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Federación y Estado, culpables de la represión contra APPO


  Iñaki García identificó a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Procuraduría General de la República (PGR), así como a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y a la Secretaría de Protección Ciudadana (Seproci), como los responsables materiales de las arbitrariedades registradas, por ser quienes ejecutaron los operativos policiales y las detencion

OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO / Noticias de Oaxaca Diario.

Martes 06 de marzo. 

A ellos les atañe la
responsabilidad", dijo
Iñaki García, vocero
de la CCIODH

Los gobiernos federal y estatal son responsables de las violaciones a derechos humanos cometidas por corporaciones policiales en agravio de simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) durante el conflicto político social en la entidad.
"A ellos les atañe la responsabilidad", afirmó Iñaki García, vocero de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), durante una conferencia de prensa ofrecida con otros miembros, después de entregar su informe sobre Oaxaca al pintor Francisco Toledo y de ser presentado a los medios de comunicación.
Iñaki García identificó a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Procuraduría General de la República (PGR), así como a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y a la Secretaría de Protección Ciudadana (Seproci), como los responsables materiales de las arbitrariedades
registradas, por ser quienes ejecutaron los operativos policiales y las detenciones.
Pero, observó, el ex presidente "Vicente Fox y (el gobernador) Ulises Ruiz Ortiz, son también responsables indudablemente por ser las cabezas de las instituciones" cuando se cometieron las violaciones a derechos humanos.
En el caso del gobernador, "todos los testimonios recogidos lo señalan en forma abrumadora como responsable y nosotros al señalar a las instituciones (PGJE y Seproci), entendemos claramente que esa responsabilidad lo implica a él", insistió.
Y lamentó que si las detenciones ilegales, procesos judiciales arbitrarios, torturas y ejecuciones "son graves, es más grave que hasta ahora no se delimiten las responsabilidades y se castiguen a los culpables".
"Es muy grave que no se hayan abierto procesos ni se hayan hecho imputaciones en contra de policías y de civiles armados en vehículos oficiales para matar a (23) personas, así como se hayan resarcido los daños", remarcó.
Además, también es inadmisible que no se haya normalizado la vida escolar, a pesar de los acuerdos firmados por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y exista ahora una pugna con la recién creada Sección 59.
"Su responsabilidad es arreglar el problema y no caminar entre la provocación entre los propios maestros y el enfrentamiento", señaló.
Ante esto, dijo que el presidente Felipe Calderón Hinojosa resultará también responsable si no ordena el castiga a los autores de las arbitrariedades e interviene para arreglar por la vía del diálogo el conflicto político social en la entidad.
"No se puede hablar de normalidad (en Oaxaca) cuando las causas que dieron origen al conflicto no se han atendido, cuando más de 100 personas están escondidas por temor a ser detenidas a pesar de no tener orden de aprehensión, cuando aún siguen 62 presos encarcelados, muchos de ellos en forma injusta, y cuando no se ha hecho justicia a las víctimas. Además de que si no se dan los pasos para resarcir las violaciones antes del evento electoral, es fácil que la violencia se reproduzca", asentó.
García dijo que la CCIODH presentará el informe al Parlamento Europeo, al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y al Congreso federal de los Estados Unidos, para solicitar una visita a Oaxaca "y vean con sus propios ojos" la situación en la entidad y demanden al Estado mexicano el castigo a los responsables.
Aunque reconoció que la Comunidad Económica Europea quizá retarde el procedimiento porque "a veces se atienden más los intereses comerciales y políticos de poder".
No obstante, dijo que la CCIODH, las organizaciones auspiciantes de la sociedad civil e intelectuales y artistas, harán todos sus esfuerzos para lograr una presión internacional y no pasen desapercibidos los abusos.

 

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