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Denuncias de represión.

 

Denuncian APPO y La Otra Campaña

plan represor del gobierno de Oaxaca 
 

Agresiones, detenciones y amenazas principalmente en San Miguel Aloápam

Alerta de movimientos sociales ante el conflicto en esa parte de la sierra norte

HERMANN BELLINGHAUSEN / La Jornada

25 junio, 2007
 

El conflicto en el municipio San Miguel Aloápam, en la Sierra Norte de Oaxaca, forma parte de la estrategia del gobierno del estado contra los movimientos sociales independientes, denunciaron tanto las organizaciones pertenecientes a la otra campaña en la entidad como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). No se trata de un caso aislado. En días recientes, en diversas formas, también se han suscitado agresiones, detenciones y amenazas en Xanica, Totolapa y la zona metropilitana de Oaxaca.

Ante la exigencia al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz por las autoridades priístas de San Miguel Aloápam, así como de grupos paramilitares, talamontes y empresas explotadoras de los bosques, para que "solicite la entrada del Ejército" a San Isidro Aloápam, "con la mentira hecha pretexto de que los vecinos de San Isidro están armados y que el Ejército debe entrar a 'desarmarlos'", tanto la APPO como la otra campaña están en alerta.

Las autoridades de San Miguel Aloápam "han actuado con el total apoyo del gobierno del estado, incluyendo la facilitación de la policía preventiva del estado para agredir a las mujeres de San Isidro", denunció el colectivo Todos Somos Presos. "Las autoridades de San Miguel mienten ante los hechos del 18 de junio. Dicen que fueron emboscados por pobladores de San Isidro y que les mataron a sus gentes. Ellos fueron armados, ellos invadieron el bosque para seguir talando el bosque, ellos golpearon y torturaron a los detenidos y detenidas".

Está documentado en diversos testimonio que la violencia en ese municipio zapoteco el 18 del presente fue desencadenada por el presidente municipal Fidel Cruz Pablo, quien extrajo una pistola "de entre su ropa" y comenzó a disparar contra los campesinos de San Isidro que pretendían defender los bosques, cuando un numeroso grupo de priístas antorchistas y de la CNC, muchos de ellos armados, llegó al lugar conocido como Iyu Ziuni.

"Las autoridades que supuestamente debieran cuidar los bosques provocaron esta situación al otorgar un permiso a una de las partes para talar en el territorio en conflicto", insistió la otra campaña. "No se trata de una lucha entre pueblos indígenas, sino por la defensa de los bosques, la tierra, la autonomía", la cual ha sido "brutalmente reprimida". Los comuneros de San Isidro Aloápam forman parte del Consejo Indígena Popular Oaxaqueño (CIPO-RFM), integrante de la otra campaña, y se insiste en que "no están armados". Según los colectivos adherentes a la Sexta declaración de la selva Lacandona, se trata sólo de "un pretexto para justificar una masacre".

Las demandas de la otra campaña en Oaxaca son: "que no entren los militares a agredir a los pobladores de San Isidro; libertad inmediata a los detenidos y detenidas (Juana Morales Pérez, Juventino Cruz Pérez, Eutimio Méndez López, Anastasio López Pérez, Artemio Pérez Cruz y Santos Pérez Cruz); cancelación de las órdenes de aprehensión contra Joaquín López Cruz, Pablo López Alavés y Marcelino Méndez Méndez, habitantes de San Isidro, y alto a las amenazas y acusaciones contra Dolores Villalobos Cuamatzi, integrante del CIPO-RFM.

Escalada contra la asamblea de pueblos

Por su parte, la APPO denunció la agresión contra San Isidro Aloápam como parte de la escalada contra el movimiento social oaxaqueño. "Es responsabilidad de los funcionarios de gobierno por la corrupción que les genera millonarias ganancias destruyendo los bosques al permitir su explotación para las grandes empresas papeleras. Conafor, Semarnat, Profepa y el gobierno de Oaxaca, en lugar de propiciar la solución a los problemas comunitarios, han abonado a través de grupos de choque las injusticias. Detrás de estos problemas se encuentran personajes cercanos a Ulises Ruiz Ortiz, como Bertha Ruth, quien asesora a la comunidad de San Miguel y es ex funcionaria de la procuraduría estatal, y Adrián López Cruz, ex edil de San Miguel Aloápam y candidato a diputado del PRI por la sierra norte". Según la APPO, "sobre este caso ha habido una intención de sesgar la información para desvirtuar los hechos".

Junto con estas agresiones a las comunidades, la APPO señala que se libraron nuevas órdenes de aprehensión contra miembros de su consejo estatal "y se intensifica la militarización en zonas como Totolapa y en todo el territorio; no es casual que en las comunidades donde se encuentran comunidades que militan o simpatizan con la APPO se estén dando los problemas".

 

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