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Los campos de trabajo forzado son frecuentes en Sonora, atestigua Marcos

Solecito El mismo edil priísta de Empalme posee ranchos en los que se explota a indígenas: ONG

Solecito Migrantes de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz son engañados y luego recluidos en "empresas" que los esclavizan

Solecito Algunos de los jornaleros son niños de entre 10 y 12 años

Empalme, Son. 24 de octubre. En su recorrido por el sur de Sonora, la otra campaña descubrió la existencia de campos de trabajo forzado, donde jornaleros migrantes de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y el sur de Veracruz viven con sus familias en condiciones infrahumanas y realizan sus actividades en virtual esclavitud.

"Son verdaderos campos de concentración para los indígenas", según el grupo Libre Ciudadano, de Guaymas, cuyos miembros han tratado de auxiliar a estas personas, con grandes dificultades, pues los capataces lo impiden sistemáticamente.

Al saber que el subcomandante Marcos y su comitiva se aproximaban al Campo Mercurio, en el municipio de Empalme, unos 70 trabajadores que permanecían recluidos en el lugar fueron "evacuados" precipitadamente por sus empleadores a bordo de un tráiler. "¡Auxilio, ayúdenos!", gritaban mientras eran conducidos a El Hoyo, un rancho vecino.

Esto fue presenciado por miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI), que se habían adelantado. Salvador Campanur, Juan Chávez y Carlos González quedaron profundamente conmovidos por la brutalidad del momento. Cuando minutos después arribó al lugar el subcomandante Marcos acompañado por miembros de Libre Ciudadano, el Campo Mercurio, de la empresa G-Mark, lucía desierto.

Políticos con buen olfato para los negocios

Pronto llegó la Policía Municipal de Empalme, que observaba a distancia, y posteriormente dialogó amistosamente con dos capataces que asomaron tras la alambrada. De hecho, el propio alcalde priísta, Samuel Rodríguez Sánchez, posee campos donde prevalecen condiciones de trabajo similares. Empresario restaurantero en Guaymas y Empalme, donde tiene sus marisquerías La Cobacha, posee las fincas empacadoras La Choya, El Triunfo Santa Rosa y El Márquez.

Francisco Zaragoza, Marco Antonio Llano y otros prominentes inversionistas (o sea caciques) de Guaymas son los dueños de estas modernas haciendas porfirianas en las que los trabajadores están sometidos a salarios de miseria y hasta tiendas de raya. Según testimonio de Libre Ciudadano, estos campesinos son "enganchados" en sus lugares de origen y trasladados aquí con falsas promesas. Por ejemplo, de los 150 pesos diarios que les ofrecen los enganchadores, reciben sólo 40. Carecen de seguro social y atención médica.

En estos campos de cultivo intensivo de tomate y legumbres trabajan niños y niñas de 10 y 12 años. "Tienen la piel dañada, las manos quemadas y los ojos infectados a causa de los químicos con que se fertilizan y desinfectan los sembradíos", agrega Libre Ciudadano. Los trabajadores adultos sufren además sangrados respiratorios y digestivos. El grupo humanitario ha intentado auxiliarlos en repetidas ocasiones, desde que se percató de que esto ocurría.

"Fue cuando vimos escapar a grupos de 30 y 40 indígenas que nos dimos cuenta", apuntan. "Hemos traído ropas y cobijas para los niños, que se pasean desnudos por aquí". Señalan un patio alambrado con rejas y púas, donde se ve un galerón de lámina y lona, de unos 20 metros de largo por cuatro de ancho, donde familias enteras de campesinos viven como prisioneros.

"Los tienen tan espantados que no se atreven a denunciar, y prefieren huir hacia Nayarit en cuanto pueden". A los que intentan abandonar el Campo Mercurio los persiguen los guardias y los regresan a la fuerza. De acuerdo con lo que algunos jornaleros han relatado, dentro del campo existe una tienda que es el único comercio al que pueden acudir, pues tienen prohibido cualquier otro movimiento. Allí mismo se les ofrece droga, inclusive con préstamos para que, literalmente, se "endroguen" y "enganchen".

Cuentan que recientemente vino un representante de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) "a negociar con los caciques de Guaymas". Eso no parece haber cambiado en nada las condiciones de explotación en estos ejemplares emporios productivos del "pujante" norte mexicano.

Varios reporteros rodeaban al subcomandante Marcos mientras escuchaba y hacía preguntas, y luego invitaba a los reporteros a hacer lo mismo. "¿Y los medios de comunicación qué dicen de esto?", cuestionó Marcos. "Mmm, de ellos ni hablo. Aquí todo está vendido", respondió una mujer de Libre Ciudadano.

En tanto, a raíz de la visita de la otra campaña a territorio comca'ac, miembros del Partido Acción Nacional dieron rienda suelta a sus prejuicios contra los pueblos indios, toda una tradición de los grupos conservadores en la región. Es el caso del diputado Luis Serrato Castel, quien censuró al gobierno estatal "por permitir que las etnias controlen su territorio a su modo".

La prensa de Hermosillo destacó hoy las declaraciones de Serrato Castel contra "la etnia seri" por "violar la ley federal" al portar armas dentro de su territorio, como desde ayer han reportado los medios eléctricos e impresos aquí. La noche del domingo, la guardia tradicional seri impidió a los medios locales ingresar a Punta Chueca durante la visita de Marcos y la otra campaña al territorio que los indígenas reclaman como propio y autónomo.

Argumentando apoyo a la libertad de expresión, el panista rechazó la "intimidación" que sufrieron los comunicadores por una etnia "fuera de la ley", y los invitó a interponer una denuncia. "No puede ser utilizado como pretexto el decir que se respeten sus usos y costumbres; están violando la ley y la Constitución, y las autoridades están obligadas a actuar". Por su parte, el gobernador Eduardo Bours declaró que no ha actuado "positivamente" al respecto, pues es un "tema federal".

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