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El espionaje de Inteligencia Militar 

Informe de la Sedena admite realizar trabajo de inteligencia para espiar a los integrantes de La Otra Campaña, movimiento social que, a pesar de declararse civil y pacífico, es considerado por las fuerzas castrenses como “una expresión detractora del Estado mexicano”

Nancy Flores / Contralínea. 

1a. quincena, julio, 2007

Una camioneta dodge color blanco, sin placas y con una pequeña imagen del Che estampada en el medallón, fue identificada por activistas sociales como el vehículo del “espía” de inteligencia militar, encargado de documentar las actividades de la primera etapa del recorrido de La Otra Campaña.

La pick up, conducida por un hombre moreno y joven, coleaba la karavana de automóviles que acompañaron al subcomandante insurgente Marcos en su recorrido por las 32 entidades de México, del 1 de enero al 30 de noviembre de 2006.

Su posición se ubicó detrás de cuatro de las nueve camionetas desplegadas por la Policía Federal Preventiva, para “garantizar” la “seguridad” de los caminantes. Este mismo lugar ocupó la van color dorado, sin placas, que también se relacionó con la Sedena y que en octubre pasado transitó Nayarit y Sinaloa, al reanudarse la andanza encabezada por el subcomandante insurgente Marcos.

Los activistas reconocieron un tercer vehículo –ford focus color rojo–, como el transporte de los “agentes” del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). El medallón de éste lucía el “águila mocha”, símbolo inventado por la administración de Vicente Fox.

Los señalamientos sobre el espionaje no fueron errados: la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional, facultada para realizar labores de inteligencia, sí da puntual seguimiento a los 67 organismos políticos, 218 agrupaciones sociales, 128 organizaciones indígenas, 596 colectivos y 2 mil 441 personas a título individual, activistas e intelectuales cercanos a Marcos, que suscriben la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y forman parte de La Otra Campaña.

A través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) advierte que, al ser una “dependencia responsable de la seguridad del Estado”, sí realiza “acciones” para el seguimiento de lo que califica como “expresiones detractoras del Estado mexicano”.

De acuerdo con el análisis hecho por la Sedena de los informes, documentos, fichas, tarjetas informativas, material gráfico y videográfico, generado por su propio personal durante la primera etapa del recorrido, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tiene por objetivo debilitar a las instituciones. Según la autoridad castrense, “las actividades que el EZLN realiza en el marco de La Otra Campaña se encaminan a ese propósito”.

Por dicho motivo, el asunto es considerado como de Seguridad Nacional, y con ese argumento la Sedena mantiene en reserva por 12 años el seguimiento documental de ese movimiento civil y pacífico, y los análisis derivados de éste.

Los riesgos que observa la dependencia encabezada por Guillermo Galván Galván –considerado como el brazo derecho de Felipe Calderón y de quien depende la legitimidad de la administración federal– son los enunciados en el artículo 51de la Ley de Seguridad Nacional.

De acuerdo con dicho precepto legal, la publicidad de las informaciones podría revelar normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para la Seguridad Nacional. Estos análisis también podrían derivar en la actualización o potenciación de una amenaza.

Ello, a pesar del pacifismo que divulga La Otra Campaña. Al describir esta lucha, el subcomandante Marcos dijo en noviembre pasado: “No estoy hablando de un levantamiento armado, de ponerse el pasamontañas y tomar las armas. Estoy hablando de un levantamiento pacífico, no de irse a otro lado y luchar cada quien en su lugar para transformar esto en todas partes, pero apoyándonos unos con otros”.

Sin embargo, la Sedena no sólo realiza sino que justifica las labores de inteligencia y espionaje en contra de los integrantes de este movimiento. “Las acciones que las dependencias responsables de la seguridad del Estado realicen para el seguimiento de expresiones detractoras del Estado mexicano, están sustentadas en la Constitución y legislación vigente”.
 

Criminalizar la lucha social

Además del espionaje del que son sujetos, los movimientos sociales suelen ser criminalizados y reprimidos, tal como ocurrió con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), autodenominados como el “Séptimo Batallón de Infantería del EZLN”.

El 3 y 4 de mayo de 2006, dicha movilización fue reprimida en San Salvador Atenco, en lo que ya se considera una acción de “contrainsurgencia” directa en contra de La Otra Campaña.

En esta misma línea y a diferencia de las sentencias dictadas a los narcotraficantes, que van entre los 10 y 15 años de prisión, los dirigentes del FPDT, Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicua, fueron condenados a 67 años y seis meses de reclusión, por el supuesto delito de secuestro equiparado.

José Luis Piñeyro, maestro en Sociología y experto en Seguridad Nacional, explica que con los cambios en el Código Penal aumenta la posibilidad de criminalizar la lucha social en México.

“Con la reforma del Código Penal, sobre todo en donde dice que todos aquellos que recurran a la violencia para tratar de que una autoridad cambie su decisión, estamos ante una situación potencial en la que se puede criminalizar fácilmente la protesta social.”

El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Azcapotzalco, indica que los movimientos sociales pretenden que la autoridad municipal, estatal o federal modifique sus políticas, con respecto al problema del financiamiento al campo, mayores créditos para el sector lechero, etcétera.

“Es evidente que las manifestaciones sociales tratan de influir en las decisiones de los funcionarios públicos. Entonces, decir que se recurra a la violencia, pude ser sencillamente una manifestación multitudinaria, un cierre de carreteras o la toma del edificio de una secretaría de Estado, para que les resuelvan sus demandas.”

Y es que las reformas encaminadas a prevenir y sancionar el terrorismo y su financiamiento, aprobadas por el Senado el pasado 26 de abril, criminalizan la protesta social y posibilitan que luchadores sociales sean acusados de terroristas.

Según admitieron algunos legisladores, la redacción del artículo 139 del Código Penal Federal –que considera como actividades terroristas todas aquellas que atenten contra la Seguridad Nacional o presionen a las autoridades para que tomen una determinación– contraviene los derechos políticos de los mexicanos.

La sanción que se prevé es de seis a 40 años de prisión y hasta mil 200 días de multa, “sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, a quien utilice sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares (...) explosivos, armas de fuego, incendio o inundaciones, o por cualquier otro medio violento, para producir alarma, terror o temor en la población, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación”.
 

Represión de los movimientos

Otro de los mecanismos para desarticular la lucha social, aunado al espionaje y a la criminalización, es la represión. Al respecto, el doctor en Sociología, Guillermo Garduño, dice que “el Ejército, en un momento determinado y cuando solamente se asume como una fuerza que está a disposición de lo que señale el Ejecutivo, definitivamente está sometida a esos errores”.

Agrega que “si se equivoca el Ejecutivo, el Ejército también se está equivocando. En un momento determinado el Ejecutivo puede decir: ‘Yo no me equivoqué; se equivocó el Ejército’; y entonces tendremos un problema extremadamente fuerte, que redefiniría muchísimas de las relaciones entre el Ejecutivo y el ámbito militar. Eso es algo de lo que tenemos que estar concientes”.

El investigador universitario descarta, en el corto plazo, una represión del Ejército contra líderes y movimientos sociales. “En lo inmediato no, porque eso se hizo en el pasado. En todos los casos de movimientos sociales pasados reprimidos, indudablemente el Ejército participó: contra maestros, ferrocarrileros; desde 1929 hasta Gustavo Díaz Ordaz. El Ejército es el elemento que participa activamente; pero así le fue. Él quedó contemplado como si por motu proprio hubiera actuado, lo cual no es así”.

El académico señala que las represiones contra movimientos sociales ocurren porque son órdenes presidenciales, y que “el responsable es el Ejército. Éste es un riesgo terrible para el futuro inmediato”.

Luego de 45 mil kilómetros recorridos a lo largo del país, el delegado Zero de la Comisión Sexta del EZLN prometió: “Llegó la hora, como hace 100 años y como hace 200 años. Tenemos que levantarnos de nuevo, acabar con todos los gobernantes, todos: desde el más pequeño hasta el más grande”.

 

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Marginan a las rádios indígenas 

 

Aun con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de la fracción primera del Artículo 20 de la Ley Federal de Radio y Televisión, las radios comunitarias y permisionadas permanecen marginadas y en el desamparo.

Alba Martínez / Contralínea

1a. quincena, julio, 2007
 

El acceso al espacio radioeléctrico permanece inalcanzable para quienes desean obtener un “permiso”, más aún para las comunidades indígenas, aunque sus derechos se contemplen en la Constitución.

A poco más de 30 años de creada la primera radio indígena en el Valle del Mezquital, Hidalgo, poco menos de tres décadas de fundada La Voz de la Montaña –que a su vez dio origen a la institución del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas (SRCI)–, la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) no ha reconocido a estas radiodifusoras.

Marco Matías Alonso, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, recomienda construir alguna propuesta, dentro de los actuales trabajos que se realizan para la conformación de la reforma del Estado, en la que se prepondere la atención y acciones encaminadas a cumplir con las necesidades de las comunidades indígenas.

Sostiene que “la Secretaría de Gobernación y las instituciones controlan todo. Ahora se tienen que establecer condiciones para que los pueblos indígenas adquieran, operen y administren libremente sus propios medios de comunicación”.

Respecto a los resultados insatisfactorios, Matías Alonso dice que “a pesar de que son temas indígenas, que parecieran ser no tan espinosos, estamos atorados, y las fracciones detienen las minutas, los puntos de acuerdo e iniciativas de ley con las que pudiéramos hacer efectivos sus derechos”. Plantea que se debe tener una ley de radiotelecomunicación igualitaria y exigir al Estado su cumplimiento.

El legislador reconoce que “no podemos promover que los pueblos indígenas accedan y desarrollen medios de comunicación, radio, y después señalar `en los  términos en que las leyes en la materia lo determinen’. Eso es poner candados”, acota.

Considera que la desigualdad no sólo es un tema omitido, sino que se estaría hablando de “discriminación y exclusión”. Añade que los pueblos indígenas están excluidos de México y que el tema de la pluriculturalidad, planteado por el Estado mexicano, está mutilado”.
 

Pesares

Aleida Calleja, representante en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), considera que existen comunidades que asumen que tener una radio es su derecho, y que el Estado lo reconozca es una obligación, por lo que pide que el gobierno les reconozca constitucionalmente.

La especialista manifiesta que “hay otra vertiente de la radio indígena en la que las comunidades se reconocen autónomas, por lo tanto determinan por el uso y usufructo de todos los bienes que existen en ella. Hay un reconocimiento de autonomía de los pueblos indígenas. Esto es una discusión que ciertamente tiene una base teórica y práctica, y que todavía no se ha dado de manera formal”.

Hay casos de algunas radiodifusoras que permanecen en la clandestinidad y que, además de haber sido sancionadas, han sido desmanteladas por la fuerza pública, incluso aquellas que contaban con permiso de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT). Son los casos de Radio Jenpoj (mixe de Tlahuitoltepec, Oaxaca), Radio Ñomndaa (amuzga de Xochistlahuaca, Guerrero) y Radio Nandi´a (mazateca de Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca), las cuales por su servicio comunitario y “en el cumplimiento de sus fines y servicios”, solicitaron permiso para evitar su estatus clandestino.

Calleja subraya que “el otorgamiento de concesiones y permisos plantea la lucha entre intereses facciosos de sectores minoritarios, el dinero y la ambición de poder”.

Plantea que “existe una lógica perversa, azuzada por otros actores, que dice que transmitir sin concesión ni permiso es un delito, es ilegal, y lo ponen en el ámbito penal. En realidad es una falta administrativa. Hay una criminalización. Son los sectores marginados del país a los que, además de pobres, se les delega, se les discrimina como indígenas. Es un evidente ejercicio de discriminación”.
 

Radios culturales e indigenistas

Existen radios indígenas que, si bien se enfrentan a conflictos económicos y ambientales, cuentan con “ventajas” de pertenecer al Sistema de Radios Culturales e Indigenistas (SRCI), que está registrado ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

El SRCI cuenta con 20 frecuencias en AM de entre 5 mil y 10 mil watts de potencia y cuatro emisoras en FM en albergues indígenas mayas en Yucatán. Éstas radiodifusoras con permisos dependen económicamente del gobierno federal y operan en 15 estados de la República, llegan a 21 millones de personas de 954 municipios y a más de 5 millones y medio de hablantes en lenguas étnicas; transmiten en 31 lenguas y ahí laboran de siete a catorce integrantes de la misma comunidad.

De la programación que se transmite en las radiodifusoras, Citlali Ruiz explica: “se tienen lineamientos para la programación general y líneas de interés a trabajar en cada comunidad; se prioriza la cultura, información, salud, desarrollo, bienestar social y económico, y música regional”. Respecto a los contenidos gubernamentales, la funcionaria reconoce que “también se transmiten mensajes de dependencias estatales y federales”.

Comenta que hasta donde se puede “defendemos el derecho a la información, que sea equitativa y plural. Vigilamos que nadie utilice la radio con otros propósitos. Se informa lo más objetivamente que se puede, aunque a veces se esté entre dos fuegos y se tenga que buscar la manera de conciliar la información”.

La SRCI cuenta con un plan anual de actualización y adquisición de equipo. A decir de la subdirectora, las radios tienen lo básico para funcionar. El gasto de operación del SRCI para este año es de 24 millones de pesos, que se destinan y se envían a las estaciones.

José Cisneros Espinosa, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de la Laguna, Tenerife Islas Canarias, España, y uno de los fundadores de la primera radio indígena en el Valle del Mezquital, Hidalgo (en 1974), afirma que el interés de la radio fue el desarrollo cultural y educativo de la comunidad indígena otomí.

Considera que “no hay perspectivas de desarrollo desde el gobierno de De la Madrid hasta la administración calderonista. En el caso de este tipo de proyectos -radios culturales y educativas-, el deseo es que se sustenten por sí solos y sin financiamiento del gobierno”.

Mientras, dice, las comunidades indígenas quedan excluidas totalmente de oportunidades y de acceso a estos medios. Considera que para estas comunidades la vía para poder acceder a éstos “es la organización y la presión como única alternativa de salvaguardar sus derechos”.

Mucho se ha dicho de “XEZV, La Voz de la Montaña”, primera radiodifusora indígena que permitió, dentro del INI, la creación del SRCI. Ahora, en voz de su fundador, José Manuel Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, “las radios -del SRCI- han cumplido en funciones que se podrían valorar a lo largo de la historia en estas comunidades. Las políticas que ha seguido el Estado en estos dos sexenios, hacia las poblaciones indígenas, que ahora son un reflejo de lo que pasa en esas mismas radios y están estancadas en un tipo de ‘indigenismo’, es la política de retorno a las posturas paternalistas”.

Los pueblos indígenas no tienen una presencia real en el Estado, señala y advierte que “las radiodifusoras de la CDI resultan insuficientes y están burocratizadas, no tienen recursos, los salarios están muy castigados y las emisoras están operando muy apretadamente. Resultan ser el reflejo de las actuales políticas gubernamentales. Han caído en la desatención”, asegura.
 

Propuesta etnolingüística

El objetivo común de las primeras radios indígenas fue la de castellanizar a los pueblos; la idea era que todos debían hablar el español y olvidarse de las lenguas maternas, efecto colonialista que permanecía aun vigente.

Sin embargo, la “Voz de La Montaña” fue el ejemplo de los cambios razonados y coherentes con los de desarrollo indigenista; “de ser un medio de carácter institucional, se transformó a un medio comunitario; de un instrumento para castellanizar a los pueblos se convirtió en promotora de las lenguas indígenas”

Es entonces de considerarse que la lengua es un eje fundamental para la radio indígena; su barra programática en totalmente diferente a cualquier otra barra comercial o urbana; apuesta directamente por una pluriculturalidad que enriquece y fomenta la identidad del país. Es así que la lengua indígena es otro aspecto por demás importante que no puede ser omitido.

La doctora en Comunicación y miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Adriana de Berrueco, plantea hacer un pronunciamiento para que las leyes Federal de Radio y Televisión, Federal de Telecomunicaciones y General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas garanticen el acceso a estas concesiones y permisos.

Debería darse cierta armonía al marco jurídico. Por ejemplo, cuando la LFRT dice que las transmisiones se tienen que hacer en lengua nacional, ha de considerarse que hay otra ley que manifiesta que las lenguas indígenas también son lenguas nacionales (Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas).

La investigadora argumenta la necesidad de exhortar a los organismos encargados de la protección de los derechos indígenas, como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), para que soliciten los permisos de operación de las radiodifusoras.

“Me parece que están facultados jurídicamente para realizar las solicitudes. Además, la institución está obligada legalmente a difundir las lenguas indígenas; se estaría ganando mucho para la preservación etnolingüística. El INALI, a su vez, podría avalar la personalidad jurídica que las comunidades indígenas requieren, y contar con el apoyo presupuestal de la Cámara de Diputados”.
 

INALI, indiferente

Fabricio Gaxiola, director adjunto de coordinación y enlace del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, reconoce que el INALI “ha trabajado con radios concesionadas, privadas y constituidas que operan radios gubernamentales. Esa ha sido, hasta ahora, la relación con la radio indígena: investigación académica, uso de traductores, difusión, capacitación, actividades conjuntas y nada más”.

Argumenta que el INALI no puede apoyar porque es un órgano de reciente creación. Sin embargo, desde 2003 ya lo contempla la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas para que, a través de él, las comunidades indígenas puedan gestionar y adquirir los permisos.

Pero aclara que “es el mismo Estado el que debe conceder dichos presupuestos y programas de desarrollo y habrá que hacer otra reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones; para esto nuestra labor será evitar que el Poder Legislativo ignore nuevamente el punto”.

Acerca de las solicitudes que el INALI ha recibido, el representante aclara que “sí hubo, en alguna ocasión se nos solicitó material y equipamiento, pero por decisiones administrativas no entró en nuestra capacidad”, y es que, “el INALI continúa a la espera de autorización de la estructura orgánica y de las partidas presupuestales”.

Gaxiola explica: “cuándo se tenga dinero específicamente para eso, y con las estaciones del SRCI y la CDI, quienes tienen las propuestas que hay que escuchar, se hará; nos uniremos para ver de qué manera se podrá ver realizada la obligación”. Las propuestas son vastas y requieren atención pertinente “sin intentar encontrar el hilo negro”. 

Mientras los problemas aumentan para las comunidades indígenas, el gobierno federal pretende cumplir, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), con sus compromisos hacia el sector indígena. Sin embargo, a lo largo de tres décadas, dicho trabajo es insuficiente y sus propuestas carecen no sólo de apoyo económico, sino hasta jurídico y legal.

 

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