LA COMISIÓN CIVIL INTERNACIONAL DE OBSERVACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS , responde a SEGOB
Barcelona, a 23 de enero de 2007
Hemos conocido por los medios de comunicación las declaraciones públicas de la titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, María del Carmen Díez Hidalgo quien descalificó a la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), al considerar que no es un organismo "reconocido" o con la "respetabilidad de organizaciones no gubernamentales tipo Amnistía Internacional". También afirmó: "Sé que estuvieron haciendo entrevistas y quedaron que regresarían, y nos habían dicho que no darían a conocer su informe hasta que estuvieran con nosotros nuevamente, pero lo dieron a conocer".
Según las notas de prensa, la funcionaria: "Los acusó de no comunicarse más con Gobernación, para entrevistarse, por segunda ocasión (la primera fue el 2 de enero pasado), con el subsecretario de Gobierno de la dependencia, Abraham González Uyeda". "No podría afirmarlo hasta que no veamos la cuestión. Lo que sí es que nosotros les dimos todas las facilidades y les pedimos que se abocaran también realmente a observar y no tener otro tipo de injerencia".
Queremos aclarar algunos términos de su intervención para responder a las dudas que puedan generar estas declaraciones. En primer lugar afirmar que la CCIODH hizo público el sábado día 20 de enero el documento preliminar sobre las Conclusiones y Recomendaciones. El Informe preliminar, tal como lo anunciamos, se entregará en el plazo de un mes por parte de una Delegación de la Comisión y lo hará a todas las personas, insituciones y organizaciones con las que nos entrevistamos, este procedimiento es el que hemos usado siempre en los cinco informes hechos hasta el momento.
Es cierto que tuvimos la entrevista con el Subsecretario de Gobernación y su equipo el día 2 de enero y que concertamos una segunda cita al regreso de la Comisión al DF. Desde nuestra llegada a la capital establecimos el contacto con el Lic. Felipe Holguín y el Lic. Rodrigo Espeleta para concertar esta segunda entrevista en el momento en que lo considerara la Secretaria de Gobernación. Durante cinco días intentamos que así fuera sin tener respuesta ni positiva ni negativa, por lo que, lamentablemente, no se pudo realizar esta cita a pesar de nuestra voluntad. Informamos de nuestra predisposición a cambiar nuestra agenda y anunciamos que esperamos se pueda realizar en el plazo de un mes a la entrega del informe preliminar. Tampoco pudimos realizar la visita al Penal nº 1 el Altiplano tal como habíamos quedado en la anterior entrevista con el Subsecretario de Gobernación.
Sobre la credibilidad de la CCIODH no es de rigor que nosotros la argumentemos, simplemente constatar en el documento de firmas de aval al trabajo de la Comisión y en visitas anteriores, las más de tres mil personas, organizaciones e instituciones que si consideran creíble y riguroso nuestro trabajo. Entre ellas varios Premios Nobel, europarlamentarios, organizaciones de derechos humanos reconocidas internacionalmente, el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y la Asociación Europea de Aboghados Democráticos, diversas Universidades, sindicatos y personas de reconocido prestigio internacional.También la CCIODH entrega el informe y mantiene una relación con Amnistía Internacional.
Es esta credibilidad y reconocimiento el que nos permite presentar el informe al Parlamento Europeo, a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, el Parlamento Catalán, el Congreso de los Diputados de España, el Parlamento Italiano, entre otras instituciones. Con humildad creemos que la responsabilidad que nos confiere el trabajo de investigación hace que seamos respetuosos en mantener esa confianza depositada.
En el listado de entrevistas realizadas, que se ha hecho público, se puede comprobar que la CCIODH se ha entrevistado con todas las instituciones de gobierno tanto a nivel estatal y federal, con organizaciones y personas confrontadas con la APPO y con instituciones religiosas, universitarias que en ningún caso pueden ser acusadas de formar parte del movimiento. Atendimos las sugerencias de la Secretaria de Gobernación, las del Gobierno de Oaxaca y las ampliamos con otras entrevistas que nos fueron concedidas.
La CCIODH, tal como ha insistido desde su llegada a México, no ha afirmado nada que no pueda demostrar. En los casos en que no lo ha podido hacer lo ha manifestado públicamente. Creemos haber sido prudentes y respetuosos. Una de nuestras recomendaciones fundamentales se refiere a la necesidad de presentar deununcias a la justicia para que se haga conforme a la ley. También recomienda que sean las propias instituciones mexicanas quienes investiguen estas posibles responsabilidades. Las observaciones que nos hace la Licenciada forman parte de nuestras recomendaciones. A pesar de la desconfianza y el temor que manifiestan muchas de las personas entrevistadas nosotros insistimos en que así se haga y solicitamos garantías especiales. Es por ello que instamos al gobierno mexicano solicite la presencia de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Oaxaca, institución de reconocido prestigio, para permitir que se investiguen las denuncias y posibles delitos ocurridos.
Comisión de Prensa
Gobernación descalifica a observadores que señalaron la represión en Oaxaca
La titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, María del Carmen Díez Hidalgo, descalificó a la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), al considerar que no es un organismo "reconocido" o con la "respetabilidad de organizaciones no gubernamentales tipo Amnistía Internacional".
La funcionaria minimizó el informe que la misión recientemente presentó sobre el caso Oaxaca, donde señaló que la represión "ha sido indiscriminada" y se busca "crear temor civil".
No se sabe, sostuvo Díez Hidalgo, si las presuntas violaciones en aquel estado las tienen probadas o solamente es lo que les dijeron. Añadió que corresponde a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría de Justicia oaxaqueña investigar y documentar estos hechos, haciendo a un lado la promesa de Gobernación, ante los observadores internacionales, de indagar y, en su caso, castigar a los funcionarios que incurrieron en los ilícitos que presentaron en su informe.
Argumentó, en entrevista en la dependencia, que la CCIODH "no nos han presentado absolutamente nada. Sé que estuvieron haciendo entrevistas y quedaron que regresarían, y nos habían dicho que no darían a conocer su informe hasta que estuvieran con nosotros nuevamente, pero lo dieron a conocer".
Además, "no sabemos si tienen fundamentadas las cuestiones que han dicho o nada más es porque les dijeron. En derechos humanos tiene que estar probado, para que esté sustentado". Si hubo casos de tortura, advirtió, "tenían que haber ido con la CNDH. Nosotros todavía no tenemos ninguna información al respecto".
Insistió en que la instancia investigadora, cuando se habla de acciones de este tipo, es el organismo citado, al igual que la Procuraduría General de Justicia local. "O sea, ellos son los que deben investigar. Si se dieron estas violaciones (los de la CCIODH) tienen que sustentar y acreditar, pues muchas veces no sólo son violaciones, sino que es algo más, es un delito.
"Nuestra función en la unidad sostuvo es que se respeten los derechos humanos de manera transversal en toda la administración federal. Es muy diferente de la de tarea de la CNDH o de los organismos estatales", indicó.
¿En qué nivel quedaría entonces este informe de esa comisión internacional?
Primero, quisiera hacer algunos comentarios: no es un organismo internacional reconocido y que además tenga una respetabilidad, podríamos decir, como un órgano no gubernamental tipo Amnistía Internacional. Esta más bien es una red de distintas organizaciones que se unieron y dijeron, vamos a ir a ver cómo están los derechos humanos; no están registrados internacionalmente para eso.
No obstante, sostuvo Carmen Díez, "nosotros los atendimos, los recibimos, se les consiguieron algunas citas; les pedimos que no solamente se fueran con un solo sector de la población, sino que hablaran con diferentes, porque sí habían sido afectados muchos en ese movimiento".
Por lo que dicen en su informe, continuó, "tal parece que nada más fueron con un sector, pero no nos han entregado ningún documento, y esperamos que lo hagan". Los acusó de no comunicarse más con Gobernación, para entrevistarse, por segunda ocasión (la primera fue el 2 de enero pasado), con el subsecretario de Gobierno de la dependencia, Abraham González Uyeda.
Sin embargo, la titular de la Unidad de Derechos Humanos se cuidó de señalar que los observadores realizaron una misión diferente a la que planearon desde un inicio. "No podría afirmarlo hasta que no veamos la cuestión. Lo que sí es que nosotros les dimos todas las facilidades y les pedimos que se abocaran también realmente a observar y no tener otro tipo de injerencia".
La Secretaría de Gobernación, sentenció la funcionaria, "actuó de buena voluntad, y vamos a ver los informes, lo que dicen. Nosotros reiteró--les pedimos que vieran a otro tipo de personas, como también les dijo el gobierno de Oaxaca, para que no se viera que eran nada más los que están girando alrededor suyo".
Hay muchos otros actores sociales, continuó, que fueron afectados, "que no participaron ni con la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) ni con el magisterio (sección 22) ni con la administración de Ulises Ruiz y tienen mucho que decir. Les pedimos que los entrevistaran. No sabemos cuál fuel resultado, tampoco los podíamos estar siguiendo, y esperamos que nos entreguen este informe".
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