Empresa provoca daños ambientales, denuncia Greenpeace México

Cometen

 

delito ambiental

 

en Los Cabos

 

 

Activistas en el campamento que instaló Greenpeace en Los Cabos para proteger el estero San José, principal cuerpo de agua dulce del noroeste mexicano y refugio de especies amenazadas como el "gallito marino". La empresa Puerto Los Cabos pretende abrir la playa para dejar entrar el agua de mar, lo cual contaminaría el estero.

 

Greempeace México

12 de julio, 2007

Ciudad de México, México — De noche, violando la ley y en contra de las autoridades de Los Cabos, la empresa Puerto Los Cabos inició las obras de apertura de la marina a pesar de no contar con permisos por parte del ayuntamiento ni con estudios serios que demuestren que no serán contaminados ni el estero ni el acuífero de San José, los cuales conforman el sistema hidrológico más importante del noroeste mexicano.

Minutos antes de iniciar las obras, la empresa envió a Greenpeace un estudio geohidrológico incompleto y con dudoso valor científico. El estudio, que se basa en otro análisis realizado hace 10 años (del cual no presentan copia), no toma en cuenta las fluctuaciones anuales de las mareas ni de los niveles de los mantos freáticos, pero fue utilizao por la empresa como excusa para decidir unilateralmente que abrir la marina no entrañaba riesgo alguno para el acuífero San José y que incluso no era necesario que tal estudio fuera revisado por una terna de especialistas, como previamente se había acordado.

Han pasado siete meses desde que Greenpeace denunció el riesgo de esa obra. Hace dos meses la organización instaló de manera pacífica un campamento-oficina en la franja de arena que protegía al estero y al acuífero San José de la infiltración de agua salina. La defensa de la zona fue para alertar y evitar un desastre ecológico que podrían causar las obras de Grupo Questro, presidido por Eduardo Sánchez-Navarro.

Ante la presión de Greenpeace, Puerto Los Cabos reconoció públicamente el 11 de mayo pasado que carecía de información científica suficiente para garantizar que no afectaría al acuífero y a la reserva ecológica de la zona, y se comprometió a realizar nuevos estudios científicos que deberían ser analizados por una terna de especialistas definida de común acuerdo por la empresa y Greenpeace.

“En este tipo de situaciones una terna de especialistas debe determinar si hay riesgo o no. Al ignorar este requisito y abrir la playa para permitir la entrada del agua de mar, la empresa ha comenzado la cuenta regresiva para la contaminación de la principal fuente de abastecimiento de agua dulce de Los Cabos. No estamos contra el turismo, pero los desarrollos deben respetar el medio ambiente y las leyes. Exigimos a Puerto Los Cabos que cierre la marina y detenga las obras, para salvaguardar el acuífero y el estero de San José del Cabo”, afirmó Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de océanos de Greenpeace.

 

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La estrategia oficial no frena la deforestación ni la tala ilegal
 

Greenpeace México 

11 de julio de 2007 

Ciudad de México, México — De manera errónea, las principales actividades del programa oficial para conservar los bosques de nuestro país (Proárbol) se concentran en la reforestación y las plantaciones comerciales, actividades que no impedirán que México siga en quinto lugar mundial entre los países que más rápidamente están perdiendo su masa forestal. Así lo señalaron, en la víspera del Día del Árbol, Greenpeace y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

Aun cuando este año sean sembrados 250 millones de arbolitos, a partir del 12 de julio, eso no mitigará la acelerada deforestación. De hecho, sólo servirá para reforestar 250 mil hectáreas, mientras que cada año se pierden entre 500 y 600 mil hectáreas de bosques, según la FAO. Esto es peor si se considera que la Comisión Nacional Forestal (Conafor) reconoce que del total de árboles plantados sólo sobrevivirá 50% lo que significa que cuando mucho quedarán reforestadas 125 mil hectáreas, menos de la cuarta parte de lo que perdemos cada año.

“En la actual administración vemos un desproporcionado acento en la siembra de árboles, cuando se requieren acciones urgentes para contener la expansión de la ganadería y fruticultura sobre terrenos forestales, así como la tala clandestina; se requieren compromisos para aprovechar el enorme potencial que tienen los bosques de México para fortalecer la economía local y contribuir al desarrollo rural. La siembra de arbolitos es positiva pero está muy lejos de resolver la crisis que vive el sector forestal. Alrededor de 700 comunidades y ejidos han conformado sus propias empresas forestales y han puesto en marcha esquemas de manejo forestal sostenible y de conservación de bosques. La política forestal debe fortalecer estos procesos”, señaló Iván Zúñiga, del Consejo Mexicano para la Silvicultura.

Por su parte, Héctor Magallón, coordinador de la campaña de bosques y selvas de Greenpeace, explicó: “México tiene 56 millones de hectáreas de bosques, un enorme capital natural que requiere un compromiso gubernamental que permita lograr su conservación y uso sustentable. Sin embargo, la meta forestal del gobierno es reforestar 3 millones de hectáreas a lo largo del sexenio (cada año se tendrían que plantar ¡mil millones de arbolitos!) Además, la reforestación no 'compensa' lo que se deforesta, ya que cada año se pierden bosques desarrollados que albergan una gran biodiversidad, captan agua, mitigan el cambio climático y nos protegen contra sus efectos, beneficios que no ofrecen las zonas reforestadas”.

Conviene recordar que el 80% de los recursos forestales de México están en manos de 8 mil ejidos y comunidades forestales, de los cuales un tercio cuenta con un plan de manejo forestal sustentable que permite que en esas áreas prácticamente no haya deforestación, según estudios del Instituto de Geografía de la UNAM. Este tipo de planes de manejo y la organización comunitaria permiten que comunidades indígenas como Nuevo San Juan Parangaricutiro (Michoacán) generen empleos directos y beneficios para toda la comunidad, y eviten la tala ilegal.

"Por eso nos preocupa que este año Proárbol sólo destine el 20% de sus recursos a apoyar este tipo de proyectos, cuando ésta debería ser su prioridad”, señaló Patricia Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace.

Así, entre las prioridades del Proárbol deberían estar el fortalecimiento de los procesos comunitarios de manejo forestal sustentable en todos los bosques y selvas, apoyar financiera y técnicamente a las comunidades forestales interesadas en esta estrategia, respaldar el mercado mexicano de madera con la compra gubernamental de madera proveniente de esas comunidades, permitir la participación de las comunidades locales en el desarrollo de la política forestal y compensar económicamente a los dueños de bosques por la consrvación de este ecosistema fundamental para los mexicanos.
 
En cuanto al programa “Cero Tolerancia” anunciado por Felipe Calderón para frenar la tala ilegal, Greenpeace considera que esa no es una solución al basarse en operativos “sorpresa” que detienen a talamontes de menor rango así como a campesinos o indígenas inocentes, mientras los grandes taladores siguen en libertad. Es preciso que las autoridades desarticulen las bandas de talamontes que actúan en la zonas críticas a lo largo del país y cuyo volumen de saqueo va de 5 a 7 millones de metros cúbicos de madera cada año, casi lo mismo que se produce en forma legal.