ONG denuncia abusos sexuales contra activistas oaxaqueños detenidos en Nayarit
A los consignados los han privado de agua y alimentos, señala reporte de la Limeddh
Un número significativo de los activistas detenidos en Oaxaca y trasladados al penal de San José del Rincón, en Nayarit, reporta haber sido víctima de abusos sexuales acompañados de amenazas de violación y mutilación, informó la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh).
La organización de defensa de las garantías fundamentales entrevistó a 86 de los 137 detenidos durante el enfrentamiento del pasado 25 de noviembre que fueron trasladados a esa cárcel y, tras analizar los testimonios, destacó que las autoridades carcelarias y policiacas han incurrido en tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; amén de que la mayoría de los aprehendidos "son inocentes" e inclusive no tienen vínculos con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
La Limeddh indicó que las declaraciones que obtuvo son "congruentes, concordantes y correspondientes entre sí, por lo que tienen valor preponderante en el análisis de la verdad histórica de los hechos".
Con base en 86 testimonios, el organismo concluyó que a quienes están detenidos en el penal de San José del Rincón por los hechos de Oaxaca se les ha privado de agua, alimentos, de facilidades para realizar sus necesidades fisiológicas, atención médica, se les ha obligado a estar en posiciones forzadas, y "se les apiló como bultos" durante el traslado de Oaxaca a Nayarit.
Otra de las irregularidades que señaló la Limeddh es que aunque 34 de los presuntos responsables de actos violentos en Oaxaca son mujeres y tres menores de edad, a todos los manifestantes que aún permanecen presos se les encarceló en un penal varonil.
Los testimonios también revelan que los detenidos han sido víctimas de tratos degradantes e indolentes por parte del personal penitenciario, fueron rapados, incluidas las mujeres; señalan que al ser aprehendidos fueron objeto de golpes y vejaciones aplicadas como castigo.
La Limeddh reveló que los entrevistados mostraron incertidumbre sobre su situación jurídica, además de que el maltrato se agrava al encontrarse en un penal lejano, por lo que para sus familiares, abogados y amigos es difícil emprender la defensa jurídica.
"Los daños físicos y sicológicos fueron directos e indirectos, es decir, sufridos en carne propia y al observar cómo eran tratados los demás detenidos, lo que genera una grave afectación de la esfera emocional", establecen las conclusiones del organismo.
La Limeddh subrayó que este tipo de tratamiento por parte de las autoridades carcelarias y policiacas "es considerado por los convenios internacionales como tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes"; los cuales se agravan por el clima de "terror" ante la incertidumbre de que los prisioneros no saben cuál será su suerte.
El análisis refiere que a pesar de que los detenidos estuvieron en contacto con diferentes tipos de autoridades, la mayoría de ellas no les cuestionó sobre el maltrato que habrían sufrido, por lo que los testimoniales indican que "existieron órdenes tácitas de actuar con saña y prepotencia, puesto que ningún superior intentó evitar los maltratos ni tampoco, a lo largo de este tiempo desde el momento de la detención hasta ayer se tiene conocimiento de que se iniciara de oficio (como está obligado el Estado mexicano) una averiguación previa por el delito de tortura, como lo establecen los convenios y pactos internacionales", pues este ilícito sí se cometió, señala el reporte.
Ante esto, la Limeddh concluyó que el Estado mexicano ha incurrido, "por acción u omisión", en la violación a los pactos y convenios de las organizaciones de Naciones Unidas y de Estados Americanos.
"Esta evidente omisión en el cumplimiento de la legislación internacional, además de traducirse en una conducta institucional que coloca al Estado mexicano al margen de la misma, nos obliga a rechazar categóricamente estas acusaciones inadmisibles y a denunciar la existencia de una franca persecución desde los diferentes órganos y funcionarios de la seguridad del Estado, que pretende criminalizar la propuesta popular y la acción cívica de las organizaciones sociales".
Hasta el momento, el conflicto en la entidad ha dejado 137 detenidos en Nayarit, cuatro en Matamoros y cuatro más en el penal Altiplano, estado de México.
Por otro lado, la organización internacional Trabajar Juntos por los Derechos Humanos, con sede en Lyon, Francia, solicitó a Felipe Calderón intervenir de manera "urgente" ante el clima de persecución que viven los defensores de las garantías fundamentales en Oaxaca, sobre todo las integrantes de la Limeddh Yésica Sánchez y Aline Castellanos, sobre quienes pesa una orden de aprehensión por el delito de despojo tras los sucesos en la toma de canal 9 el primero de agosto pasado.
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