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Documentan red de estafas a zapatistas.

 

Angeles Mariscal / La Jornada

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 18 de abril. Un notario público, un ex diputado local priísta, un actuario del Tribunal Unitario Agrario (TUA) y un servidor público y líder sindical de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) están detrás de la campaña de despojo de tierras que zapatistas "recuperaron" en 1994.

Entre las pruebas que presentaron cientos de organizaciones jurídicas en un documento hecho llegar a las autoridades agrarias se encuentran los expedientes de 68 juicios agrarios que la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), considerada paramilitar, interpuso contra los zapatistas.

Ahí aparecen los nombres de los servidores y ex servidores públicos, algunos de los cuales participaron inclusive en el desmantelamiento del municipio autónomo zapatista Tierra y Libertad, en abril de 1998.

Se trata de Sabino Armando Aguilar Ramírez, actual notario público número 6, quien en abril del 1998, en su calidad de subprocurador de Justicia del estado, encabezó el operativo policiaco en el que se detuvo a las autoridades autónomas zapatistas del municipio Tierra y Libertad.

En el caso del juicio agrario que interpuso la Opddic contra 271 familias bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que habitan lo que se conoce como ejido Mukulum Bachajón -compuesto por unas 3 mil hectáreas- Aguilar Ramírez, en su calidad de notario público, certificó la supresión de estas 271 familias del censo de pobladores, quitándoles con ello el derecho a permanecer en el poblado que habitan desde hace 13 años.

Otro servidor público involucrado en el despojo es José Trinidad Espinosa, actuario o notificador del Tribunal Unitario Agrario número 3, con sede en esta capital. Según los expedientes agrarios del caso Mukulum Bachajón, simuló los emplazamientos que las autoridades agrarias hicieron a los agraviados, por lo que al no notificarles del juicio en su contra los dejó en la indefensión. Con el argumento de que "la zona de Chilón era muy complicada y le daba miedo entrar porque tenía que lidiar con zapatistas", se negó a entregar los citatorios judiciales y simuló o falsificó las presuntas entregas, poniendo como testigos a los líderes de la Opddic, es decir, a los demandantes de los zapatistas.

En otro de los casos, el que se refiere a la ranchería el Nantze, que implica la posesión de 2 mil 200 hectáreas ubicadas en Altamirano, municipio autónomo de Vicente Guerrero, según el expediente agrario, Luis Beltrán Chacón funge como representante legal y abogado particular de la Opddic.

En indagaciones realizadas por los indígenas zapatistas, lograron saber que Beltrán Chacón trabaja en la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), por lo que por una parte violó preceptos legales que impiden a servidores públicos implicarse en casos particulares, cuando estos están relacionados directamente con su área de trabajo. Más aún, Beltrán -quien además es líder sindical de la SRA- haciendo uso de las relaciones y vínculos de la dependencia, con argucias legaloides logró que el TUA fallara contra las bases del EZLN, lo que se constituye como un acto ilegítimo e ilegal.

Otro de los eslabones importantes en la cadena de despojos a que se está sometiendo a los zapatistas es el propio líder de la Opddic, el ex diputado priísta Pedro Chulín Jiménez, quien conoció al notario público Sabino Armando Aguilar Ramírez desde 1998, cuando le sirvió de guía en el operativo de desmantelamiento del municipio autónomo zapatista Tierra y Libertad.

En la denuncia hecha por las bases zapatistas señala que la problemática de fondo es que toda organización o familia que no acepte entrar a la Opddic es acusada de ser invasora, y se inicia de forma legal el proceso para despojarlos, con la confabulación de los servidores y ex servidores públicos antes señalados.


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La SRA encabeza maniobras para despojar de tierras a indígenas: EZLN

La otra campaña de Jovel entregó análisis de las actividades ilícitas de la secretaría

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO / La Jornada

San Cristóbal de Las Casas, chis. 18 de abril. La otra campaña de Jovel entregó a las autoridades agrarias en Tuxtla Gutiérrez un análisis de las condiciones en que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la procuraduría y el tribunal agrarios favorecen el despojo de tierras a las comunidades zapatistas en los terrenos que estas recuperaron hace 13 años. El documento acompaña la carta que firman 202 organizaciones y más de mil personas de todo el mundo dirigida a estas instancias oficiales.

"Como es del conocimiento público, en Chiapas, el primero de enero de 1994 se dio el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que declaró la guerra al gobierno mexicano. En ese contexto, los zapatistas ocuparon diversos ranchos y haciendas, reivindicando la propiedad de las tierras con los argumentos de que, como campesinos peones de los ranchos, les concedía la razón la demanda de los zapatistas de principios de siglo que proclama: 'la tierra es de quien la trabaja'. Y también como medida de compensación, ya que grandes extensiones estaban en manos de unas cuantas familias mestizas, mientras la mayoría, siempre indígenas, no tenían nada, y que eso sólo les había dejado la opción, a sus antepasados y a ellos, de trabajar en condiciones de esclavitud para los rancheros."

Por sobre todo, añade el "anexo" de la carta, los indígenas argumentaban ser descendientes directos, "y entonces herederos, de los pobladores originarios de este territorio, del que fueron despojados por la corona española, dado a los colonizadores, y perpetuado para los descendientes de éstos, rancheros y hacendados mestizos, por lo que tenían el derecho legítimo de recuperar sus tierras". Mismas que el EZLN entregó a sus bases de apoyo. "Muchas otras también se entregaron a campesinos indígenas ajenos a esa organización".

Se recuerda que los rancheros interpusieron demandas penales por despojo contra los zapatistas, muchos de los cuales habían sido sus peones, "por tanto los conocían plenamente, así que las acusaciones se hicieron con sus nombres y apellidos".

Derivados del reconocimiento que hizo el gobierno de las causas que llevaron al levantamiento zapatista, y en el contexto de los diálogos de San Andrés, se crearon los fideicomisos Fondo 95 y Pro Chiapas para pagar indemnizaciones por los ranchos, y entregárselos en propiedad a los campesinos que ocupan dichos predios, zapatistas y no zapatistas. Oficialmente se les reconoció como fideicomisarios solicitantes de tierras. "Sin embargo, los fondos fueron insuficientes, por lo que se desviaron recursos de programas de aparcería ganadera para pagar a los rancheros. Como esos recursos no estaban estipulados en el presupuesto de egresos para el fin que se le dio, dichos pagos nunca se hicieron constar en los expedientes penales respectivos".

El análisis menciona que, dada la retractación del gobierno federal de los acuerdos, "los zapatistas se declararon en resistencia, desconociendo al gobierno oficial y el sistema que representa, por lo que nunca regresaron a la gestión de trámites tendientes a la 'legalización' de las tierras que poseen hace más de 10 años, lo cual en términos de la ley les concede el derecho de propiedad, independientemente de la legitimidad de sus argumentos iniciales".

Así, existen predios pagados en que sus fideicomisarios adquirieron calidad de copropietarios. Dichos predios son susceptibles de ser convertidos en bienes ejidales. El problema resulta en los predios donde todos fueron reconocidos beneficiarios de los fideicomisos, pero cuyos trámites fueron abandonados por zapatistas y no zapatistas. "Posteriormente los no-zapatistas, instigados, cooptados, y representados por la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) reiniciaron y en algunos casos concluyeron los trámites para convertir en ejido los predios ocupados, dejando en todos los casos fuera a las familias zapatistas, a pesar de ser posesionarias de dichos predios por más de 10 años de manera continua y de ser reconocidas oficialmente como fideicomisarios, y que por tanto les acude el derecho de propiedad".

El análisis ejemplifica lo anterior con dos casos representativos: el ejido Muk'ulum Bachajón, municipio oficial de Chilón (y autónomo Olga Isabel), "donde para su creación, el censo de fideicomisarios fue 'rasurado', sustituyendo a los zapatistas por miembros de la Opddic"; situación similar sucede en El Nantze, municipio oficial de Altamirano (y autónomo Vicente Guerrero), donde las autoridades agrarias han apoyado sólo a los invasores de dicha organización.

 

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