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Inaplazable la creación de un programa de vivienda social para los mexicanos de bajos ingresos: LICJ

 
México, Distrito Federal
Sábado 17 de marzo de 2007
 
 
* Castillo Juárez denuncia que el régimen calderonista considera a la vivienda como un derecho mercantil de los mexicanos.

* Indica que el Gobierno Legítimo de México reivindica el derecho constitucional que tienen los mexicanos a contar con una vivienda digna y decorosa

* Sostiene que es necesario impulsar la política de producción social contenida en la Ley Federal de Vivienda.

Al denunciar que el régimen calderonista considera a la vivienda como un derecho mercantil de los mexicanos y cree que la pobreza es un negocio, la secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del Gobierno Legítimo de México, Laura Itzel Castillo Juárez, indicó que “es inaplazable crear un programa de vivienda social capaz de atender prioritariamente a la población de bajos ingresos” del país.

Durante su participación en el “Foro de Denuncia de la Política Habitacional del Gobierno Espurio”, Castillo Juárez mencionó que existe un rezago habitacional estimado en 5.3 millones de viviendas, además de las nuevas necesidades derivadas del incremento demográfico, que está proyectadas en 6.7 millones para el periodo 2007-2012, es decir, 12 millones de viviendas son indispensables para el final del sexenio.

Ante ello, expresó: “El Gobierno Legítimo de México reivindica el derecho constitucional que tienen los mexicanos a contar con una vivienda digna y decorosa, así como reconoce que la carencia de este bien es uno de los problemas más graves que enfrentan los sectores de más bajos ingresos en nuestro país”.


La secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del Gobierno Legítimo de México, Laura Itzel Castillo Juárez, sostuvo que es necesario impulsar dentro de las modalidades de construcción, la política de producción social contenida en la Ley Federal de Vivienda.

Recordó, en diciembre de 2006, el Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una iniciativa al Presupuesto de Egresos de la Federación para otorgar 12 mil millones de pesos y construir, para este año, 200 mil acciones de vivienda en interés social, independientemente de las que edifican los organismos nacionales con el INFONAVIT y FOVISSSTE.

Asimismo, destacó que fue aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2007 un moto de 7 mil millones de pesos entre FONHAPO y CONAVI para la aplicación de subsidios dirigidos a la oferta de vivienda para dar el enganche de un crédito en UDIS a pagar durante 25 años, es decir, la deuda se incrementaría por encima de la inflación.

Comentó que aunado a lo anterior existen miles de familias en todo el país que están siendo víctimas del terrorismo jurídico del INFONAVIT y otras instancias federales a través de despachos particulares, con el objeto de despojarlas de su patrimonio y venderlo nuevamente.

Y así concretar, dijo, lo que se denomina acumulación de riqueza por despojo. “Muchas familias ya han sido desalojadas de sus viviendas y muchas más enfrentan demandas judiciales. Sólo para este año el INFONAVIT contempla recuperar 110 mil viviendas”.

Por ello, indicó, es urgente establecer una estrategia de defensa jurídica efectiva, la cual dé apoyo y certeza a estos núcleos habitacionales, así como la inaplazable reforma a las diversas leyes y ordenamientos en la materia que logren una transformación a fondo del actual esquema financiero.

“Sólo así se podrá apuntalar el establecimiento de un Estado de Bienestar en el que el derecho a una vivienda digna y decorosa sea una realidad”, comentó en la Casa de la Cultura Venustiano Carranza.

Ante la gravedad de los efectos de la política habitacional del gobierno espurio, la secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda, Laura Itzel Castillo Juárez, planteó la creación de una coordinación de carácter nacional que encauce las distintas problemáticas.

También, exhortó a articular los esfuerzos y delinear el rumbo a seguir para hacer frente a esta voracidad financiera del régimen espurio que pretende disfrazar de política social su verdadero proyecto de acumulación por despojo y abonar a la construcción de una alternativa de vivienda popular, que concibe el derecho al hábitat como un derecho humano y no mercantil.

Con base en lo anterior, Castillo Juárez convocó a los mexicanos a conformar el Consejo Nacional de Defensa de la Vivienda; participar en la Segunda Convención Nacional Democrática en la que se tiene contemplado abordar esta temática dentro de la Mesa de Trabajo relativa al Estado de Bienestar.

Y a seguir realizando foros en los que se aborde esta problemática de forma abierta y colectiva, con el propósito no sólo de continuar documentando los efectos de la política perversa del gobierno espurio en materia de vivienda, sino sobre todo, para llegar a propuestas que le hagan frente de forma organizada y solidaria.

En su oportunidad, el ex presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investigó el caso de los Bribiesca, Jesús González Schmall, destacó que no debe quedar impune el tráfico de influencias de Martha Sahagún para favorecer a sus hijos, pues no puede hablarse de gobiernos democráticos y justos en tanto casos como estos no sean resueltos.

Por su parte, el coordinador nacional de Unidades Habitacionales, Gonzalo Hernández, denunció que miles de familias en todo el país están siendo víctimas de un terrorismo jurídico por parte del Infonavit.

Mencionó que esta dependencia federal, a través de despachos particulares como Recuperadora de Deuda Hipotecaria, SCRAP 2, Grupo Ascer y Pendulum y Asociados, tiene planeado recuperar alrededor de 105 mil viviendas que se encuentran en cartera vencida.

“Foro de Denuncia de la Política Habitacional del Gobierno Espurio” participaron el diputado e integrante de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, Gerardo Villanueva; y el diputado federal de Convergencia, Cuauhtémoc Velasco, así como representantes de organizaciones sociales, principalmente.
 
by. GLM. 
 
 
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