Argentina: La guerra del campo
marcelo izquierdo
Proceso.
Buenos Aires, 11 de diciembre (apro).- El campo le declaró la guerra al presidente Néstor Kirchner. Este sector, uno de los principales que empujaron al nuevo “milagro” económico argentino, se declaró en huelga y sacó los tractores a las calles y carreteras para “motorizar” la mayor protesta rural en la última década.
Los motivos son varios: desde la “inacción” oficial en políticas de largo plazo, hasta el “injerencismo” del gobierno, traducido en controles de precios y limitación o prohibición lisa y llana de las exportaciones de carne para evitar una escalada de precios, a casi un año de las elecciones presidenciales programadas para octubre de 2007.
La huelga agrícola –que comenzó el 3 de diciembre y concluirá a medianoche del día 11-- se presenta en un país que observa con preocupación los anaqueles de los supermercados ante el temor de que el fantasma del desabastecimiento haga desaparecer a su platillo más preciado: la carne.
“Queremos reglas de juego claras”, dice a Apro Sebastián Dates, vocero de la Sociedad Rural Argentina. “El productor no sabe dónde está parado”.
La huelga de ocho días fue decidida por la Sociedad Rural, la Confederación Rural Argentina (CRA) --que reúnen a la mayoría de los grandes productores agropecuarios-- y la Federación Agraria, que aglutina a campesinos y a pequeños y mediados propietarios agrícolas, aunque con reclamos separados.
“En total hay 6 millones de personas involucradas en las tareas del campo. Y este es un número importante” en un país con una población de cerca de 37 millones de habitantes, dice Dates.
Desde el gobierno, el paro es visto como “inadmisible” y como “una injusticia manifiesta”, como dijo el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. “Nunca han expresado tanto desprecio por los argentinos”, aseguró el funcionario, mano derecha del presidente.
Divino tesoro
La carne es, para los argentinos, lo que la tortilla para los mexicanos. Asados, churrascos y milanesas forman una trilogía sagrada en la dieta del argentino promedio, que se reconoce orgullosamente carnívoro por su tradición gaucha.
En el siglo XIX se llegó a consumir 180 kilos anuales per cápita, una cifra que bajó a los 100 kilos durante largos períodos del siglo pasado. Actualmente, a raíz de una alimentación más variada y sana, pero también por su elevado precio, cada argentino come en promedio 61.6 kilos de carne al año.
En el país existe más ganado vacuno que personas. Se estima que hay más de 53 millones de vacas. Las grandes extensiones de pasturas naturales han convertido a la carne nacional en “la mejor del mundo”, como les gusta afirmar a los porteños. Argentina es hoy el tercer exportador global de carne bovina. Las ventas externas de cortes vacunos marcaron un récord de unos mil 400 millones de dólares en 2005.
Pero no sólo de ganado vive el campo. El país es también el tercer exportador mundial de soja (considerado el verdadero motor del crecimiento económico del país), el segundo de maíz y uno de los cinco mayores de trigo.
El campo es responsable del 37% del Producto Interno Bruto (PIB), del 36% del empleo y del 65% de las exportaciones del país, según cálculos de los dirigentes agrarios. El año pasado el sector generó divisas por 40 mil millones de pesos (unos 13 mil millones de dólares).
A pesar de estos números, miles de personas pasaron hambre durante la gravísima crisis socioeconómica de 2001, y aún subsiste la desnutrición en los sectores más empobrecidos de la población. La pobreza abarca hoy a menos de un tercio de los argentinos, cuando hace cinco años había alcanzado un máximo de 57 por ciento.
La reducción de la pobreza fue posible en especial gracias a la bonanza rural. La devaluación del peso (tras una década de “convertibilidad” que ató la moneda nacional al dólar) hizo posible el renacimiento del campo que lideró el crecimiento del PIB gracias a las exportaciones. La soja, con precios récords en el mercado internacional, lideró la recuperación con índices de crecimiento económico que rondan el 9 por ciento anual en los últimos años. En total, el país lleva 46 meses de crecimiento consecutivo.
Los poblados rurales de la Pampa húmeda viven hoy un período de bienestar, una realidad muy distinta a la de los conglomerados urbanos.
Pero a un año de las elecciones, el gobierno está preocupado por la inflación. La carne, especialmente, tiene un fuerte peso en el índice inflacionario, que acumula un alza del 8 por ciento en los primeros 10 meses del año. Por ello, el gobierno prohibió en marzo pasado las ventas de carne al exterior para aplacar el alza de precios en las carnicerías, aunque luego decidió suavizar la medida permitiendo exportar hasta el 70 por ciento de los montos de 2005. Este mes se extendió por otros 180 días las restricciones para asegurar, según el Poder Ejecutivo, el abastecimiento interno y evitar presiones inflacionarias.
Pero el campo no termina aún de digerir otra medida vigente desde la asunción de Kirchner: el gobierno aplica retenciones del 5 al 15 por ciento a las exportaciones agropecuarias, en índices que varían según el producto.
“Las retenciones son una distorsión importante de los mercados. Son unos 8 mil millones de pesos anuales (unos 2 mil 600 millones de dólares) de retención a las exportaciones”, dice Dates en entrevista con Apro.
Y añade: “Además hay una transferencia de recursos del campo al sector industrial y de servicios que ronda los 2 mil millones de pesos (680 millones de dólares). Por ejemplo, a raíz de las políticas oficiales hubo una caída del precio del ganado a pie del 30 por ciento, pero en los anaqueles de los supermercados los precios sólo bajaron el 5 por ciento”.
Dates se queja: “Se nos cierran exportaciones. Después nos abren un poco la puerta, luego otra vez hay amenazas. Todo esto hace muy difícil cerrar acuerdos internacionales (…) Sabemos que es necesario hacer compatible el mercado interno con precios acordes. Hay mecanismos con los que se pueden dar estas dos situaciones sin necesidad de cerrar mercados o limitarnos en la posibilidad de exportación. Queremos reglas claras: por ejemplo, podemos poner 12 precios de referencia en los cortes de mayor consumo popular con una apertura total de mercados para fines de 2007”, señala.
Pero el gobierno no cree en las protestas rurales. "La gente del campo nunca ganó tanto dinero como en este tiempo y nunca expresó tanto desprecio por el resto de los argentinos como en este tiempo," dijo Fernández, el jefe del gabinete. “Ellos tendrían que estar preocupados en poder explicarles a los argentinos por qué pretenden producir un kilo de carne a un precio de 1.30 pesos (35 centavos de dólar) y lo pueden vender en el mundo a 13 dólares y todavía les parece poco”, añade.
“Lo que no dicen y mienten es que pretenden que los argentinos paguemos el kilo de carne como se paga en Europa”, enfatiza.
El fantasma del desabasto
Para la Federación Agraria, la entidad que aglutina a los pequeños y medianos productores, las protestas van por otros caminos. “No somos oligarcas. El tractor más nuevo es del año 80. Este es el sufrido interior del país. Si hoy hay desabastecimiento, la responsabilidad es de los especuladores de siempre. Hay stock para todo diciembre y aún más”, dice el vicepresidente de la entidad, Pablo Orsolini.
Por las dudas, el gobierno ordenó “faenar” (matar y destazar) cientos de cabeza de ganado de campos manejados por las Fuerzas Armadas para evitar el desabastecimiento.
Orsolini lideró las protestas en Villa Ocampo, en el corazón agropecuario de la provincia de Santa Fe, una de las más ricas del país, al noroeste de Buenos Aires, con cortes masivos de rutas. “Nosotros estamos reclamando por la falta de políticas más activas para distintos sectores, sobre todo de los productores pequeños y medianos, para las economías regionales, donde hay más de 10 mil productores de cultivos especiales, como el algodón, endeudados con el Banco Nación. Tenemos 160 mil familias de pequeños agricultores para los cuales estamos solicitando una política de desarrollo rural para que sigan en el campo. Los campesinos emigran a las grandes ciudades por faltas de políticas y de futuro”, dice Orsolini en entrevista con Apro.
El dirigente rural afirma que tiene “algunas coincidencias” con los reclamos de las otras entidades que impulsan la huelga, en especial con la Confederación Rurales Argentinas.
“Pero tenemos una diferencia fundamental. Nosotros estamos a favor de los instrumentos de regulación. No creemos en la economía libre y más en una economía tan globalizada como la argentina. Está manejada por tres o cuatro grandes empresas agropecuarias multinacionales. Aquí no existe un mercado libre. O lo maneja el gobierno o las grandes empresas. Debe haber herramientas de regulación que generan políticas de mediano y largo plazo, con previsión y futuro”, sostiene.
Y agrega: “No estamos de acuerdo en la suspensión de las exportaciones de carne. Tampoco con el control de precios. No es forma de regular el mercado, favoreciendo a unos en detrimentos de otros. El consumidor debe tener garantizado precios razonables, pero debe haber acuerdos en toda la cadena productiva. El gobierno nos saca retenciones y no pone nada”.
En concreto, los productores vacunos argumentan que los límites a las ventas externas sólo favorecen a los frigoríficos exportadores, que adquieren animales a valor bajo en la plaza local para después venderlos a precios internacionales.
“Nuestro reclamo –resume Dates, de la Sociedad Rural-- es reglas de juego claras. Percibimos que continuamente hay un cambio en reglas y pautas que rigen el trabajo agropecuario. En estas condiciones es difícil invertir y tomar decisiones. Aquí cambia continuamente el contexto. El productor no sabe dónde esta parado”.
Los motivos son varios: desde la “inacción” oficial en políticas de largo plazo, hasta el “injerencismo” del gobierno, traducido en controles de precios y limitación o prohibición lisa y llana de las exportaciones de carne para evitar una escalada de precios, a casi un año de las elecciones presidenciales programadas para octubre de 2007.
La huelga agrícola –que comenzó el 3 de diciembre y concluirá a medianoche del día 11-- se presenta en un país que observa con preocupación los anaqueles de los supermercados ante el temor de que el fantasma del desabastecimiento haga desaparecer a su platillo más preciado: la carne.
“Queremos reglas de juego claras”, dice a Apro Sebastián Dates, vocero de la Sociedad Rural Argentina. “El productor no sabe dónde está parado”.
La huelga de ocho días fue decidida por la Sociedad Rural, la Confederación Rural Argentina (CRA) --que reúnen a la mayoría de los grandes productores agropecuarios-- y la Federación Agraria, que aglutina a campesinos y a pequeños y mediados propietarios agrícolas, aunque con reclamos separados.
“En total hay 6 millones de personas involucradas en las tareas del campo. Y este es un número importante” en un país con una población de cerca de 37 millones de habitantes, dice Dates.
Desde el gobierno, el paro es visto como “inadmisible” y como “una injusticia manifiesta”, como dijo el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. “Nunca han expresado tanto desprecio por los argentinos”, aseguró el funcionario, mano derecha del presidente.
Divino tesoro
La carne es, para los argentinos, lo que la tortilla para los mexicanos. Asados, churrascos y milanesas forman una trilogía sagrada en la dieta del argentino promedio, que se reconoce orgullosamente carnívoro por su tradición gaucha.
En el siglo XIX se llegó a consumir 180 kilos anuales per cápita, una cifra que bajó a los 100 kilos durante largos períodos del siglo pasado. Actualmente, a raíz de una alimentación más variada y sana, pero también por su elevado precio, cada argentino come en promedio 61.6 kilos de carne al año.
En el país existe más ganado vacuno que personas. Se estima que hay más de 53 millones de vacas. Las grandes extensiones de pasturas naturales han convertido a la carne nacional en “la mejor del mundo”, como les gusta afirmar a los porteños. Argentina es hoy el tercer exportador global de carne bovina. Las ventas externas de cortes vacunos marcaron un récord de unos mil 400 millones de dólares en 2005.
Pero no sólo de ganado vive el campo. El país es también el tercer exportador mundial de soja (considerado el verdadero motor del crecimiento económico del país), el segundo de maíz y uno de los cinco mayores de trigo.
El campo es responsable del 37% del Producto Interno Bruto (PIB), del 36% del empleo y del 65% de las exportaciones del país, según cálculos de los dirigentes agrarios. El año pasado el sector generó divisas por 40 mil millones de pesos (unos 13 mil millones de dólares).
A pesar de estos números, miles de personas pasaron hambre durante la gravísima crisis socioeconómica de 2001, y aún subsiste la desnutrición en los sectores más empobrecidos de la población. La pobreza abarca hoy a menos de un tercio de los argentinos, cuando hace cinco años había alcanzado un máximo de 57 por ciento.
La reducción de la pobreza fue posible en especial gracias a la bonanza rural. La devaluación del peso (tras una década de “convertibilidad” que ató la moneda nacional al dólar) hizo posible el renacimiento del campo que lideró el crecimiento del PIB gracias a las exportaciones. La soja, con precios récords en el mercado internacional, lideró la recuperación con índices de crecimiento económico que rondan el 9 por ciento anual en los últimos años. En total, el país lleva 46 meses de crecimiento consecutivo.
Los poblados rurales de la Pampa húmeda viven hoy un período de bienestar, una realidad muy distinta a la de los conglomerados urbanos.
Pero a un año de las elecciones, el gobierno está preocupado por la inflación. La carne, especialmente, tiene un fuerte peso en el índice inflacionario, que acumula un alza del 8 por ciento en los primeros 10 meses del año. Por ello, el gobierno prohibió en marzo pasado las ventas de carne al exterior para aplacar el alza de precios en las carnicerías, aunque luego decidió suavizar la medida permitiendo exportar hasta el 70 por ciento de los montos de 2005. Este mes se extendió por otros 180 días las restricciones para asegurar, según el Poder Ejecutivo, el abastecimiento interno y evitar presiones inflacionarias.
Pero el campo no termina aún de digerir otra medida vigente desde la asunción de Kirchner: el gobierno aplica retenciones del 5 al 15 por ciento a las exportaciones agropecuarias, en índices que varían según el producto.
“Las retenciones son una distorsión importante de los mercados. Son unos 8 mil millones de pesos anuales (unos 2 mil 600 millones de dólares) de retención a las exportaciones”, dice Dates en entrevista con Apro.
Y añade: “Además hay una transferencia de recursos del campo al sector industrial y de servicios que ronda los 2 mil millones de pesos (680 millones de dólares). Por ejemplo, a raíz de las políticas oficiales hubo una caída del precio del ganado a pie del 30 por ciento, pero en los anaqueles de los supermercados los precios sólo bajaron el 5 por ciento”.
Dates se queja: “Se nos cierran exportaciones. Después nos abren un poco la puerta, luego otra vez hay amenazas. Todo esto hace muy difícil cerrar acuerdos internacionales (…) Sabemos que es necesario hacer compatible el mercado interno con precios acordes. Hay mecanismos con los que se pueden dar estas dos situaciones sin necesidad de cerrar mercados o limitarnos en la posibilidad de exportación. Queremos reglas claras: por ejemplo, podemos poner 12 precios de referencia en los cortes de mayor consumo popular con una apertura total de mercados para fines de 2007”, señala.
Pero el gobierno no cree en las protestas rurales. "La gente del campo nunca ganó tanto dinero como en este tiempo y nunca expresó tanto desprecio por el resto de los argentinos como en este tiempo," dijo Fernández, el jefe del gabinete. “Ellos tendrían que estar preocupados en poder explicarles a los argentinos por qué pretenden producir un kilo de carne a un precio de 1.30 pesos (35 centavos de dólar) y lo pueden vender en el mundo a 13 dólares y todavía les parece poco”, añade.
“Lo que no dicen y mienten es que pretenden que los argentinos paguemos el kilo de carne como se paga en Europa”, enfatiza.
El fantasma del desabasto
Para la Federación Agraria, la entidad que aglutina a los pequeños y medianos productores, las protestas van por otros caminos. “No somos oligarcas. El tractor más nuevo es del año 80. Este es el sufrido interior del país. Si hoy hay desabastecimiento, la responsabilidad es de los especuladores de siempre. Hay stock para todo diciembre y aún más”, dice el vicepresidente de la entidad, Pablo Orsolini.
Por las dudas, el gobierno ordenó “faenar” (matar y destazar) cientos de cabeza de ganado de campos manejados por las Fuerzas Armadas para evitar el desabastecimiento.
Orsolini lideró las protestas en Villa Ocampo, en el corazón agropecuario de la provincia de Santa Fe, una de las más ricas del país, al noroeste de Buenos Aires, con cortes masivos de rutas. “Nosotros estamos reclamando por la falta de políticas más activas para distintos sectores, sobre todo de los productores pequeños y medianos, para las economías regionales, donde hay más de 10 mil productores de cultivos especiales, como el algodón, endeudados con el Banco Nación. Tenemos 160 mil familias de pequeños agricultores para los cuales estamos solicitando una política de desarrollo rural para que sigan en el campo. Los campesinos emigran a las grandes ciudades por faltas de políticas y de futuro”, dice Orsolini en entrevista con Apro.
El dirigente rural afirma que tiene “algunas coincidencias” con los reclamos de las otras entidades que impulsan la huelga, en especial con la Confederación Rurales Argentinas.
“Pero tenemos una diferencia fundamental. Nosotros estamos a favor de los instrumentos de regulación. No creemos en la economía libre y más en una economía tan globalizada como la argentina. Está manejada por tres o cuatro grandes empresas agropecuarias multinacionales. Aquí no existe un mercado libre. O lo maneja el gobierno o las grandes empresas. Debe haber herramientas de regulación que generan políticas de mediano y largo plazo, con previsión y futuro”, sostiene.
Y agrega: “No estamos de acuerdo en la suspensión de las exportaciones de carne. Tampoco con el control de precios. No es forma de regular el mercado, favoreciendo a unos en detrimentos de otros. El consumidor debe tener garantizado precios razonables, pero debe haber acuerdos en toda la cadena productiva. El gobierno nos saca retenciones y no pone nada”.
En concreto, los productores vacunos argumentan que los límites a las ventas externas sólo favorecen a los frigoríficos exportadores, que adquieren animales a valor bajo en la plaza local para después venderlos a precios internacionales.
“Nuestro reclamo –resume Dates, de la Sociedad Rural-- es reglas de juego claras. Percibimos que continuamente hay un cambio en reglas y pautas que rigen el trabajo agropecuario. En estas condiciones es difícil invertir y tomar decisiones. Aquí cambia continuamente el contexto. El productor no sabe dónde esta parado”.
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