Denuncia la existencia del plan Hierro, en el que también intervendrían Los Zetas
Urdió ya Ulises Ruiz Ortiz nueva operación represiva, revela APPO
Participarían más de 2 mil agentes para "recuperar" edificios, radiodifusoras y el zócalo
Las autoridades oaxaqueñas niegan que preparen dicho operativo; "dialogar, el compromiso"
ENRIQUE MENDEZ Y OCTAVIO VELEZ ENVIADO Y CORRESPONSAL
Oaxaca, Oax., 6 de octubre. El gobierno de Ulises Ruiz Ortiz preparó un nuevo operativo policiaco contra la sección 22 del magisterio y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en el que intervendrían 2 mil 44 agentes, que participarían en un "enfrentamiento" para "recuperar" edificios gubernamentales, radiodifusoras comerciales y el zócalo, romper las barricadas y realizar la detención masiva "de los individuos que transgreden la ley".
El diseño del proyecto se incluye en el plan de operaciones Hierro, documento que no incluye el día en que fue redactado ni fecha de aplicación, pero que está vigente porque en él se define intervenir en puntos específicos tomados por la APPO en fechas recientes, como el Canal 9 de televisión, bloqueado el primero de agosto pasado, las estaciones de radio donde se instalaron plantones el 21 de agosto y las barricadas en las antenas de Brenamiel, levantadas el 22.
Su aplicación dependería, en todo caso, de que no intervinieran las fuerzas federales o el Ejército, y se descartaría si se logra un acuerdo en las pláticas en la Secretaría de Gobernación.
Pero el gobierno del estado rechazó, en un comunicado emitido alrededor de las ocho de la noche, la existencia del plan Hierro y que se hayan contratado sicarios, como denunció la APPO.
"La apuesta, la voluntad y el compromiso del gobierno del estado es resolver el conflicto por las vías institucionales y del diálogo a la brevedad, para que los habitantes de la capital y de los municipios conurbados retornen a sus actividades con toda normalidad", señaló.
Frenar "actividades subversivas", el propósito oficial
No obstante, la APPO consiguió copia del documento en el que se informa sobre el operativo, que fue planeado por la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, la cual advierte que la intervención policiaca buscaría terminar con "las acciones subversivas que llevan a cabo integrantes de la APPO y han desencadenado hechos violentos que perturban la paz social, generando psicosis entre la ciudadanía por los constantes asaltos y robos en el primer cuadro de la ciudad".
En el documento se define que participarán mil 950 agentes de diferentes corporaciones, así como 44 comandantes y 50 oficiales. El objetivo, dice, es "restablecer el estado de derecho que la sociedad oaxaqueña reclama".
Dicho plan se construyó a pesar de la promesa del gobierno estatal de no utilizar nuevamente la fuerza pública y de que en la mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación se llevan a cabo conversaciones para lograr una solución al conflicto.
En la operación Hierro intervendrían también miembros del grupo de sicarios conocido como Los Zetas, integrado por ex militares de elite, que "fueron contratados por el señor Ulises Ruiz para cometer actos vandálicos y asesinatos" con el fin de justificar la entrada de las fuerzas federales, afirmó el vocero de la APPO, Florentino López Martínez.
Los Zetas, abundó, habrían arribado a esta ciudad en un "vuelo extraño" a principios de agosto pasado, y operan "desde hace varias semanas para golpear al movimiento magisterial y popular". El vocero identificó a un hombre llamado Manuel Díaz como el jefe de ese grupo.
De acuerdo con la copia del manual de maniobras que fue entregado a la APPO por uno de los oficiales participantes, el operativo Hierro se aplicará para "recuperar" las radiodifusoras La Ley 710 y Grupo Oro -aunque ésta fue entregada el miércoles a sus propietarios-, la casa de gobierno, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Finanzas, los juzgados penales y la Plaza de la Constitución, "donde se encuentran concentrados la mayor parte de los manifestantes".
En el dispositivo intervendrían 750 agentes de la policía preventiva del estado, entre ellos miembros de la Unidad Policial de Operaciones Especiales (UPOE), bajo las órdenes de su director, Francisco Santiago José, el subdirector, cuatro jefes, 14 comandantes y 30 oficiales.
Además actuarían 300 elementos de la policía ministerial del estado, encabezados por su director, Manuel Moreno Rivas, el subdirector Margarito López Aragón --que fue retenido por unas horas durante el frustrado desalojo del 14 de junio-- y 10 comandantes.
También intervendrían 400 miembros de la policía municipal de Oaxaca de Juárez, encabezados por su director, Delfino Cruz; el subdirector, un jefe, 10 comandantes e igual número de oficiales.
Participarían 500 agentes de las policías Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, bajo las órdenes de su director, subdirector, un jefe, 10 comandantes e igual número de oficiales.
Para la aplicación del operativo, los policías se integrarían en cuatro agrupamientos. El primero se concentraría en Tlacolula de Matamoros y tendría a cargo desalojar el crucero de Tlalixtac, los juzgados penales, la radiodifusora La Ley 710 y la Secretaría de Finanzas.
El agrupamiento dos se reuniría en Trinidad de Viguera, y su cometido sería el desalojo del Canal 9, tomado el primero de agosto pasado.
En tanto, el agrupamiento tres se congregaría en el campo de entrenamiento de la UPOE en la colonia Vicente Guerrero, perteneciente al municipio de la Villa de Zaachila, para desalojar la casa oficial, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la antena de la radiodifusora La Ley 710, ubicada en inmediaciones del fraccionamiento El Rosario.
Y por último, el cuarto agrupamiento, que también saldría de las instalaciones de la UPOE, tendría el cometido de desalojar la Plaza de la Constitución.
Cada uno de los agrupamientos, "para tener éxito en el enfrentamiento y prever cualquier riesgo o contingencia que se presente", estaría apoyado por tres ambulancias de la Cruz Roja, una pipa, cuatro vehículos de bomberos con extinguidores, cuatro agentes del Ministerio Público, un notario, dos elementos con cámaras de video y 300 esposas de plástico.
Según el manual de maniobras, los detenidos "deberán ser conducidos hacia los reclusorios de Etla, Tlacolula, Zimatlán y la Penitenciaría Central, con la finalidad de que de forma inmediata tomen conocimiento los agentes del Ministerio Público para su consignación conforme a los delitos cometidos y los que les resulten".
En la orden de operaciones se incluyen croquis de localización precisa de los lugares a desalojar y sus calles adyacentes, así como información de inteligencia que revelan la "vulnerabilidad" de algunas barricadas, sobre todo por la noche, así como el tipo de armas que dispondría la APPO para repeler una intervención policiaca.
Por otra parte, el vocero de la sección 22, Daniel Rosas, deslindó a los dirigentes Enrique Rueda Pacheco y Alma Delia Santiago, y al líder de la Unión de Trabajadores de la Educación, Rogelio Vargas Garfias, de la autoría intelectual del asesinato del maestro René Calvo Aragón, integrante del Consejo Central de Lucha, quien ayer fue velado en privado en su domicilio de esta ciudad.
Impiden actividades del gobernador
Asimismo, este mediodía, el ayuntamiento popular de Zaachila impidió, con la detención de tres policías y un comandante que preparaban un operativo de seguridad, una comida de Ulises Ruiz con representantes de comunidades serranas.
El alcalde Miguel Angel Vázquez Fernández denunció que el operativo constaba de 80 policías más, y advirtió que, en definitiva, Ulises Ruiz, no es bienvenido en la comunidad. "Que ni lo intente. Para quien caiga aquí decimos: hemos sido benévolos, pero la paciencia tiene un límite".
La fiscalía especial para asuntos magisteriales inició una investigación y retuvo un auto y uniformes que eran utilizados por los policías Araceli Luján, Lucía Fidelia Morales, Maximino Antonio Santiago y el comandante Armando Cruz Sánchez.
Asimismo, en San Pedro Mixtepec, región de la costa, profesores formaron una valla humana para impedir que Ulises Ruiz -quien se encontraba en Puerto Escondido- acudiera a inaugurar una clínica.
El regidor priísta Nahúm Gopar, junto con un grupo de simpatizantes, se enfrentó a los profesores. Por la noche, la administración estatal negó que el gobernador tuviera planeada una comida en Zaachila.
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