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El acertijo del 5 de agosto


Gustavo Esteva / La Jornada / Opinión.

¿Cómo explicar las elecciones de Oaxaca? ¿Cómo entender que una sociedad tan intensamente movilizada se haya ausentado de las urnas?

Todo se hace pregunta. ¿Por qué se mantuvo, en la coyuntura actual, el nivel habitual en elecciones intermedias (35 por ciento)? ¿Pura apatía, como dice el Panal? ¿O, como plantea el PAN, porque se trata de un "pueblo retrógrado," que renunció a "los cauces políticos y civilizados"? ¿O porque "los ciudadanos están echados para atrás", como sostiene el PRD, por "el desgaste de un movimiento de vanguardias y activistas que se realizó en perjuicio de ciudadanos y electores"?

Estas reacciones de los partidos contribuyen a explicar lo ocurrido. Los ciudadanos se dan cuenta de que están enteramente desconectados de la sociedad. Ya no quieren escucharlos. Fue una elección de Estado. Se usaron todos los recursos públicos para coaccionar el voto, incluso el día de las elecciones. Se recurrió a todas las mapacherías en uso y a presiones e intimidaciones de toda índole. Y con todo eso, el PRI sólo consiguió el mismo nivel que recogió el año pasado para Madrazo. A eso se reduce hoy su voto "duro": sólo uno de cada seis electores, sólo uno de cada 10 oaxaqueños. ¿Qué es lo que celebra?

No es posible medir los motivos de la abstención. Pero hay elementos de sobra para sostener que pesó grandemente una conciencia generalizada basada en la experiencia. La gente sabe que, por lo menos en Oaxaca, los diputados son empleados menores del gobernador. No pintan. Lo demostraron ampliamente en el último año, cuando diputados de todos los partidos se plegaron a los deseos de Ulises Ruiz, incluso para exigir la represión del movimiento popular.

La gente sabe también que en Oaxaca las leyes no cuentan. El mejor ejemplo es la ley indígena. A pesar de sus defectos, es la mejor de la República, la única que se ajusta a los acuerdos de San Andrés. Pero es letra muerta. La violan continuamente los tres poderes constituidos. Los jueces, como los diputados o los burócratas, son subordinados del gobernador. Y se comprueba cotidianamente con la violación de garantías individuales y derechos humanos.

Dada esa experiencia, parece inútil el intento de ganar la Cámara. Algunos esperaban que la votación aumentara porque el Congreso puede remover al gobernador. Pero esta opción se mantuvo rigurosamente en secreto. No fue promesa de campaña de ningún candidato, por otro hecho bien conocido en Oaxaca. Ulises Ruiz tomó en serio el voto de castigo del año pasado y adoptó sus precauciones: colocó a personeros suyos en todos los partidos. De este modo, el voto "consciente y responsable" se hizo imposible en muchos distritos: se votaba en cualquier caso por un ulisista...

La gente también sabía que los partidos de "izquierda" rechazaron a los candidatos ciudadanos o indígenas que se les propusieron. Estaban convencidos de que el voto de castigo planteado por los concejales de la APPO les regalaría diputaciones, como el año pasado.

La conciencia actual incluye una convicción cada vez más extendida en Oaxaca de que confiar en las elecciones y en la supuesta representación de los poderes constituidos es mera ilusión. Los ciudadanos han presenciado la manera en que las clases políticas han desmantelado paso a paso el camino institucional, haciéndolo intransitable. No quieren ya empeñar sus esfuerzos en un ejercicio tan ilusorio como contraproductivo.

Para los oaxaqueños, la democracia formal o representativa es una costosa fórmula de control político, empleada mafiosamente para garantizar la permanencia e impunidad de un pequeño grupo que usurpa los poderes constituidos y los emplea al margen de la ley para perpetuar la injusticia. En Oaxaca los gobernantes llegan a sus cargos a través de componendas mafiosas y ya en ellos responden a juegos de intereses económicos y políticos que nunca coinciden con los de la gente. Así ha sido en el último siglo. Y antes.

En contraste, los oaxaqueños tienen amplia experiencia en otra forma de democracia: la que se ejerce radicalmente en los pueblos indígenas y forma un tejido social sustantivo en las ciudades, como se mostró recientemente en las barricadas. Hasta ahora se habían concentrado en la mera resistencia, protegiendo su existencia democrática a contrapelo del régimen dominante y en lucha tensa con la estructura caciquil del poder. Parece que hoy transforman esa resistencia en lucha de liberación, para extender a todo el estado ese estilo de vida social y política, más allá de la democracia formal.

Lejos de cerrar los cauces democráticos y pacíficos los han estado abriendo. Y en esto, como en otras cosas, los oaxaqueños se adelantan al resto del país y pagan el precio de hacerlo. Pero nada puede detenerlos.

 

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