PRESENTA EL FAP, AGENDA LEGISLATIVA

Presenta el FAP su agenda legislativa; la consigna, no legitimar a Calderón
gloria leticia díaz

México, D.F., 25 de octubre (apro).- Bajo la consigna de no legitimar al gobierno de Felipe Calderón, el Frente Amplio Progresista (FAP) presentó su agenda legislativa, misma que será presentada a todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión.

En un evento al que asistieron los dirigentes nacionales del PRD, PT y Convergencia y representantes de organizaciones sociales, se presentó el documento denominado “Por la justicia y la democracia. Propuesta para la transformación de México”, que engloba 10 líneas generales que resumirían las promesas de campaña de la coalición Por el Bien de Todos, enarboladas por Andrés Manuel López Obrador, ausente en el acto, en el que fue citado por todos los oradores como “presidente legítimo”.

El documento fue presentado por Manuel Camacho Solís, excoordinador de Redes Ciudadanas y ahora miembro de la representación política del FAP, en el que también están Jesús Ortega –excoordinador general de campaña de López Obrador--, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez.

“No vamos a legitimar a Felipe Calderón”, señala el texto leído por Camacho, que destaca que, “a pesar del fraude, no se debe perder la gran votación que se alcanzó a favor del proyecto alternativo de nación”, mismo que es “la única oportunidad democrática frente a un régimen que se sostiene por la corrupción, la impunidad, el cerco informativo y la manipulación de las elecciones”.

Al destacar que, como oposición, están “obligados a ponerle límites al poder y a los intereses espurios que lo sostienen”, los miembros del frente se pronunciaron en contra de la privatización del petróleo y de la energía eléctrica; del IVA en alimentos y medicinas; de los monopolios, la corrupción, el tráfico de influencias y los conflictos de interés. Además, rechazaron la intervención del gobierno en los sindicatos, la impunidad en los “crímenes de Estado”, así como en contra de que “se siga aniquilando la autonomía del IFE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

El documento propone que se analice un método para la revisión integral de la Constitución, que bien podría ser a través de la conformación de una comisión especial en el Congreso de la Unión, o la creación de un “Consejo Congresional”, en el que participen legisladores federales y locales, representantes de partidos políticos, de autoridades municipales y estatales, expertos y representantes de la sociedad civil, o en todo caso que se convoque a un Congreso Constituyente.

Entre las propuestas encaminadas a un cambio de régimen político, están la reforma electoral; fortalecer al Congreso; introducir la democracia participativa, y derogar la reforma a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión.

En las iniciativas económicas, se propone fortalecer las finazas públicas, eliminar los privilegios fiscales, reorientar el gasto público a la inversión y al gasto social; disminución de la alta burocracia; reducción del gasto corriente y revisión del Tratado de Libre Comercio en materia agrícola para evitar la migración.

Se propone la instauración de un “Estado de bienestar”, en el que se incluya la universalidad de la seguridad social para adultos mayores; garantizar el acceso gratuito a la educación, así como impulsar la reforma constitucional para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios.

En el cuarto apartado, el FAP pretende impulsar reformas para favorecer la ciencia y la tecnología y la preservación del patrimonio cultural.

Se pronuncia por que el sector energético “cumpla su papel determinante en el desarrollo de la economía y se asegure el dominio de la nación”.

En el sexto punto se propone una reforma “integral” del sistema de justicia y seguridad pública”, que incluya el establecimiento de un tribunal constitucional de la federación, y una reforma constitucional que incluya la autonomía de Ministerio Público.

Entre las reformas constitucionales propuestas está la encaminada a “introducir una política de austeridad de Estado en los tres poderes y órdenes de gobierno”, así como sancionar el tráfico de influencias y los conflictos de interés.

Los legisladores miembros del FAP proponen “rediseñar el régimen federal como parte del cambio de régimen político y asegurar el avance democrático en los estados; fortalecer la vida municipal y la efectividad del gobierno en zonas metropolitanas”. En éste apartado se propone impulsar la Constitución del Distrito Federal.

Por último, se contempla impulsar una política exterior de Estado, definida por el presidente de la República y el Senado, así como que el secretario de Relaciones Exteriores sea ratificado por el Senado, y que se reforme la Constitución para que se proteja a los mexicanos en el extranjero.

Durante su intervención, Jesús Ortega Martínez, quien fue nombrado vocero del FAP, aseguró que “la crisis política se supera precisamente con la política”, y dijo que la diferencia que tiene la agrupación, conformada por el PRD, PT y Convergencia, con el PAN, es que “no queremos apostarle a la ruina nacional, sino desde una posición de dignidad y con la indeclinable lucha contra la imposición de la presidencia, se presenta una propuesta para el restablecimiento de la democracia, para lograr una sociedad justa y equidad, para recuperar a la política y para reconstruir la República”.

Luego en entrevista, Ortega dijo que, de no aceptarla los grupos parlamentarios del PRI y el PAN, “quedarán como charlatanes y quedará todo en pura palabrería. Este es el momento de que sean consecuentes con su llamado al diálogo”.

Por su parte, Carlos Navarrete, coordinador de los perredistas en el Senado, señaló que la posición de votar en contra de todo lo que propongan el PAN y el PRI, es una “película que ya vimos en 1988”, y señaló que no sería correcto que “los votos de los mexicanos terminen siendo motivo de discursos de denuncia de que el PRI y el PAN se pusieron de acuerdo para hacer reformas, y nosotros sólo nos opusimos porque no tuvimos propuestas alternativas”.

En su turno, Porfirio Muñoz Ledo reiteró que el FAP no pretende “convalidar a un gobierno espurio que no surgió del sufragio libre de los ciudadanos, y menos con la violación del voto público y la corrupción, de las prácticas e instituciones electorales que lo hicieron posible. El Ejecutivo que pretende establecerse el 1 de diciembre carece de legitimidad… y esta condición de origen no podría ser subsanada por el paso del tiempo ni por el contubernio político. Quienes aquí estamos reconocemos que el mandato popular favoreció a Andrés Manuel López Obrador, por ende, presidente legítimo de México”.

Por su parte, Alejandro Chanona, coordinador de los diputados federales de Convergencia, dijo que, con la agenda legislativa que el FAP presentará a otras fuerzas políticas, pretende evitar que la crisis política se ahonde, y dijo que la primera muestra de cambio de actitud serán las negociaciones para el presupuesto de 2007.

En nombre del PT, el coordinador en el Senado, Alejandro González Yáñez destacó que, para impulsar las reformas propuestas, el sustento del FAP será la movilización ciudadana.

En el evento se dio a conocer que Alejandro Encinas, jefe de Gobierno del Distrito Federal, será representante de los gobernadores; Jazmín Copete, alcaldesa de Santiago Tuxtla, Veracruz, vocera de los presidentes municipales, y Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, representante de los movimientos sociales que integran el FAP. Jesús González Schmall será secretario técnico.

La coordinación política nacional está compuesta también por los dirigentes de los tres partidos que conforman el Frente: Leonel Cota Montaño, Alberto Anaya Gutiérrez y Luis Maldonado Venegas; así como por los coordinadores parlamentarios en el Senado, Carlos Navarrete, Alejandro González Yáñez y Dante Delgado. También están los coordinadores en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, Ricardo Cantú y Alejandro Chanona.