En la administración de Fox creció 50% el número de "presos políticos": ONG

La mayoría de los casos, en Oaxaca, estado de México, Guerrero, Jalisco y Chiapas

Aunque no existe un registro nacional con cifras certeras sobre estos casos, diversas organizaciones no gubernamentales afirman que una de las más "funestas herencias" del sexenio de Vicente Fox es la cantidad de "presos políticos" durante su gobierno, que según sus estimaciones son más de 400 casos.

Coinciden además en estimar que durante la administración foxista se incrementó en 50 por ciento la cantidad de "presos políticos", y aunque algunos de ellos ya han obtenido su libertad, la mayoría enfrenta condenas que van de seis a 50 años de prisión, y fueron procesados sin abogado defensor.

Durante el gobierno recién concluido, los principales delitos que se "fabricaron" para detener a luchadores sociales, dirigentes campesinos, indígenas, ambientalistas, defensores de derechos humanos, periodistas e inclusive abogados, fueron: ataques a las vías generales de comunicación, secuestro y retención ilegal, sedición, terrorismo, difamación, despojo, asociación delictuosa, bloqueo de oficinas federales y narcotráfico, entre otros.

Los reportes de diversas ONG establecen que las entidades donde más "presos de conciencia" se reportaron durante el sexenio de Fox son: Oaxaca, estado de México, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Veracruz y Distrito Federal.

Debido al conflicto social que se vive en Oaxaca, esa entidad acumula la mayor cantidad de "presos políticos" del sexenio, pues desde el ingreso de la Policía Federal Preventiva (PFP) a la capital del estado fueron detenidas aproximadamente 300 personas. Sólo durante el enfrentamiento del 25 de noviembre pasado se aprehendió a 204 individuos, de los cuales 141 fueron trasladados a Nayarit, al ser considerados de "alta peligrosidad", y el resto remitidos a penales de Oaxaca. Oficialmente, quienes fueron detenidos antes de este enfrentamiento ya han sido liberados. Asimismo, se reportan 20 personas desaparecidas desde el inicio del conflicto, hace más de seis meses.

Otra entidad en la que se arrestó a decenas de personas por motivos políticos fue el estado de México, donde tan sólo por el operativo en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco, los pasados 3 y 4 de mayo, se detuvo a 207 individuos, de los cuales se les fincó responsabilidad por los delitos de secuestro y ataques a las vías generales de comunicación a 174. De éstos, 144 alcanzaron libertad bajo fianza, mientras que 30 aún permanecen presos.

En Chiapas la cantidad de detenidos se ha incrementado a partir del surgimiento del EZLN. A la mayoría de los "presos de conciencia" en esa entidad se les acusa de estar ligados al zapatismo. Las ONG reportan que al menos hay 80 de ellos en ese estado.

Guerrero es otra de las entidades con un número considerable de casos, pues presenta aproximadamente 60 "presos políticos", la mayoría de los cuales son campesinos que aún no obtienen su libertad y a quienes se les "fabricaron" delitos como portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y secuestro.

En reclusorios de la capital están detenidos 12 "presos de conciencia", la mayoría aprehendidos en otras entidades; mientras que en Veracruz se reportan 19 casos, de los cuales casi a la mitad se le otorgó la libertad días después.

Cabe destacar que en Jalisco fueron detenidas 44 personas tras las manifestaciones del 28 de mayo de 2004 contra la tercera Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Aunque todos han obtenido su libertad, a la mayoría se le sigue proceso por diversos delitos.

El 20 de agosto de 2005 fueron aprehendidas en Cancún, Quintana Roo, 585 personas por realizar una marcha en la zona hotelera; por estos hechos fueron consignados al Ministerio Público del fuero común por los delitos de motín y ataques a las vías generales de comunicación 20 manifestantes de la Asociación Latinoamericana de Activistas Sociales, causa que aún está en proceso.

Por su parte, el Comité Cerezo ­una de las organizaciones que se ha dado a la tarea de elaborar un registro de "presos políticos"­ reporta que durante el sexenio se presentaron 359 casos de "reos de conciencia": 24 durante 2001, 18 en 2002, nueve en 2003, 45 en 2004, dos en 2005 y 261 este año.

Algunos casos

Al igual que en sexenios priístas, el "gobierno del cambio" dejó una larga estela de luchadores sociales detenidos. Entre ellos destaca Armando Villarreal, dirigente campesino de Chihuahua, detenido el 8 de julio de 2002, acusado por el administrador de la aduana, Jorge Eduardo Pasaret ­del grupo Amigos de Fox en la entidad­, el mismo personaje que entregó a 16 mexicanos a la FBI, quienes presuntamente se dedicaban al asalto de trenes.

Los mexicanos acusados en Estados Unidos regresaron a México meses después, al obtener la libertad por orden de un juez federal de Estados Unidos, quien aceptó que su arresto fue inadecuado, y los más de 30 agentes de la aduana y los policías municipales que entregaron a los connacionales tuvieron órdenes de aprehensión por el delito de traición a la patria, las cuales nunca se cumplimentaron.

El caso de Erick Sosa, hermano de Flavio Sosa, uno de los dirigentes de la APPO, es otro de los que destaca. Fue detenido la semana pasada en Oaxaca acusado de secuestro, lesiones calificadas y robo calificado con violencia, y posteriormente trasladado al penal de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas.

En agosto de 2001 fueron detenidos los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras, junto con Pablo Alvarado Flores y Sergio Galicia Max, como presuntos responsables de provocar varias explociones en sucursales bancarias en Morelos. Aunque fueron absueltos por los delitos relacionados con esos atentados, se les dictó auto de formal prisión por los delitos de terrorismo y posesión de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, entre otros. Alejandro fue exhonerado de los cargos, Alvarado cumplió su sentencia de cinco años y acaba de ser liberado, mientras que los demás continúan recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, antes La Palma.

En 2001, en Chiapas fueron detenidos 69 indígenas integrantes del Movimiento Popular de Resistencia del Sureste, tras haber retenido por tres días a varios funcionarios del gobierno estatal. Noé Jiménez Pablo, uno de los dirigentes, continúa preso en el penal de El Amate.

En Tabasco, permanecen recluidos Francisco Pérez Vázquez y Angel Concepción Pérez Gutiérrez, ­padre e hijo­ condenados a 25 años de prisión por homicidio calificado en agravio del campesino Florentino Hernández López, son dos de los tres indígenas chiapanecos considerados presos políticos zapatistas.

Guanajuato no escapó a la represión foxista. El ex alcalde del PRD Antonio Tirado Patiño fue detenido en 2003, luego de que anunciara que de llegar a la Cámara de Diputados local habría de comenzar una auditoría a los gastos del ex gobernador Vicente Fox Quesada. También el ex alcalde de Yuriria Pedro Gaviña Jiménez y el ex diputado Luis Enrique Torres León, quienes promovieron un arqueo al gobierno de Fox.

En Aguascalientes, Artemio Aguilar fue detenido por exigir al entonces gobernador panista Felipe González que apoyara a los afectados que habían perdido sus bienes muebles e inmuebles embargados por instituciones bancarias.

En Puebla hubo dos casos que tuvieron resonancia internacional: el primero fue la detención y encarcelamiento de la periodista Lydia Cacho Ribeiro. La autora de Los demonios del edén fue capturada en Cancún, Quintana Roo, por elementos de la Policía Judicial de Puebla, y el 29 de diciembre de 2005 fue detenido el activista Martín Amaru Barrios Hernández, El delito que se le imputó fue el de chantaje, aunque fue un cargo fabricado para perjudicar su labor de defensoría legal de los trabajadores de la maquila.

Del primero de diciembre de 2000 a la fecha, en Durango se ha encarcelado a tres líderes sociales, uno de ellos duró más de un año preso, los otros dos no tardaron más de un mes en recobrar su libertad; los tres fueron aprehendidos por la entonces Policía Ministerial del estado por bloquear calles y una empresa particular.

En Querétaro fueron detenidos dirigentes de agrupaciones sociales que encabezaban un movimiento en favor de la vivienda, quienes se han encargado de promover o comercializar terrenos para la edificación, acusados de incurrir en delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano; entre las personas aprehendidas está Martha Zúñiga, dirigente de la Coordinadora Campesina Emiliano Zapata, a quien se le acusó de fraude.

Con información de Rubén Villalpando, Carlos Camacho, René A. López, Gerardo Flores, Claudio Bañuelos, Javier Santos, Hugo Martoccia, Luis A. Boffil, La Jornada de Oriente, Julia Antonieta Le Duc, Mariana Chávez, Saúl Maldonado, Silvia Chávez, Miroslava Breach, Octavio Vélez, Elio Henríquez, Angeles Mariscal, Jesús Narváez, Misael Habana, Sergio Ocampo, Antonio Heras, Ernesto Martínez, La Jornada San Luis, Javier Valdés, Israel Dávila, Javier Salinas, Andrés T. Morales y Raymundo León

La Jornada