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Greenpeace denuncia ante la PGR a Sánchez-Navarro

 

Greenpeace México

19 de julio 

DF, México — Por violar las leyes ambientales, dañar una reserva ecológica y poner en peligro la fuente de agua dulce de Los Cabos, la organización ecologista Greenpeace presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia de hechos en contra de Eduardo Sánchez-Navarro, dueño de la empresa Grupo Questro y desarrollador del proyecto Puerto Los Cabos, en Baja California Sur, junto con otros posibles responsables.

Esta denuncia obedece a las acciones que realizó esta empresa la noche del pasado 10 de julio, cuando faltando a su palabra, violando la ley, entre protestas de los habitantes de La Playita e incluso agrediendo a las autoridades del ayuntamiento de Los Cabos, decidió iniciar las obras de apertura de la marina sin el permiso del ayuntamiento, sin contar con estudios serios y avalados por especialistas, tal y como había ofrecido.

Entre los hechos denunciados se encuentran:
  • La apertura de una marina al comunicarla con el mar, lo que puede ocasionar que se salinice el acuífero de San José del Cabo.
  • La contaminación del estero San José, la única reserva ecológica declarada a nivel estatal en Baja California Sur, por el vertido de lodos producto de desecho de dragado y vaciado de aguas residuales hacia el mar, por parte de puerto Los Cabos, ambas actividades no incluidas en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
  • Relleno del Estero San José, el cual según el Código Penal Federal (art. 420 bis) se puede imponer una pena de dos a diez años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos.

Algunos de los presuntos responsables son Eduardo Sánchez Navarro Redo y/o Eduardo Sánchez Navarro Rivera Torres, integrantes del Consejo de Administración de Grupo Questro; Jorge Buch Braniff, como Director General del Mega-Proyecto Puerto Los Cabos, Gerardo Prieto Treviño, como exfuncionario de Fonatur, quien posteriormente se integró al corporativo de Grupo Questro; Diego Martín del Campo y Souza, miembro propietario de Marina La Playita, S.A. de C.V., quien además es integrante del Consejo de Administración de Home Mart de México, S.A. de C.V.; y Agustín León de la Barra Coppel, entre otros.

“Solicitamos a la PGR que actué de forma inmediata, ya que la reserva ecológica y la principal fuente de agua de la región están en un riesgo inminente. El daño se da todos los días, por ello, seguiremos recurriendo a la vía legal para prevenir y detener los daños a este ecosistema”, dijo Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de océanos de Greenpeace México.

Cabe señalar que hace dos meses, Grupo Questro, reconoció públicamente que carecía de información científica suficiente para garantizar que la apertura de la marina no afectaría al acuífero y a la reserva ecológica de la zona, y se comprometió a realizar nuevos estudios científicos y a someter los resultados de los mismos a una revisión de expertos, a fin de acabar con la incertidumbre sobre los posibles daños como consecuencia de la apertura de la marina. Estos compromisos los hizo luego de que Greenpeace instalara de manera pacífica un campamento-oficina en la franja de arena que evitaba la infiltración de agua marina al estero y al acuífero San José.

El pasado 10 de julio, minutos antes de abrir la marina, Puerto Los Cabos envió a Greenpeace un estudio geohidrológico incompleto, poco serio e insuficiente, ya que se basa en un análisis realizado hace 10 años, del cual no presentan copia. Este trabajo es tan deficiente, que la empresa decidió no someterlo a la revisión de una terna de especialistas, aunque sí le bastó a la empresa de Sánchez-Navarro para decidir unilateralmente que no hay riesgo alguno y que la obra debía llevarse a cabo.

“Con esto la empresa ha comenzado la cuenta regresiva para la contaminación de la principal fuente de abastecimiento de agua dulce de Los Cabos. No estamos contra el turismo, pero los desarrollos deben respetar el medio ambiente y las leyes. Exigimos a Puerto Los Cabos que cierre la marina y detenga las obras, para salvaguardar el acuífero y el estero de San José del Cabo”, finalizó Olivera.
 
 

 

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