La Parota, Guerrero: Persiste el gobierno en confrontar a los pueblos

 

foto. Militar intimidando a mujeres tlapanecas de la comunidad Caxitepec municipio de Acatepec

 

 

C E C O P

23 de abril de 2007

* Declara el TUA ilegal la asamblea de Cacahuatepec, en la que se aprobó la presa sin la participación de los opositores.
* Auspiciado por la CFE y el gobierno de Guerrero, el comisariado que no reconocen los opositores convoca a otra asamblea para el 6 de mayo pero con los mismos vicios de la que fue anulada.
* Una asamblea en el marco de la Ley Agraria no significa una consulta.
* Sólo provocaría más confrontación en los pueblos, divididos hoy por el megaproyecto que impulsa el presidente Felipe Calderón y el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.

Chilpancingo, Guerrero, México, lunes 23 de abril, 2007.- El 30 de marzo del presente año, el Tribunal Unitario Agrario (TUA) con residencia en Acapulco, Guerrero, emitió sentencia sobre el juicio 447/2005, relativo a los Bienes Comunales de Cacahuatepec, resolviendo a favor de los campesinos opositores al proyecto hidroeléctrico La Parota.

Por medio del veredicto del TUA, se anula el acta de asamblea de fecha 23 de agosto del 2005, así como todos los convenios, acuerdos o actos jurídicos que como consecuencia de la misma se hayan suscrito. Es de suma importancia esta resolución pues no podemos olvidar que por el acta de asamblea del 23 de agosto del 2005, supuestamente los campesinos autorizaban a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para expropiar sus tierras que serían destinadas al embalse de la presa hidroeléctrica.

Con esta sentencia se reafirma que ni el gobierno estatal ni el federal cuentan con autorización alguna para ingresar a los terrenos comunales de Cacahuatepec y que todo acto en contravención es nulo de pleno derecho y responde a una apuesta por la confrontación.

Es importante mencionar que a pesar de la resolución antes mencionada que se notificó formalmente al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota y Tlachinollan apenas hace algunos días, a la fecha el Comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec, Jesús Crisanto, desde luego auspiciado por la CFE y el Gobierno de Guerrero, ya emitió nueva convocatoria para Asamblea General de Comuneros para el día 06 de mayo del 2007 en la que según el orden del día se tratará de nueva cuenta la anuencia para la expropiación de las tierras destinadas a la presa La Parota.

Esta nueva convocatoria, causa fuerte preocupación tanto al CECOP como Tlachinollan, en virtud de que consideramos que es un mecanismo para generar confrontación y violencia entre los campesinos, tal como sucedió justamente en el año del 2005.

Asimismo, consideramos que es evidente que el mecanismo agrario no es el adecuado para efectuar una consulta real de los campesinos y campesinas que serían afectados por el proyecto hidroeléctrico, en principio de cuentas por que sólo tienen derecho a participar los comuneros que legalmente está reconocidos en el padrón correspondiente, el cual asciende a 7,286 comuneros que es un número que en todo caso sólo representaría al 10% de quienes serían afectados por la presa, pues los bienes comunales de Cacahuatepec, de acuerdo con las cifras oficiales del INEGI cuenta con más de 43 mil habitantes.

Como se pues observar se trata de un mecanismo que excluye de primera mano a quienes no tienen la calidad de comuneros y subsecuentemente a la mayoría de los campesinos, campesinas, posesionarios, avecindados, jóvenes, niños, etc, que serán afectados directamente por el desplazamiento forzoso e indirectamente por la descertificación de sus tierras.

En función de lo anterior, nos parece realmente crítico que el Comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec, la Comisión Federal de Electricidad, y el gobierno de Guerrero, sigan apostando a este tipo de acciones, a través de las cuales sólo pretenden justificar que consultan a la gente, sin embargo resultan ser un mecanismo más de imposición al proyecto.

No podemos olvidar que en el año 2005, las asambleas de comuneros y ejidatarios que ilegalmente se desarrollaron en San Marcos el 23 de agosto del 2005 (respecto al núcleo agrario de Cacahuatepec), en Tierra Colorada el 16 de diciembre del 2005 (respecto al núcleo agrario de Dos Arroyos), en el poblado denominado Kilómetro 21 el 27 de diciembre del 2005 (respecto al núcleo agrario de Los Huajes) y en La Palma el mismo 27 de diciembre del 2005 (respecto del núcleo agrario de La Palma), generaron brotes de violencia graves, debido a que el gobierno estatal que encabeza Zeferino Torreblanca envío a sus cuerpos policiacos para impedir la participación de los campesinos opositores.

Es por ello, que la actual convocatoria a asamblea general de comuneros para el día 06 de mayo del 2007, debe entenderse como una llamado a la provocación, más aún cuando el Tribunal Unitario Agrario ya declaró nula la anterior asamblea y el mecanismo agrario no es el adecuado para consultar realmente a quienes serían afectados por la presa.

Por lo anteriormente expuesto, el día de hoy los comuneros opositores del núcleo agrario de Cacahuatepec, interpusimos una demanda de nulidad en materia agraria ante el Tribunal Unitario Agrario con residencia en Acapulco, Guerrero, solicitándole suspenda la celebración de la asamblea de comuneros convocada para el día 6 de mayo del 2007 en el poblado de San Juan Grande, Municipio de San Marcos, Guerrero, justamente por tratarse de una convocatoria al margen de la ley en virtud de que el propio TUA ya decretó la nulidad del acta de asamblea del 23 de agosto del 2005 y por ser en realidad un mecanismos más de imposición del proyecto hidroeléctrico.

Es preciso destacar que incluso la ilegalidad de la supuesta convocatoria para la asamblea de comuneros de fecha 06 de mayo, se acredita en virtud de que los comuneros opositores al proyecto hidroeléctrico La Parota, están siendo nuevamente víctimas de la exclusión, pues en las comunidades con mayor número de opositores no se ha fijado la convocatoria, de lo cual dio fe pública el notario número uno con sede en Chilpancingo, Guerrero, Lic. Juan Pablo Córova y Leyva, quien se apersonó en más de cinco comunidades advirtiendo en su testimonio notarial la inexistencia de toda convocatoria para asamblea general de comunero.

La demanda interpuesta por los opositores da cuenta una vez más que ha sido el CECOP quien sistemáticamente ha recurrido a las vías legales para hacer valer sus derechos y contrario a ello la CFE y el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo se empeñan en acudir a actos ilegales y que sólo buscan generar violencia entre los campesinos bajo el fin último de imponer a toda costa el proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota.

Muestra clara de lo anterior resulta no sólo la convocatoria para la supuesta asamblea de fecha 6 de mayo, sino que también la reciente detención del integrante del CECOP Rodolfo Chávez Galindo, quien fue privado ilegalmente de su libertad por elementos de la Procuraduría de Guerrero, quienes los trasladaron al CERESO de Acapulco a pesar de no existir orden de captura en su contra.

La privación ilegal de la libertad sufrida por Chávez Galindo, da cuenta que otro de los mecanismos utilizados por la administración de Torreblanca Galindo para imponer el proyecto hidroeléctrico, es la criminalización del movimiento opositor, incurriendo en violaciones flagrantes a los derechos humanos civiles y políticos.

En virtud de lo anteriormente señalado una vez más el CECOP recurre a la vía legal para exigir el respeto a los derechos individuales y colectivos de los comuneros y se declara en resistencia civil, así como en defensa permanente con el objeto de impedir que se repita la consumación de actos del todo ilegales como lo fue la asamblea de fecha 23 de agosto del 2005, de San Marcos, Guerrero.

Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” AC. 

 

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Grerrero: Informe con restricción de garantías 

 

C D H M. Tlachinollan A. C.

23 de abril de 2007

A la ciudadanía tlapaneca nos preocupa que el Ejecutivo estatal, con el pretexto de presentar su informe en la región de La Montaña envíe la avanzada policiaca para restringir de paso las garantías del libre tránsito, libre creencia, libre manifestación y libre comercio, acordonando con vallas metálicas las principales calles del Centro de la cabecera municipal, desde el sábado por la noche.

Este domingo despertamos con la novedad de que el cerco policiaco empezaba a restringir el libre tránsito a los comerciantes y amas de casa que desde muy temprano acuden al mercado central para vender y comprar los insumos de la comida del día; los creyentes (que en su mayoría son adultos mayores) y que acostumbran escuchar las misas de 7 y 8 de la mañana cada domingo en la catedral, se vieron obligados a regresar a sus casas al toparse con las vallas metálicas (que a esas horas los policías tenían órdenes de no dejar pasar a nadie); los sacristanes, tuvieron que rodear varias cuadras de la catedral hasta dar con un policía, que después de ruegos y explicaciones, les permitió pasar la valla para abrir la Iglesia y llamar a misa.
Asimismo, la población indígena que llega muy de mañana caminando o en las camionetas pasajeras de redilas les fue restringido el paso en las primeras horas de la mañana para vender sus productos agrícolas y comprar lo de la semana para la escuela y la casa; a los niños indígenas que trabajan como boleros y vendedores de chicles en el zócalo para apoyar económicamente a sus familias fueron desplazados de sus espacios para colocar las mamparas alrededor del único centro de descanso y esparcimiento; a las decenas de vendedores ambulantes que aprovechan el día del tianguis para ofrecer sus escasos productos a los paseantes que descansan en el Zócalo, se les negó su ingreso con la amenaza latente de incautarles su mercancía, como de manera prepotente lo hace el personal de reglamentos apoyados por policías del Ayuntamiento.
En tanto que a los orfebres, se les impidió tender su mercancía y se les obligó a mover sus puestos para dejar libre el paso a la nueva burocracia y así permitir que la autoridad municipal presentara una imagen diferente del centro histórico de Tlapa, con edificios públicos agrietados y empolvados. El único puesto de revistas y periódicos al que tenemos acceso los habitantes de La Montaña, para medio informarnos a través de la prensa escrita, fue movido a la comandancia municipal y al mismo tiempo fue suspendida su venta.

Los dos sitios de taxis de la calle Fonseca y Elpidio Cortés Piza los sacaron del primer cuadro de la ciudad, y hasta la memorable mesa de resistencia civil instalada desde hace ocho años por perredistas de hueso colorado, (y que fue parte del resultado del movimiento de resistencia civil emprendido por Félix Salgado, cuando fue candidato a gobernador) fue sacada del zócalo para no desentonar o afear el nuevo escenario del gobierno del cambio. Los mismos residentes de las calles acordonadas tenían que acreditar su domicilio y explicar el motivo de su entrada al área restringida, sobre todo los que viven en la calle Fonseca, donde se instaló el templete.
Como a las 2 de la tarde dio inició la revisión a las personas que consideraban sospechosas y que caminaban por la calle Elpidio Cortés con dirección al Zócalo, para cerciorarse de que no llevaban algún material para protestar o para agredir a los funcionarios o al gobernador.

En la mañana corrió el rumor que llegaría un gran contingente de Antorcha Campesina y que por la tarde estarían varios miembros de organizaciones sociales y de colonos para protestar y exigir el cumplimiento de varias demandas rezagadas. Como a las 7 de la noche llegó un grupo de antorchistas que marcharon del hospital general y se apostaron frente a las vallas que se colocaron en la calles de Fonseca y Guerrero, a una cuadra del Zócalo.
Por su parte, los policías antimotines se preparaban dentro del auditorio municipal, para enfrentar cualquier intento de sabotaje ciudadano. A las 8 de la noche todo estaba bajo control para que el gobernador entrara sin ningún riesgo ni atisbo de protesta por parte de algún grupo inconforme. A su arribo sólo se alcanzó a ver una manta de los trabajadores del centro de salud de Tlapa que exigen la construcción de sus edificios.
Como ya se volvió costumbre en este gobierno municipal de Tlapa, fueron los trabajadores de limpia y los policías (que son mayoritariamente indígenas y a quienes el presidente
municipal les sigue adeudando mil pesos de la segunda parte de su aguinaldo) los que se encargaron de limpiar las partes más sucias del Jale y del río, los que barrieron las polvorientas calles y el Zócalo en horas ajenas a su horario (que no les son retribuidas ni pagadas y sin permitirles almorzar), para presentar por un instante la imagen ficticia del Tlapa limpio.

A pesar de estar en el corazón de La Montaña, la región pluricultural del estado, donde se gestan varias experiencias inéditas en cuanto a la reivindicación de los derechos colectivos de los pueblos Me pha, Tuun Savi y Nauas, en las mamparas gigantes colocadas por los empleados de las dependencias públicas, no hubo nada que hablara y reivindicara la cultura y los derechos de los pueblos, tampoco aparecieron mensajes en lengua materna, ni hubo intentos de traducirle a la gente los datos fríos y abstractos que ahí aparecen en español.

Todo fue presentado de manera espectacular, pero de un modo impersonal, unilineal y monocultural, sin que se viera el interés por informar. Se trató de una exhibición de estadísticas que no resolvieron las dudas e inquietudes de la gente bilingüe, que tímidamente se acercó a mirar y a tratar de ver si por ahí aparecía alguna información favorable para su comunidad. Lo contrastante de esta iniciativa es que la información de las dependencias no se pudo conocer bien porque estaba la restricción del paso libre al zócalo y porque terminaron tarde de instalar todas las mamparas.
Para las autoridades estatales comandadas por el Ejecutivo estatal la realidad de Guerrero luce mejor en pantalla gigante; porque apantalla más, genera más status, es sumamente cómodo y facilita la comunicación masiva.El escenario virtual, construido para los informes regionales y vigilados por las corporaciones policiacas, es una gran oportunidad del gobierno estatal para presentar de manera espectacular a los protagonistas del “cambio”.
En estas proyecciones la misma realidad luce más estética, aparece inofensiva, facilita la manipulación de la imagen y la palabra y, lo mejor de todo, permite tener a un público cautivo y expectante, deseoso de saludar al nuevo líder político rodeado de fans, seleccionadas para vitorear cualquier anuncio espectacular y para darle un ambiente de júbilo.
Ante la falta de un arraigo profundo en las causas del pueblo, ahora es muy socorrida la “política espectáculo” como un recurso eficiente y de resultados inmediatos para gobiernos ávidos de popularidad que tienen como mayor prioridad el rating. Los ciudadanos somos meros espectadores de la trama política, consumidores de la “mercancía-política” empaquetada ahora en imágenes.
En estos escenarios no hay tiempo para la reflexión y el análisis de los problemas estructurales, lo importante son las estadísticas macroeconómicas y los compromisos abstractos, sin un acercamiento a los dolores y sufrimientos de los sujetos olvidados, que tienen nombres propios y cuentan con problemas reales. En esta modalidad la radiografía de los males que aquejan a los pueblos se ven desde lejos y de arriba para abajo.Hoy, a pocos días de que las comunidades indígenas suban a los cerros sagrados a pedir el agua a San Marcos (el Dios de la Lluvia), los productores no encuentran una palabra de aliento por parte del gobierno que les asegure que tendrán créditos para estimular la siembra del maíz que es precaria. No hay posibilidades en el corto plazo para apostarle a la autosuficiencia alimentaria, para hacer frente a la desnutrición y a la muerte materno-infantil de las familias más pobres de La Montaña. La preocupación de muchos indígenas de la tercera edad es que empiezan a ser relegados del padrón de los
beneficiarios del biofertilizante, que además es un padrón que cada año se reduce en lugar de ampliarse, por órdenes superiores.
Los conflictos agrarios no son percibidos como un tema prioritario por parte del gobierno del Estado, como para promover la reconciliación de los pueblos y buscar salidas efectivas que deben salir de los mismos comuneros y ejidatarios, con el apoyo de las autoridades competentes. Los conflictos religiosos que cada día crecen más en las comunidades no son atendidos con prontitud y es un asunto que no les interesa atender y prevenir a las autoridades municipales, tampoco existe disposición para coordinarse con la Subsecretaría de Asuntos Religiosos. Se ha dejado que las mayorías religiosas decidan el destino cruento que les depara a los disidentes, que por lo regular son amenazados con quitarles sus parcelas u otras propiedades o son expulsados de la comunidad.
El no acceso a la justicia del Estado por parte de la población indígena es una de las grandes deudas e inconsistencias que no ha podido garantizar el gobierno del estado para que haya condiciones de equidad, respeto, atención, gratuidad y prontitud. Esta situación alienta la justicia por propia mano, la inseguridad y la corrupción.
Los jornaleros agrícolas siguen siendo un sector descuidado por las instituciones y su atención se hace de manera descoordinada y sin tomar en cuenta los problemas de fondo, que por desgracia cobra muchas víctimas, siendo en su mayoría niños y mujeres.
La defensa de los derechos de los pueblos indígenas debe ser la piedra angular de un gobierno democrático que en realidad quiera atacar las causas de la pobreza extrema, la discriminación y la anomia. Sin el respeto a los derechos humanos no habrá justicia, democracia, seguridad y paz en nuestro estado.
 

by. http://www.tlachinollan.org & Indymedia Chiapas.