Desalojos en Montes Azules, plan para ceder recursos a multinacionales: estudio

 

Maderas del Pueblo del Sureste denuncia arbitrariedades tras operativos de despeje

HERMANN BELLINGHAUSEN / La Jornada

Los operativos de desalojo violento en las comunidades de Montes Azules, Chiapas, que al parecer no han concluido, %u201Cson parte de la estrategia global de %u2018despeje%u2019 del territorio de mayor biodiversidad, cubierta forestal y caudales de agua dulce no contaminada, del país y de Mesoamérica%u201D, afirma la organización ambientalista Maderas del Pueblo del Sureste.

La estrategia de despeje y control territorial %u201Cde toda la Selva Lacandona, incluida la Reserva de la Biosfera diseñada desde 1998, se ha venido readecuando a las diversas coyunturas%u201D de los sucesivos gobiernos federales, abunda el estudio Desalojos en Montes Azules: recursos estratégicos; soberanía nacional y derechos indígenas en juego.

El pasado 18 de agosto, el gobierno federal, en coordinación con el chiapaneco, instrumentó desalojos violentos en la porción centro-norte de Montes Azules, contra los poblados San Manuel (conocido por el gobierno como %u201CNuevo Salvador Allende%u201D), San Pedro (oficialmente %u201CEl Inominado%u201D), y la ranchería El Buen Samaritano, todos habitados por tzeltales, recuerda Maderas del Pueblo.

Como resultado de estos operativos %u201Cviolatorios en su forma de instrumentación de los más elementales derechos humanos%u201D, hay 33 personas confinadas de forma %u201Cabsolutamente ilegal%u201D, en locales particulares de la cabecera del municipio La Trinitaria habilitados como casa de seguridad, %u201Casí como seis hombres detenidos y consignados aceleradamente al penal El Amate%u201D.

Objetivos frustrados

El estudio señala que el operativo contra San Pedro, poblado por presuntas bases zapatistas, %u201Cfracasó en sus objetivos de detener y desplazar a sus habitantes%u201D, quienes a la llegada de los helicópteros policiacos huyeron a la montaña, %u201Cdonde deben estar sobreviviendo en forma inhumana%u201D.

Los desalojos, así como acciones previas de este tipo y las llamadas %u201Creubicaciones, igualmente realizadas%u201D, son %u201Cjustificadas%u201D por los gobiernos federal (Secretaría de la Reforma Agraria, Procuraduría Agraria, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) y estatal con base en un %u201Cdoble pretexto%u201D. Por una parte, %u201Cel supuesto delito de despojo y daño en propiedad ajena, al calificar de invasores a todos los poblados tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales ubicados en la llamada Zona Lacandona y la reserva de la biósfera%u201D. En segundo lugar, la acusación de %u201Cdepredadores%u201D que se imputa a estos poblados.

Sin negar la %u201Cnecesaria conservación ecológica%u201D, Maderas del Pueblo expone %u201Cque, si bien en la ranchería El Buen Samaritano se venían realizando continuos desmontes con fines ganaderos (motivo por el cual fue expulsado de la ARIC Independiente) no es de ninguna manera el caso de San Manuel y San Pedro. Y menos aún de otros ejidos amenazados%u201D, como Salvador Allende, Nuevo Villaflores, Nuevo Limar, Corozal y Ojo de Agua la Pimienta, entre otros, %u201Clos cuales llevan a cabo ejemplares trabajos de ordenamiento ecológico comunitario y agroecología%u201D.

Maderas del Pueblo subraya un %u201Cparadójico%u201D contraste. Las comunidades toleradas por el gobierno, y usadas junto con los lacandones de Lacanjá contra los demás poblados en la región, son %u201Clas zonas de mayor deterioro de vegetación y suelo de la selva%u201D. Es decir, Frontera Corozal y Nueva Palestina, %u201Cdonde la ganaderización se desarrolla aceleradamente bajo el impulso y complicidad oficial%u201D. Del más reciente reparto de recursos, producto de las %u201Cindemnizaciones%u201D por expropiaciones federales %u201Cque demagógica e irresponsablemente se han venido haciendo de forma individual, la mayoría del dinero recibido por los %u2018subcomuneros%u2019 se aplicó para la compra de ¡ganado!%u201D

La estrategia de despeje y control territorial, %u201Cdisfrazada de un filantrópico %u2018beneficio de la humanidad%u2019, responde a intereses corporativos multinacionales en la %u2018conservación ecológica%u2019 con fines de apropiación, mercantilización y multimillonario lucro de los valiosos y estratégicos recursos naturales de esta y otras regiones indígenas y campesinas del país%u201D.

Biodiversidad, cubierta forestal y agua son algunos de los recursos ambicionados por empresas de los sectores biotecnológico y agroalimentario (Monsanto, Pioneer, Novartis, Bimbo); farmacéutico (Pharmacia, Bayer, Pfizer, Adventis); automotor y petrolero (Ford, General Motors, Shell, Federación Internacional Automotriz); embotelladoras (Coca-Cola, Nestlé, Pepsi Cola), y minero (Cemex), %u201Cvarias de las cuales tienen ya presencia directa o indirecta en la selva Lacandona%u201D.