Edomex: justicia ¡ya! para Aldo Zamora
Greenpeace México
31 de mayo, 2007
En esta demostración pacífica también participaron Ildefonso Zamora, padre de Aldo, y otros comuneros de San Juan Atzingo. En cada una de las dependencias los activistas, entregaron cuatro esposas y una carta en la que demandaron al gobernador Enrique Peña Nieto y al procurador Abel Villicaña Estrada, respectivamente, que tomen medidas para detener inmediatamente a los asesinos de Aldo Zamora y que no quede impune este crimen cometido el pasado 15 de mayo en Santa Lucía, Ocuilan, Estado de México.
Cabe destacar que los cuatro talamontes fueron plenamente identificados desde el momento de la agresión por los acompañantes de Aldo, entre ellos su hermano Misael, herido durante el ataque.
Para Greenpeace resulta muy preocupante la pasividad con la que están actuando las autoridades estatales. Por ejemplo, el día de la agresión el ministerio público de Tenancingo fue notificado, pero tardó 24 horas en trasladarse al lugar donde Aldo fue asesinado, para recoger evidencia e iniciar la averiguación previa TENA/III/690/2007. Así mismo, la Procuraduría estatal dejó pasar 9 días para liberar las órdenes de aprehensión, a pesar de que, de acuerdo con el Código Penal de la entidad existía flagrancia y urgencia (ver anexo), por lo que no requería una orden de aprehensión para detener a los responsables.
“Apenas el pasado 24 de mayo se emitieron las órdenes de aprehensión, pero ya pasó otra semana y no han sido capturados. Los responsables del asesinato y de acabar con el bosque están identificados, las órdenes de aprehensión están listas y los días siguen corriendo. ¿Qué esperan para actuar? Cada día que pasa es una señal negativa, es una señal de que en esta entidad es posible delinquir, destruir el patrimonio natural y, peor aún, matar a quienes defienden los bosques y no pasa nada”, señaló Héctor Magallón, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace México.
Desde 1998, Ildefonso Zamora (padre de Aldo) y los comuneros de San Juan Atzingo han denunciado la tala ilegal y desmedida de los bosques de su comunidad en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala (PNLZ) y sus alrededores, sin que hasta la fecha haya una respuesta efectiva de las autoridades para detener esta situación. Por este motivo, Ildefonso ha sido objeto de múltiples amenazas por parte de los talamontes.
“Mi hijo Aldo pagó con su vida la defensa de los bosques de nuestra comunidad. Las autoridades ya sabían que la familia Encarnación nos amenazaba y no se hizo nada; ahora temo por mi seguridad, la de mi familia y la de los comuneros que estamos en esta lucha. Todos los que hemos luchado por detener la destrucción de estos bosques hemos sido amenazados por talamontes como los que mataron a mi hijo. ¡Pero no nos vamos a echar para atrás, exigimos justicia y protección de las autoridades!”, señaló Ildefonso Zamora, presidente de bienes comunales de San Juan Atzingo.
De acuerdo con la Profepa, el PNLZ es considerado una de las 15 zonas críticas que en conjunto albergan 60 por ciento de la tala ilegal en el país. Análisis preliminares hechos por Greenpeace y la comunidad de San Juan Atzingo, muestran que los talamontes han deforestado completamente más de 250 hectáreas de bosques de oyamel y afectado una zona de más de tres mil hectáreas.
“Greenpeace ha insistido en diversas ocasiones en que esta región forma parte del Gran Bosque de Agua, ya que alberga el dos por ciento de la biodiversidad mundial y es la fuente principal de captura de agua para los acuíferos que abastecen a la región central de México, la más poblada del país. La destrucción de estos bosques contribuye a que sean más severos los impactos del cambio climático en esta zona”, finalizó Magallón.
Es importante destacar que ayer 30 de mayo, la Comisión Permanente de Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo presentado por la fracción parlamentaria del PRD en relación al caso de Aldo Zamora. En este punto “se exhorta al Gobierno Federal y al del Estado de México para que se esclarezca, detenga y castigue a los responsables del homicidio de Aldo Zamora, defensor de los bosques que forman parte del Parque Nacional Lagunas de Zempoala”. (1)
Así mismo, Greenpeace seguirá exigiendo a las autoridades estatales y federales “tolerancia cero” para los talamontes, justicia para Aldo Zamora, así como protección para los comuneros y sus familias, que resguardan el Gran Bosque de Agua.
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MEXICO:
Artículo 108.- Tan luego como los servidores públicos encargados de practicar diligencias de averiguación previa tengan conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, dictarán todas las providencias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas; para impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho delictuoso y los instrumentos o cosas, objeto o efectos del mismo; para saber qué personas fueron testigos del hecho y en general, impedir que se dificulte la averiguación y, en los casos de flagrante delito, para asegurar a los responsables.
Artículo 141.- El Ministerio Público, bajo su responsabilidad, al practicar diligencias de averiguación previa, está obligado a proceder a la retención o, en su caso, detención material de los indiciados en un hecho posiblemente constitutivo de delito, sin necesidad de orden judicial, en los casos siguientes:
I. En caso de flagrancia; o
II. En casos urgentes.
Artículo 142.- Se equipara a la existencia de flagrancia, cuando la persona es señalada como responsable por la víctima, algún testigo presencial de los hechos, o por quien hubiera participado con ella en su comisión...
Artículo 143.- Habrá caso urgente, cuando concurran las siguientes circunstancias:
II. Exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, entendiéndose por tal cuando, en atención a las circunstancias personales del indiciado, sus antecedentes penales, sus posibilidades de ocultarse para no ser sorprendido al tratar de abandonar el ámbito territorial de jurisdicción de la autoridad que estuviere conociendo del hecho, o en general, a cualquier indicio que haga presumir fundadamente que pueda sustraerse a la acción de la justicia...
Cabe destacar que los cuatro talamontes fueron plenamente identificados desde el momento de la agresión por los acompañantes de Aldo, entre ellos su hermano Misael, herido durante el ataque.
Para Greenpeace resulta muy preocupante la pasividad con la que están actuando las autoridades estatales. Por ejemplo, el día de la agresión el ministerio público de Tenancingo fue notificado, pero tardó 24 horas en trasladarse al lugar donde Aldo fue asesinado, para recoger evidencia e iniciar la averiguación previa TENA/III/690/2007. Así mismo, la Procuraduría estatal dejó pasar 9 días para liberar las órdenes de aprehensión, a pesar de que, de acuerdo con el Código Penal de la entidad existía flagrancia y urgencia (ver anexo), por lo que no requería una orden de aprehensión para detener a los responsables.
“Apenas el pasado 24 de mayo se emitieron las órdenes de aprehensión, pero ya pasó otra semana y no han sido capturados. Los responsables del asesinato y de acabar con el bosque están identificados, las órdenes de aprehensión están listas y los días siguen corriendo. ¿Qué esperan para actuar? Cada día que pasa es una señal negativa, es una señal de que en esta entidad es posible delinquir, destruir el patrimonio natural y, peor aún, matar a quienes defienden los bosques y no pasa nada”, señaló Héctor Magallón, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace México.
Desde 1998, Ildefonso Zamora (padre de Aldo) y los comuneros de San Juan Atzingo han denunciado la tala ilegal y desmedida de los bosques de su comunidad en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala (PNLZ) y sus alrededores, sin que hasta la fecha haya una respuesta efectiva de las autoridades para detener esta situación. Por este motivo, Ildefonso ha sido objeto de múltiples amenazas por parte de los talamontes.
“Mi hijo Aldo pagó con su vida la defensa de los bosques de nuestra comunidad. Las autoridades ya sabían que la familia Encarnación nos amenazaba y no se hizo nada; ahora temo por mi seguridad, la de mi familia y la de los comuneros que estamos en esta lucha. Todos los que hemos luchado por detener la destrucción de estos bosques hemos sido amenazados por talamontes como los que mataron a mi hijo. ¡Pero no nos vamos a echar para atrás, exigimos justicia y protección de las autoridades!”, señaló Ildefonso Zamora, presidente de bienes comunales de San Juan Atzingo.
De acuerdo con la Profepa, el PNLZ es considerado una de las 15 zonas críticas que en conjunto albergan 60 por ciento de la tala ilegal en el país. Análisis preliminares hechos por Greenpeace y la comunidad de San Juan Atzingo, muestran que los talamontes han deforestado completamente más de 250 hectáreas de bosques de oyamel y afectado una zona de más de tres mil hectáreas.
“Greenpeace ha insistido en diversas ocasiones en que esta región forma parte del Gran Bosque de Agua, ya que alberga el dos por ciento de la biodiversidad mundial y es la fuente principal de captura de agua para los acuíferos que abastecen a la región central de México, la más poblada del país. La destrucción de estos bosques contribuye a que sean más severos los impactos del cambio climático en esta zona”, finalizó Magallón.
Es importante destacar que ayer 30 de mayo, la Comisión Permanente de Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo presentado por la fracción parlamentaria del PRD en relación al caso de Aldo Zamora. En este punto “se exhorta al Gobierno Federal y al del Estado de México para que se esclarezca, detenga y castigue a los responsables del homicidio de Aldo Zamora, defensor de los bosques que forman parte del Parque Nacional Lagunas de Zempoala”. (1)
Así mismo, Greenpeace seguirá exigiendo a las autoridades estatales y federales “tolerancia cero” para los talamontes, justicia para Aldo Zamora, así como protección para los comuneros y sus familias, que resguardan el Gran Bosque de Agua.
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MEXICO:
Artículo 108.- Tan luego como los servidores públicos encargados de practicar diligencias de averiguación previa tengan conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, dictarán todas las providencias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas; para impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho delictuoso y los instrumentos o cosas, objeto o efectos del mismo; para saber qué personas fueron testigos del hecho y en general, impedir que se dificulte la averiguación y, en los casos de flagrante delito, para asegurar a los responsables.
Artículo 141.- El Ministerio Público, bajo su responsabilidad, al practicar diligencias de averiguación previa, está obligado a proceder a la retención o, en su caso, detención material de los indiciados en un hecho posiblemente constitutivo de delito, sin necesidad de orden judicial, en los casos siguientes:
I. En caso de flagrancia; o
II. En casos urgentes.
Artículo 142.- Se equipara a la existencia de flagrancia, cuando la persona es señalada como responsable por la víctima, algún testigo presencial de los hechos, o por quien hubiera participado con ella en su comisión...
Artículo 143.- Habrá caso urgente, cuando concurran las siguientes circunstancias:
II. Exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, entendiéndose por tal cuando, en atención a las circunstancias personales del indiciado, sus antecedentes penales, sus posibilidades de ocultarse para no ser sorprendido al tratar de abandonar el ámbito territorial de jurisdicción de la autoridad que estuviere conociendo del hecho, o en general, a cualquier indicio que haga presumir fundadamente que pueda sustraerse a la acción de la justicia...
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