Publicación del Informe Anual 2006 del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos: Una perspectiva mexicana

 

COMUNICADO DE PRENSA

OBSERVATORIO PARA LA PROTECCION DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS (FIDH-OMCT) - Centro PRODH - LIMEDDH

Ginebra-México-París, 26 de julio de 2007. La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH), en el marco de su programa conjunto, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" A.C. (Centro PRODH) y la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), se congratulan por la publicación del Informe Anual 2006 del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.

El informe anual 2006 del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos recopila los casos de más de 1,300 defensores que han sido objeto de represión, así como los obstáculos al ejercicio de la libertad de asociación, que se han afrontado en cerca de 90 países. Esta nueva edición, que coincide con los 10 años de existencia del Observatorio, rinde homenaje a las mujeres y a los hombres que, a pesar del peligro a su integridad, cuestionan las bases de los regímenes autoritarios o ciertos intereses económicos y luchan para que los autores de los crímenes más graves e inaceptables sean castigados. En el 2006, los defensores de derechos humanos continuaron siendo víctimas de múltiples actos de intimidación: asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura, ataques y amenazas de muerte, actos de hostigamiento y de vigilancia y campañas de difamación. En efecto, en 2006, la defensa de los derechos humanos continuó siendo una actividad de alto riesgo en América Latina, el objetivo de los autores de los actos de intimidación y de las agresiones contra los defensores es claro: crear un clima de temor destinado a desalentarlos a continuar con sus actividades.

En dicho informe el Observatorio también detecta la responsabilidad de actores no estatales que actúan protegidos por los órganos del Estado (grupos paramilitares, empresas multinacionales, entre otros), y refiere el importante papel que los Estados juegan cuando permiten un clima de impunidad o se hacen cómplices de los agresores.

La tendencia a reforzar los marcos legislativos encaminados a restringir las libertades de asociación, de expresión y de reunión pacífica por Estados que consideran a la sociedad civil independiente como una amenaza es cada día más marcada. En América Latina, además de esta tendencia a sancionar la actividad de los defensores, las campañas de difamación contra las organizaciones y sus miembros fueron particularmente virulentas, al grado de que en muchas ocasiones los defensores fueron acusados de "subversivos", "enemigos", "rebeldes" o simpatizantes de la guerrilla. 

El informe señala que los movimientos de protesta social, que han alcanzado dimensiones sin precedentes, han sido objeto de fuertes represiones, víctimas del uso de la fuerza cada vez más desproporcionado y objeto de virulentas campañas de descrédito.

Estas situaciones generales identificadas en el documento del Observatorio se reflejan claramente en México. El informe anual indica que durante 2006 ocurrieron dos casos de tortura, tres agresiones físicas o ataques, tres asesinatos y una tentativa de homicidio contra activistas; cinco activistas fueron detenidos arbitrariamente y hubo 14 casos de amenazas de muerte y 15 de hostigamiento. En total el número defensores víctimas de violaciones a derechos humanos sumó 41, lo que coloca a México dentro de los tres países Latinoamericanos que reportan más atentados contra defensores, después de Colombia y Guatemala. Todos estos casos siguen sin ser resueltos por la justicia mexicana.

En el caso mexicano debe destacarse la persecución de que han sido objeto aquellos que defienden los derechos de grupos de personas en situación de vulnerabilidad, tales como los trabajadores, las minorías, de las poblaciones sin tierra y de las comunidades autóctonas. Esta persecución ha sucedido, sobretodo cuando los defensores se han opuesto a intereses privados, como en los casos de la defensa de los niños y mujeres, de trabajadores en las maquilas, o aquellos defienden la protección de los recursos naturales tal como la contaminación, la extracción no sustentable o la construcción de represas. De ello son prueba, infortunadamente, los casos de Martín Barrios Amaru de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán (CDHLVT), Noé Aguirre Orozco de la Red de Organizaciones Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ), Lydia Cacho Riveiro, periodista y presidenta del Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM), Yésica Sánchez Maya, presidenta de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Filial Oaxaca, y Aline Castellanos, Jurado integrante del Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad AC, entre otros señalados por el Observatorio.

El panorama en México no es alentador. En lo que va de 2007 se confirma la tendencia a reforzar el marco legislativo que restringe las libertades, así como la tendencia a la represión de las legítimas demandas de los movimientos sociales. El discurso oficial enfatiza la necesidad de enfrentar eficazmente al crimen y garantizar la seguridad pública, dejando de lado lo relativo a la protección de los derechos humanos. Prueba fehaciente de esta afirmación son los trágicos hechos de Oaxaca, donde numerosos participantes en las manifestaciones realizadas en la ciudad de Oaxaca fueron víctimas de detenciones arbitrarias, amenazas, violencias y actos de intimidación, tal como lo reporta el Observatorio.

Los hechos de 2007 nos muestran que aun queda mucho por hacer para garantizar la adecuada protección de las víctimas. Los defensores siguen expuestos a la criminalización de sus acciones, a la descalificación o a la limitación de sus actividades. Mientras tanto los agentes del Estado responsables por estos actos continúan gozando de la constante impunidad en México.

 

 

Para mayor información favor comunicarse con:

- Centro Prodh: Luis Arriaga (5255) 5546 8217/ 5566 7854/ 5535 6892.

- LIMEDDH: Adrián Ramírez López: (5255) 5399 0592

- OMCT: Delphine Reculeau: + 41 22 809 49 39

 

- FIDH: Gaël Grilhot: + 33 1 43 55 25 18