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Documenta la CDDH ofensiva del gobierno contra luchadores sociales

 

En Veracruz 10 campesinos nahuas fueron vejados por policías y permanecen en prisión

Las autoridades inventan delitos y maltratan a los activistas de forma sistemática, afirma

HERMANN BELLINGHAUSEN / La Jornada

 

"Golpeados e interrogados en presencia de los mismos policías que los habían trasladado a garrotazos, patadas y amenazas de muerte", según documentó la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos (CDDH), los diez campesinos nahuas capturados por la policía estatal de Veracruz en el poblado Diez de Junio, Ixhuatlán de Madero, Veracruz, el 14 de junio, fueron confinados en el penal de alta seguridad de Villa Aldama e interrogados sin traductor de su lengua.

Por su parte, en entrevista radiofónica para el programa dominical La otra campaña, Privilegiando el oído, en la difusora XEYT (Radio Teocelo), Ana María Vera Cid, de la misma CDDH y defensora de los campesinos, miembros de la organización Dorados de Villa y de la otra campaña, señaló que en todo el país es común que a los luchadores sociales les inventen delitos, y que sólo se cumplen ciertos formalismos legales pero el estado de derecho no es respetado por el aparato judicial. Y relata: "el 18 de junio tuvimos la primera oportunidad de entrar al penal. Hasta entonces sólo se sabía que ahí estaban diez personas. Pudimos platicar con cada una, en condiciones adversas. A través de un plástico grueso y unos agujeritos por donde pasa la voz, sin posibilidad de mayor contacto humano. Uno de ellos tiene una bala en el glúteo. Todos fueron golpeados, unos con heridas en la cara. Algunos lograban abrirse un poco la ropa para mostrar moretones y costras. No sabíamos a disposición de qué juez estaban. Nos dicen que del de Chicontepec. Pero estábamos en Villa Aldama. Habían mandado el exhorto de Chicontepec a Jalacingo. En Jalacingo me dijeron que como tenían mucho que hacer, habían mandado exhorto a la juez de Villa Aldama. Alcanzamos a la juez, pero ella dice 'me lo acaban de entregar'. En efecto, el sello de recibido dice las 14 horas.

"No tenían derecho a detenerlos en la forma que lo hicieron, ni a maltratarlos. Hay un puntito con el que las autoridades se cubren: los 'pescaron en flagrancia' dentro del terreno ocupado, y de ahí en adelante vienen las arbitrariedades. La ley determina que el Ministerio Público que detiene cuenta con 48 horas. Determina si los consigna o deja libres. Los detuvieron el día 14, el 16 los pasan al juzgado. Estábamos ya en el 18 de junio y apenas hablábamos con ellos. Y no podíamos hacer ninguna gestión. No conocíamos el expediente ni de qué los acusaban".

Vera Cid señala la constante incongruencia de las autoridades: "el estado de derecho no quiere decir nada más que hay leyes, sino que se aplican. Una cosa es lo que se apunta en expedientes y otra la realidad. De qué sirve que lleguen los papeles si ninguna persona puede verlos. ¿Dónde quedó la bolita? El expediente está en Chicontepec, aunque el exhorto llegó a Jalacingo, y de ahí le avientan la papa caliente a la juez municipal de Villa Aldama. El juez de primera instancia, de mayor jerarquía, lo manda a la otra, quien tiene que obedecer. Esta no conoce ni muestra nada, asustadísima porque es un problema político más que jurídico. No le dan órdenes exactas, nada más le avientan el expediente. Todo eso impide dar los pasos legales en beneficio de los detenidos".

Añade que "despojo" sería su único "delito", pues se metieron a un terreno del que hay persona en posesión. Ellos reconocen que es un terreno cercado, en el que había ganado. "Llegamos, abrimos la puerta y nos metimos", dicen. Saben que cuando se dotó de tierras no se entregaron todas. "Perciben que tienen el derecho", expresó la abogada.

No obstante, "les agregan delitos: daños, resistencia de particulares, ultraje a la autoridad. Se los arman. Las autoridades tienen los detenidos, el expediente y los peritos para manejarlo. Resulta que dicen 'hay daño, mira, un chaleco con machetazos, y ahí está el peritaje de que cuesta cuatro mil 200 pesos'. Y no podemos decir que no, el expediente ahí está. No podemos hablar de un régimen de derecho cuando las leyes no coinciden con la realidad, porque se enchuecan para ponerles los delitos, que es lo que sucede con todo luchador por una causa social. No es que realmente cometa delitos, o a veces podemos decir que delitos muy simples, pero se los cambian. Eso lo vemos a lo largo y ancho del país".

Fueron despojados por sus captores de relojes, cinturones, modestas cantidades de dinero (de 80 o 100 pesos); los dejaron sin los zapatos, y a uno sin anteojos; primero los tuvieron cabeza abajo, y no les han dado un jabón para bañarse, según describe el informe del CDDH.

 

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