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Esta semana en Proceso.

 

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Primera dama en construcción

La paulatina aparición de Margarita Zavala como protagonista o acompañante del presidente Felipe Calderón en al menos 26 eventos y su retorno a la vida partidista no es producto de compromisos ineludibles en la agenda oficial. En realidad, lo anterior forma parte de una estrategia dirigida por los colaboradores de su esposo, quienes utilizaron 848 mil 994 pesos del erario a fin de que una empresa hiciera un estudio para saber cómo vestirla, de qué manera debe comportarse, qué temas tendría que evadir en público y qué imagen tiene que proyectar en su papel como integrante del PAN, destaca Proceso este domingo 3 de junio.

La consorte del mandatario y sus tres hijos, María, Luis Felipe y Juan Pablo, fueron sometidos a una “auditoría de imagen pública” por la compañía De la Riva Información Estratégica.

Este recurso se inscribe dentro de un plan mucho más amplio y ambicioso: posicionar a Calderón e incrementar sus índices de aceptación entre los mexicanos tras la elección del pasado 2 de julio, según consta en seis contratos por 8 millones 307 mil pesos suscritos con firmas especializadas en mercadotecnia política, obtenidos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjército).

El dinero para contratar a esta compañía fue tomado por los colaboradores de Calderón del Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración, conformado sólo con recursos públicos. La Cámara de Diputados, en su anterior legislatura, aprobó una partida de 150 millones de pesos para dicho instrumento de inversión, a fin de gestionar el cambio de administración y crear condiciones para elaborar el recién presentado Plan Nacional de Desarrollo.

Pero, según fuentes consultadas por el reportero, en esta estrategia de imagen y posicionamiento mediático tejida en torno a Calderón se incurrió en irregularidades, de manera concreta en lo que se refiere al manejo de esos fondos, al involucrar a Zavala y sus tres hijos.

En opinión de auditores que prefirieron no divulgar su nombre por el hecho de que laboran en el gobierno federal, y a quienes Proceso consultó sobre la naturaleza del contrato, éste implica violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, destaca la edición 1596 del semanario.

 

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