Empantanan en Veracruz pesquisas sobre la represión contra campesinos nahuas
Atrapado nuevamente en un caso de violación de los derechos humanos de comunidades indígenas, el gobierno de Veracruz no logra sacudirse el conflicto en Ixhuatlán de Madero, donde hace cerca de dos semanas campesinos de la organización Dorados de Villa (miembros de la otra campaña) fueron reprimidos a tiros por la policía y los pistoleros de la familia Feisal, una decena de ellos encarcelados, torturados y sometidos a un proceso jurídico irregular y con cargos falsos. Aún se demanda la presentación con vida de indígenas desaparecidos.
El subsecretario de Gobierno de Veracruz, Carlos Rodríguez Velasco, debió entrar al tema al declarar que la procuraduría del estado, instancia responsable, "debe transparentar los hechos". Si bien siguió cubriéndose, al negar su conocimiento de que haya indígenas heridos "y del por qué actuó el Ministerio Público de esta manera", según informa hoy el portal local Al calor político.
Ya el día 20, el titular de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de Veracruz, Cirilo Rincón Aguilar, había confirmado que uno de los diez detenidos presentaba una lesión. "Se trata de una lesión menor que no pone en riesgo la vida". Evitó aceptar que la de Antonio Santiago Hernández se trata de una herida de bala. "Corresponderá a los peritos determinar eso". Respecto a los otros nueve detenidos, dijo que "entraron caminando" a prisión.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Juan Manuel Orozco Méndez, negó la versión de que los indígenas hayan sido golpeados y obligados a declarar que recibían entrenamiento militar, y que se les amenazó con matarlos. Molesto con los reporteros que lo interrogaban, Orozco Méndez dijo: "Unicamente fueron diez las personas que se detuvieron y fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente. No hubo golpes y no los trataron mal". Negándose a hablar sobre el indígena desaparecido, Gabino Flores Cruz, el secretario se abrió paso haciendo a un lado a los reporteros y con molestia se retiró, según registraba el 22 de junio el diario Política, de Perote.
Ahora, el subsecretario de Gobierno asegura que el gobernador Fidel Herrera Beltrán "es partidario de que las cosas se hagan con transparencia, en el diálogo y en la concertación". Añade que la subsecretaría a su cargo "tiende puentes de comunicación con los grupos sociales que han intervenido en favor de los indígenas afectados" y que está revisando "las demandas de apoyos productivos de este grupo de indígenas". Anunció que "cabe la posibilidad" de que, revisada la cuestión jurídica, los indígenas recluidos en Villa Aldama pudieran ser liberados; también, que el procurador Emeterio López Márquez "determinará lo procedente".
En tanto, la abogada de los campesinos nahuas encarcelados, Ana María Vera Cid, ha insistido en las violaciones procesales: "Siendo que todos son nahuas, y que su idioma original es precisamente éste, hay una falta flagrante en el expediente, porque declararon en español".
La defensora reveló en entrevista con Radio Teocelo que los interrogadores del aparato judicial "ni siquiera pensaron que era necesario un traductor", si bien está comprobado que los presos comprenden poco el español; algunos no más de 30 por ciento. "Te dicen 'sí' o 'no', pero cuando te detienes para ver qué entendieron, pues no, realmente no entienden. Quedó evidenciado ante las autoridades y la juez que hizo la diligencia de la declaración preparatoria que la declaración que les tomó el Ministerio Público fue ilegal y arbitaria, porque fue en español, siendo que la lengua materna de ellos es el náhuatl. Es fácil ver cómo pudieron poner un expediente a modo con indígenas detenidos a balazos, golpeados, interrogados sin abogado y en una lengua que no entienden".
La abogada señaló: "Les están haciendo firmar algo que escribieron los funcionarios, con lo que los interrogadores quisieron. El mismo traductor, cuando finalmente intervino, ya ante la juez dijo: 'Esta palabra no la dijo él, porque eso no se emplea entre ellos'".
Ante las denuncias de brutalidad policiaca y tortura, sectores de la Secretaría de Seguridad Pública en Poza Rica intentaron fabricar a los indígenas una imagen de "peligrosos delincuentes" o presuntos guerrilleros. Posición que no parece compartir el gobierno de Jalapa, sin tampoco admitir que los indígenas de Tzocohuite y Dorados de Villa tienen derecho a las tierras que ocuparon el 9 de junio.
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