Denuncian que Ulises Ruiz persiste en su persecución política contra opositores
De última hora, dictan auto de formal prisión a dirigente que estaba a punto de ser liberado
Oaxaca, Oax., 17 de abril. Marcelino Coache Verano, consejero estatal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), detenido en diciembre pasado, ganó un amparo de la justicia federal y quedó en libertad del proceso penal que en su contra le seguía la justicia estatal por los delitos de sedición, asociación delictuosa y daños por incendio, a causa de un enfrentamiento con la Policía Federal Preventiva (PFP) en noviembre pasado.
Pero antes de que saliera del penal de Cosolapa, el sábado anterior, al también dirigente del Sindicato Libre de Trabajadores del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez le fue dictado un nuevo auto de formal prisión derivado de la reclasificación de los delitos que hizo un juez local, a petición de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), y de nuevo quedó formalmente preso.
Esta es una clara muestra de la persecución política del gobierno de Ulises Ruiz contra quienes piensan diferente y luchan con el pueblo, afirmó Florentino López Martínez, uno de los voceros de la APPO, durante una conferencia de prensa que ofreció con la esposa del detenido, Reina Rivera Torres.
Después de ser detenido en diciembre pasado en la ciudad de México, junto con los hermanos Flavio y Horacio Sosa Villavicencio, Coache Verano fue internado en el penal regional de Cosolapa para ser procesado a partir del expediente 27/2007 por los delitos mencionados, derivados del incendio del Banco Nacional de México, el hotel Camino Real, la Agencia de Viajes Mexicana y el Grupo Artesanal Indígena Jini Ñuu, Sociedad de Solidaridad Social.
Antes de la obtención del amparo por parte de Poder Judicial de la Federación (PJF), la justicia local había otorgado la libertad caucional mediante el pago de una fianza de 44 millones de pesos.
En la reclasificación de los delitos, en el mismo expediente, el dirigente sindical está acusado de rebelión en agravio del gobierno estatal; resistencia de particulares: ataques a las vías generales de comunicación en agravio de la sociedad, ataques peligrosos cometidos contra elementos de la PFP, y delitos cometidos contra funcionarios públicos, sin que se precisen quiénes son.
López Martínez dijo que la determinación del juzgado mixto de primera instancia de Ocotlán de Morelos, distrito de Oaxaca, "violenta las garantías individuales y los derechos humanos" de Coache Moreno, porque le impide gozar de su libertad ganada en los tribunales, al comprobarse que no tuvo ninguna responsabilidad en los delitos imputados.
"El amparo de la justicia federal prueba que ningún compañero del movimiento popular participó en los incendios; el gobierno, sus sicarios y policías fueron los autores", señaló.
Manifestó su temor de que la justicia local "aplique el mismo patrón" a los demás miembros de la APPO encarcelados, una vez obtenido el amparo y la protección del PJF contra los "procesos judiciales amañados".
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