salarios y las deserciones no son el único problema que enfrenta el Ejército Mexicano. También se observa la ausencia de inversión en tecnología y modernización del equipo, así como en inteligencia militar.

A decir del investigador, la tecnología que las Fuerzas armadas de México están usando ya es obsoleta; además, existe un rezago en las labores de inteligencia, por lo que es necesario que parte del gasto se destine a la adquisición de armamento y tecnología de punta.

El especialista sostiene que el desarrollo tecnológico aplicado al armamento ha crecido tanto que resultan anticuadas las armas convencionales, que hasta este momento son las que privan en el Ejército.

Garduño explica que existe armamento que se puede utilizar tanto en operaciones diurnas como nocturnas, y que cuentan, además, con la capacidad de ubicación de objetivos y mayor precisión.

Agrega que muchas de esas armas son empleadas por los narcotraficantes, ya que se pueden conseguir en el mercado. Sin embargo, el Ejército mexicano sigue utilizando las armas antiguas que no tienen estos atributos. Ante lo cual, cualquier tipo de unidad militar que se enfrente contra el crimen organizado puede ser “totalmente vulnerada”. Con tales desventajas, es un riesgo para las fuerzas armadas combatir el narcotráfico.

Los “operativos conjuntos”

A decir de Garduño, el que a las Fuerzas Armadas se les lleve a combatir a la delincuencia organizada, proliferante en México, es una evidencia de que el ámbito policiaco del país es un frente que se encuentra “totalmente perdido”.

El investigador comenta que el crimen organizado cuenta con “posibilidades ilimitadas” y el gobierno federal “no ha podido mostrar una capacidad ofensiva, que realmente liquide a los grupos delictivos”.

Javier Oliva, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y experto en seguridad nacional, comenta que el hecho de que el Ejército intervenga en asuntos de seguridad pública demuestra que la autoridad civil ya fracasó.

Agrega que durante sexenios no se ha tenido la capacidad para desarrollar cuerpos policiales capaces de enfrentar a la delincuencia organizada. Por ello las policías tienen que seguir importando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Armada de México. Considera que si los “operativos conjuntos” desarrollados en diversos estados del país fracasan, se estará exponiendo el prestigio de las Fuerzas Armadas.

Desataca que uno de los principales riesgos que enfrenta el Ejército es la posibilidad de que sus elementos caigan en la corrupción o sean contaminados por el crimen organizado y terminen convertidos en cómplices.

Agrega que, además, en un país democrático “no es un buen mensaje que nuestras Fuerzas Armadas estén en las carreteras, calles, o en las zonas urbanas, porque son funciones que no les competen”.

Falta de transparencia

Mario Di Costanzo, analista económico y secretario de Hacienda Pública del “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador, dice que el incremento en las percepciones de las fuerzas armadas no es otra cosa que un intento de Felipe Calderón por lograr legitimidad.

El analista afirma que en un país con tantas carencias y tantos problemas, es absurdo que se den tales asignaciones presupuestales. Además, no se justifica que México “tenga un ejército tan grande”.

Di Costanzo dice que en el país existe poca transparencia en los recursos destinados a las Fuerzas Armadas. Como ejemplos cita las pensiones para los militares retirados. “Buena parte de las finanzas del Ejército son una caja negra, porque no sabemos cómo se controla”.

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Sufre Sonora el

cacicazgo de Bours

Zósimo Camacho / CONTRALINEA.

Las agresiones contra periodistas y medios de comunicación en Sonora son el corolario de casi cuatro años de atentados contra las garantías individuales y los derechos humanos en la entidad. A decir de legisladores federales -quienes denuncian haber sufrido “en carne propia” el atropello a sus derechos-, el gobierno encabezado por el empresario Eduardo Bours “no tolera” las críticas ni las opiniones contrarias a él y sus intereses.

Al asumir el gobierno del estado, luego de una cuestionada elección que supuestamente ganó con menos de un punto porcentual (7 mil 900 votos), Eduardo Robinson Bours Castelo comenzó una soterrada campaña para minimizar las acusaciones de fraude electoral y desterrar de los medios de comunicación las críticas a su gobierno. A las publicaciones que intentaron mantenerse independientes sencillamente se les negó la publicidad del gobierno estatal y del sector privado.

Sin embargo, fue hasta el 2 de abril del año pasado -con la desaparición de Alfredo Jiménez Mota, reportero del diario El Imparcial- cuando los medios de comunicación del resto de la República comenzaron a poner atención a lo que ocurría en Sonora. El periodista, quien tenía 26 años cuando se le vio por última vez y había publicado una serie de reportajes sobre las bandas del narcotráfico, estaba a punto de divulgar los nexos de la clase política gobernante con la banda de “Los Números” o “Los Güeros”.

Según un reportaje de Alejandro Gutiérrez, publicado en la revista Proceso, Jiménez Mota investigaba las relaciones del capo Raúl Enríquez Parra con Ricardo Bours, hermano del gobernador. Este mismo reportaje provocó que la edición 1577 no circulara en la entidad, pues misteriosamente fueron comprados todos los ejemplares antes de que se pusieran a la venta.

A la revistas Contralínea nacional y Contralínea Sonora les ocurrió lo mismo durante las últimas ediciones. Pero las agresiones subieron de nivel después de haber divulgado una conversación entre funcionarios de la administración de Bours que descubre la existencia de una unidad de espionaje (el C-4) al servicio del gobernador.

Así, cuando estaba a punto de distribuirse la edición donde se denunciaban los embates del gobierno estatal contra los indígenas comca’ac con el objetivo de arrebatarles la Isla Tiburón, el distribuidor de la revista en la entidad, Mauricio Capdeville, y su chofer Ricardo Ramírez fueron detenidos arbitrariamente por agentes del gobierno de Eduardo Bours (ver Contralínea Sonora de febrero de 2007).

“Esto viene desde hace tiempo y no vemos que (el gobernador) busque rectificar”, dice el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Padres Elías. Agrega que las agresiones contra los periodistas y los medios de comunicación en el estado no son hechos aislados, sino parte de toda una “actitud” con la que gobierna Bours Castelo. “El problema de la libertad de expresión se suma a la falta de transparencia y a la violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

En esto coincide su correligionario y también senador por Sonora Javier Castelo Parada, quien añade que a los propios legisladores -quienes gozan de fuero- Eduardo Bours les ha “coartado el derecho a opinar”. Ejemplifica con la censura a un spot televisivo después de las pasadas elecciones federales y la “explicación” del gobernador.

“Yo traía un spot en la televisión del estado y en los canales de Televisa sobre lo que pensaba de las reformas estructurales. El gobierno me lo vetó. Entonces hablé con el gobernador. Le dije que era un error de su parte censurar mi opinión política. Él me replicó que no quería que se politizara el canal del estado. Pues ciérralo, le dije, porque no quieres que se politice pero nada más hablan de ti. Finalmente me señaló que ya era una decisión tomada.”

A regañadientes, la Ley de Transparencia

Para el senador Padres Elías el acoso contra la prensa, la falta de transparencia en el ejercicio de gobierno y las violaciones a los derechos humanos en el estado son “señales” de que el gobierno tiende a imponer una “política pública dura, rígida, algo que no debemos permitirlo”.

Y es que para el legislador no fue casualidad que a pesar de que la mayoría de las entidades federativas cuentan desde 2002 con una ley de transparencia, por reticencias de Eduardo Bours Sonora tuvo la propia hasta 2006. Destaca que la mayoría de los diputados del Congreso local habían logrado acuerdos, pero fue precisamente el gobernador quien retrasó la entrada en vigor de la normatividad.

“Y ahora que ya está en vigor, niega, sin más, la información”, señala en alusión a los diferendos que mantiene el gobierno del estado con el diario El Imparcial precisamente por las solicitudes de información que el gobierno se ha negado atender.

Castelo Parada añade que no sólo a los periodistas sino también a los legisladores locales se les niega la información. Ante cualquier solicitud, la administración de Bours contesta que tiene carácter de “reservada”.

En efecto, los legisladores de oposición en el Congreso sonorense ni siquiera tienen derecho a saber el monto total y desglosado de los recursos públicos que el gobierno estatal entrega a organizaciones no gubernamentales.

“Para tranquilidad del propio gobierno, debería decirlo y no esconderlo. Es clara la cerrazón del gobierno de Sonora y la negativa a respetar y aceptar la libertad de expresión y de prensa. Incluso ni respeta el fuero que a los legisladores nos otorga la Constitución”, advierte Javier Castelo Parada.

Agrega que a tres años y medio, el gobierno de Eduardo Bours se ha caracterizado por no responder a los intereses del estado y de la sociedad que supuestamente representa.

“El ejercicio del poder ha sido personal e intolerante. Parece que no se da cuenta que vivimos en un mundo plural. Desde un inicio siempre tuvo en mente el control político y el máximo beneficio para su partido. Hay que recordar que su victoria fue muy cerrada. Ya no vamos a cuestionarla porque los órganos electorales avalaron su triunfo; pero recordemos que hubo exceso de recursos utilizados, por no abundar en otras irregularidades.”

“El tema de la libertad es muy atractivo”

Por su parte, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alfonso Elías Serrano rechaza que en Sonora se atente contra la libertad de expresión. En entrevista, el secretario de la Comisión de Seguridad Pública -y a quien se le ubica como parte del mismo grupo político que Eduardo Tours- sale en defensa del accionista mayoritario de Bachoco. Pausadamente, aquilata cada una de las palabras de su alegato.

“El tema de la libertad de prensa es muy atractivo y el espíritu de los senadores es proteger y abogar por él. Sin embargo, lo expuesto por el senador Padres distorsiona la realidad de lo que se vive en Sonora: afirma que se están violando las garantías individuales; pero yo, como ciudadano sonorense, te puedo decir que hay libertad de expresión y se respetan plenamente los derechos.”

–Hay denuncias puntuales de El Imparcial, Proceso y Contralínea, medios que señalan que han sido objeto de acoso, amenazas y de obstaculizar su labor informativa.

–En ese punto específico, donde hay controversia, sería mejor darle confianza a las autoridades para que se resuelva desde un punto de vista jurídico e imparcial. No es el ánimo del gobierno del estado poner obstáculos al derecho a la información.

El legislador federal dice tener la convicción de que el gobierno del estado está “interesado en respetar y proteger la libertad de prensa”.

El otro senador priísta de origen sonorense, Manlio Fabio Beltrones, prefirió no opinar sobre el tema. La rivalidad que el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República mantiene con Eduardo Bours, le ha valido ser sospechoso de filtrar información “incómoda” para el gobernador. Beltrones simplemente eludió el tema.

El senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Leonel Godoy Rangel, secretario de la Comisión de Justicia y presidente de la de Reforma del Estado, señala que “todo funcionario público, y con mayor razón los titulares de los Ejecutivos municipales, estatales y federal, están obligados a mantener un respeto irrestricto a la libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones. Es condenable cualquier intento de censura”.

Bours debe respetar: Senado de la República

El 8 de febrero pasado el senador Guillermo Padres Elías subió a tribuna para proponer un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar al gobierno de Sonora a que “en estricto apego a la Constitución Política garantice los derechos fundamentales de información, libertad de expresión y de prensa”.

Pero también a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas “para que ejerza la facultad de atracción respecto de los hechos ocurridos en contra de los periodistas del diario El Imparcial y las revistas Contralínea nacional y Contralínea Sonora”.

El exhorto también fue al Ejecutivo federal para que, a través de las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, “tomen medidas necesarias a efecto de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales, salvaguardar y proteger la integridad de los periodistas”.

La propuesta también estuvo firmada por la senadora del PRD Rosario Ibarra. A favor de la propuesta habló el perredista Ricardo Monreal y el panista Javier Castelo Parada. Monreal dijo que “no podemos permitir que los gobernadores se conviertan en caciques. De ninguna manera lo vamos a admitir”.

El punto de acuerdo fue aprobado abrumadoramente con la abstención del Partido Revolucionario Institucional.


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