Inicia SCJN investigación sobre hechos violentos en Atenco y Texcoco
21/02/2007
La Jornada online.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la investigación para determinar si los excesos de violencia y violaciones a los derechos humanos en Texcoco y San Salvador Atenco fueron parte de una estrategia estatal o las circunstancias rebasaron la capacidad de la policía.
Según el engrose de la solicitud de ejercicio de facultad de investigación 3/2006, aprobado por la SCJN, la indagatoria sobre lo ocurrido en esos municipios mexiquenses los días 3 y 4 de mayo de 2006 no deberá centrarse en si hubo dichas violaciones, "pues ya que se tienen por demostradas", pero sí podrían complementarla.
Las investigaciones están dedicadas a determinar las razones por las que las corporaciones policiacas incurrieron en los excesos que ya quedaron demostrados, pues también presumen los ministros de la Corte que pudo haber sido por una deficiente capacitación.
Los ministros de la corte determinaron que sean los magistrados de circuito Jorge Mario Pardo Rebolledo y Sergio Alejandro González Bernabé, los encargados de la investigación a que se refiere esta solicitud, quienes habrán de integrar un equipo de personas que consideren pertinentes para realizar esta diligencia.
Asimismo, contarán con los recursos necesarios para tales efectos, mismos que serán cargados al presupuesto de la corte, pues con ello se pretende determinar la posible existencia de responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas.
De igual forma, la SCJN busca una opinión basada en los hechos y en la investigación de los magistrados, sobre las posibles formas de reparar los daños a quienes sea necesario y que la Suprema Corte establezca criterios sobre los límites de la fuerza pública.
El Tribunal Pleno consideró que si se considera una violación de garantías individuales es grave los hechos que se investigan en el estado de México, pues además tienen un impacto trascendente en la forma de vida de una comunidad, alterándola, ya sea que la violación se presente en perjuicio de una persona o de un grupo de personas.
Los ministros explican en su resolución que "de acuerdo con los antecedentes del caso, y sobre todo con los datos que revela la investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se advierte claramente que los hechos ocurridos en Texcoco y en San Salvador Atenco han trascendido a la vida de esa comunidad".
Agregan que ante la manifestación ilimitada de la fuerza pública de que el Estado dispone, sin cumplir el mandato constitucional y el compromiso internacional de respetar la integridad física y emocional de las personas, los habitantes de Texcoco y San Salvador Atenco vivieron, y algunos aún viven, incertidumbre emocional y jurídica.
En el documento se indica que esa situación tiene además una "consecuente afectación a la forma de vida de esas comunidades, ya que resulta lógico que vivan en la zozobra ante autoridades que ejercen ilimitadamente la fuerza pública, al grado de desconocer los derechos humanos que reconoce nuestro marco jurídico".
Las investigaciones están dedicadas a determinar las razones por las que las corporaciones policiacas incurrieron en los excesos que ya quedaron demostrados, pues también presumen los ministros de la Corte que pudo haber sido por una deficiente capacitación.
Los ministros de la corte determinaron que sean los magistrados de circuito Jorge Mario Pardo Rebolledo y Sergio Alejandro González Bernabé, los encargados de la investigación a que se refiere esta solicitud, quienes habrán de integrar un equipo de personas que consideren pertinentes para realizar esta diligencia.
Asimismo, contarán con los recursos necesarios para tales efectos, mismos que serán cargados al presupuesto de la corte, pues con ello se pretende determinar la posible existencia de responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas.
De igual forma, la SCJN busca una opinión basada en los hechos y en la investigación de los magistrados, sobre las posibles formas de reparar los daños a quienes sea necesario y que la Suprema Corte establezca criterios sobre los límites de la fuerza pública.
El Tribunal Pleno consideró que si se considera una violación de garantías individuales es grave los hechos que se investigan en el estado de México, pues además tienen un impacto trascendente en la forma de vida de una comunidad, alterándola, ya sea que la violación se presente en perjuicio de una persona o de un grupo de personas.
Los ministros explican en su resolución que "de acuerdo con los antecedentes del caso, y sobre todo con los datos que revela la investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se advierte claramente que los hechos ocurridos en Texcoco y en San Salvador Atenco han trascendido a la vida de esa comunidad".
Agregan que ante la manifestación ilimitada de la fuerza pública de que el Estado dispone, sin cumplir el mandato constitucional y el compromiso internacional de respetar la integridad física y emocional de las personas, los habitantes de Texcoco y San Salvador Atenco vivieron, y algunos aún viven, incertidumbre emocional y jurídica.
En el documento se indica que esa situación tiene además una "consecuente afectación a la forma de vida de esas comunidades, ya que resulta lógico que vivan en la zozobra ante autoridades que ejercen ilimitadamente la fuerza pública, al grado de desconocer los derechos humanos que reconoce nuestro marco jurídico".
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Insiste Peña Nieto en minimizar los excesos cometidos en Atenco
ISRAEL DAVILA , JAVIER SALINAS CESAREO / La Jornada
El PRD en el Congreso local plantea liberación de detenidos
Toluca, Mex., 20 de febrero. El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, negó que la violencia y los excesos de los policías en los operativos de Texcoco y Atenco de mayo pasado hayan sido generalizados, y rechazó que la violación de las garantías individuales de los detenidos, hoy acreditada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), haya sido práctica de una estrategia o una orden girada por su administración.
El mandatario estatal recalcó que sólo si la SCJN establece que debe castigar a más uniformados por los excesos cometidos en Atenco, se hará, porque hasta el momento se ha actuado contra todo aquel a quien se le ha acreditado responsabilidad.
Pese a lo dicho por el político priísta, sólo 23 policías están sujetos a procesos penales por abuso de autoridad, de los más de 2 mil que participaron en la incursión policiaca a San Salvador Atenco, y menos de cinco oficiales fueron cesados por tolerar la violencia ejercida por sus subordinados contra los detenidos.
Peña Nieto salió de nuevo en defensa de los operativos del 3 y 4 de mayo pasado en Texcoco y Atenco, respectivamente. "El único objetivo que se tenía con ellos era el reestablecimiento del orden en el municipio y que regresara la tranquilidad social", dijo.
"Respaldaremos la determinación que tome la Suprema Corte, y colaboraremos en su investigación, porque eso nos permitirá deslindar la responsabilidad. Siempre hemos reconocido que en algunos elementos de seguridad hubo excesos, pero no por eso se puede calificar así todo el operativo... sabemos que la Corte hará un juicio objetivo de toda esta actuación", expresó.
Cuestionado sobre la posibilidad de emprender acciones contra Wilfrido Robledo, ex comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal y encargado del operativo en Atenco, por las violaciones a las garantías que acredita no sólo la Corte, sino la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Peña Nieto pidió "no hacer leña del árbol caído".
Hoy mismo, la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local se pronunció por dejar en libertad a todos aquellos detenidos en los operativos de Atenco a quienes se les haya violado sus garantías individuales con la incursión policial, ya que de esta forma se podría resarcir, en parte, el daño que sufrieron.
Domitilo Posadas, vocero del grupo parlamentario, sostuvo que la investigación que debe hacer la SCJN es para saber con detalle a quién se le vulneraron sus derechos, pero sobre todo conocer si se trató de una acción concertada el violar las garantías individuales de los pobladores de aquella demarcación.
Tras la tempestad, el carnaval
Por otra parte, los festejos del tradicional carnaval y el desfile de "arrieros" que se celebran en San Salvador Atenco desde hace más de 100 años, devinieron en un acto de apoyo al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y para exigir la libertad de los 31 presos en los penales de Santiaguito y el Altiplano.
En un ambiente festivo, acompañado de música, los "arrieros" -hombres a caballo con ropa tradicional mexicana- celebraron una parada y mitin, como cada año, frente a la vivienda del dirigente del FPDT, Ignacio del Valle Medina, hoy preso en el Altiplano. La casa permanece cerrada desde el pasado 4 de mayo, luego de que policías federales y estatales la catearon, una vez que los uniformados tomaron el poblado.
Los "arrieros" expresaron su solidaridad con María Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle. "Nosotros estamos con Ignacio, con su familia, y exigimos su libertad. El siempre nos abrió su casa para recibirnos y fue solidario con todos; ahora que está preso no podrá abrirnos su casa, pero sabemos que su corazón sigue abierto para todos los pobladores de Atenco", dijeron.
En respuesta, Trinidad exigió castigo a los culpables de la represión de mayo del año pasado, y exhortó a los habitantes a mantener una lucha permanente en defensa de sus tradiciones y la tierra, así como en busca de la libertad de los presos.
Denunció que en días recientes los miembros del FPDT han sido objeto de una serie de hostigamientos por parte de un grupo de priístas que, avalados por el alcalde perredista Saúl Nopaltitla, pretenden apoderarse de la delegación de gobierno municipal en Atenco y del consejo de participación ciudadana.
Recordó también que muchas familias se encuentran exiliadas de Atenco por la persecución policiaca de la que son objeto, y que no ha cesado desde mayo anterior.
"Estamos esperando que la comisión que nombró la Corte comience su investigación. Si dice en verdad lo que ocurrió en Atenco y si llega hasta las últimas consecuencias, estarían dejando en libertad a nuestros compañeros y después castigarían a quienes catearon nuestros domicilios, violaron, torturaron y mataron; tendrían que irse en contra de los que ordenaron la represión.
"Eso es lo que esperamos de la Corte; si no lo hace, pues dejaríamos de confiar en las instituciones. Es un momento histórico para que la SCJN demuestre que en verdad hace justicia. Nosotros sabemos quiénes son los responsables, de eso no hay duda", dijo.
Toluca, Mex., 20 de febrero. El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, negó que la violencia y los excesos de los policías en los operativos de Texcoco y Atenco de mayo pasado hayan sido generalizados, y rechazó que la violación de las garantías individuales de los detenidos, hoy acreditada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), haya sido práctica de una estrategia o una orden girada por su administración.
El mandatario estatal recalcó que sólo si la SCJN establece que debe castigar a más uniformados por los excesos cometidos en Atenco, se hará, porque hasta el momento se ha actuado contra todo aquel a quien se le ha acreditado responsabilidad.
Pese a lo dicho por el político priísta, sólo 23 policías están sujetos a procesos penales por abuso de autoridad, de los más de 2 mil que participaron en la incursión policiaca a San Salvador Atenco, y menos de cinco oficiales fueron cesados por tolerar la violencia ejercida por sus subordinados contra los detenidos.
Peña Nieto salió de nuevo en defensa de los operativos del 3 y 4 de mayo pasado en Texcoco y Atenco, respectivamente. "El único objetivo que se tenía con ellos era el reestablecimiento del orden en el municipio y que regresara la tranquilidad social", dijo.
"Respaldaremos la determinación que tome la Suprema Corte, y colaboraremos en su investigación, porque eso nos permitirá deslindar la responsabilidad. Siempre hemos reconocido que en algunos elementos de seguridad hubo excesos, pero no por eso se puede calificar así todo el operativo... sabemos que la Corte hará un juicio objetivo de toda esta actuación", expresó.
Cuestionado sobre la posibilidad de emprender acciones contra Wilfrido Robledo, ex comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal y encargado del operativo en Atenco, por las violaciones a las garantías que acredita no sólo la Corte, sino la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Peña Nieto pidió "no hacer leña del árbol caído".
Hoy mismo, la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local se pronunció por dejar en libertad a todos aquellos detenidos en los operativos de Atenco a quienes se les haya violado sus garantías individuales con la incursión policial, ya que de esta forma se podría resarcir, en parte, el daño que sufrieron.
Domitilo Posadas, vocero del grupo parlamentario, sostuvo que la investigación que debe hacer la SCJN es para saber con detalle a quién se le vulneraron sus derechos, pero sobre todo conocer si se trató de una acción concertada el violar las garantías individuales de los pobladores de aquella demarcación.
Tras la tempestad, el carnaval
Por otra parte, los festejos del tradicional carnaval y el desfile de "arrieros" que se celebran en San Salvador Atenco desde hace más de 100 años, devinieron en un acto de apoyo al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y para exigir la libertad de los 31 presos en los penales de Santiaguito y el Altiplano.
En un ambiente festivo, acompañado de música, los "arrieros" -hombres a caballo con ropa tradicional mexicana- celebraron una parada y mitin, como cada año, frente a la vivienda del dirigente del FPDT, Ignacio del Valle Medina, hoy preso en el Altiplano. La casa permanece cerrada desde el pasado 4 de mayo, luego de que policías federales y estatales la catearon, una vez que los uniformados tomaron el poblado.
Los "arrieros" expresaron su solidaridad con María Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle. "Nosotros estamos con Ignacio, con su familia, y exigimos su libertad. El siempre nos abrió su casa para recibirnos y fue solidario con todos; ahora que está preso no podrá abrirnos su casa, pero sabemos que su corazón sigue abierto para todos los pobladores de Atenco", dijeron.
En respuesta, Trinidad exigió castigo a los culpables de la represión de mayo del año pasado, y exhortó a los habitantes a mantener una lucha permanente en defensa de sus tradiciones y la tierra, así como en busca de la libertad de los presos.
Denunció que en días recientes los miembros del FPDT han sido objeto de una serie de hostigamientos por parte de un grupo de priístas que, avalados por el alcalde perredista Saúl Nopaltitla, pretenden apoderarse de la delegación de gobierno municipal en Atenco y del consejo de participación ciudadana.
Recordó también que muchas familias se encuentran exiliadas de Atenco por la persecución policiaca de la que son objeto, y que no ha cesado desde mayo anterior.
"Estamos esperando que la comisión que nombró la Corte comience su investigación. Si dice en verdad lo que ocurrió en Atenco y si llega hasta las últimas consecuencias, estarían dejando en libertad a nuestros compañeros y después castigarían a quienes catearon nuestros domicilios, violaron, torturaron y mataron; tendrían que irse en contra de los que ordenaron la represión.
"Eso es lo que esperamos de la Corte; si no lo hace, pues dejaríamos de confiar en las instituciones. Es un momento histórico para que la SCJN demuestre que en verdad hace justicia. Nosotros sabemos quiénes son los responsables, de eso no hay duda", dijo.
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