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Esta semana en Proceso.

 

Lo sabemos todo: DEA

Un documento de inteligencia estadunidense revela que el gobierno mexicano, ante su propia incapacidad para contener el tráfico de precursores químicos de metanfetaminas desde otros continentes, aceptó aplicar dentro de su territorio las leyes antiterroristas del vecino país, destaca Proceso en su edición 1589.

El reporte, titulado “Microgram” y distribuido entre los círculos de mando de la agencia federal antidrogas (DEA), detalla cómo desde hace un par de años los cárteles mexicanos que dominan la producción y el tráfico de metanfetaminas rebasaron la capacidad de las autoridades mexicanas y obligaron a éstas a recurrir al auxilio de Washington.

Del documento se desprende que mediante esa cooperación podrían incluso estarse violando normas mexicanas –sobre todo la que protege el “secreto bancario”, establecido por el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito– al aplicarse la ley estadunidense conocida como el Acta Patriótica, que promulgó por el presidente George W. Bush el 26 de octubre de 2001, a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre.

El informe “Microgram”, del que Proceso posee copia, es claro sobre el alcance de las acciones estadunidenses: “La DEA también trabaja de manera cercana con el Departamento del Tesoro a través de su Red de Combate a los Crímenes Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, Fincen) y de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Asset Control, OFAC) para identificar las oportunidades de aplicar sanciones regulatorias y de confiscación de bienes de organizaciones del tráfico de drogas de México”.

Y subraya: “Por medio de estas operaciones de aplicación de la ley, análisis del Acta del Secreto Bancario y otros expedientes financieros, podemos identificar el movimiento de fondos provenientes de la venta de drogas”.

La presunta violación de leyes financieras mexicanas comenzó desde 2004, durante el sexenio de Vicente Fox, y cumple con las expectativas de la DEA. De hecho, esta agencia estadunidense puso como ejemplo de la cooperación binacional la confiscación de 205 millones de dólares que elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) encontraron el 15 de marzo pasado en una residencia del empresario chino naturalizado mexicano Zhenli Ye Gon, en la colonia Lomas de Chapultepec, Distrito Federal, dice el reportaje que publica Proceso en su número 1589.

 

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