LIMEDDH
México Distrito Federal a 28 de junio de 2007
"El 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, la policía judicial y la motorizada ponen una celada a los militantes de la [OCSS] que se encaminaban a un mitin. Cuarenta campesinos son alcanzados por las balas, diecisiete mueren en el lugar. Figueroa dice que la fuerza pública actuó en defensa propia."
Armando Bartra
"Salieron una mañana temprano a buscar a un amigo y a la esperanza. Fueron en busca de respuestas y una lluvia de balas que no ha cesado los aniquila... Hoy ya son cinco los amigos que ellos buscan, mientras muchos de ellos son torturados, perseguidos, desplazados, encarcelados. Una convicción los anima: saber que no están solos y que la esperanza los acompaña hasta que la impunidad se acabe."
A doce años de la matanza de Aguas Blancas
La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Limeddh, manifiesta que el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer ha sido sentenciado por la historia como un gobierno represor en el que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos mientras el gobierno de Vicente Fox pasó a la historia como el gobierno de la Impunidad que prevalece en el de Felipe Calderón.
Desde la Masacre de Aguas Blancas, Guerrero, donde el 28 de junio de 1995 fueron heridos 23 y asesinados 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, hasta la fecha, podemos contabilizar más de 270 ejecuciones extrajudiciales y asesinatos políticos; más de un centenar de casos de personas torturadas; cientos de detenciones arbitrarias y cateos ilegales; cientos de operativos policiaco-militares que se ejecutaron con tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de la población; decenas de presos políticos, cientos de perseguidos políticos y amenazados decenas de ellos de muerte; cuatro detenidos desaparecidos permanentes: Gilberto ROMERO VÁZQUEZ, Gregorio Alfonso ALVARADO LÓPEZ, Benito BAHENA MALDONADO, Fredy NAVA RIOS y algunos exiliados políticos, tan sólo en el estado de Guerrero en torno a la Organización Camerina de la Sierra del Sur.
Además, en Guerrero se vive en un ambiente de permanente militarización, de confrontación entre los grupos políticos, el narcotráfico y el poder económico. Se destaca la actuación de los grupos paramilitares y parapoliciacos, que dañan el tejido social afectando a los núcleos familiares. En estas circunstancias se produjo el asesinato del luchador social Miguel Ángel Mesino Mesino.
No podemos perder de vista que en este sexenio de Calderón, se sigue usando una estrecha coordinación de las fuerzas de seguridad pública y policías y militares que actúan de manera conjunta, con una intensa cooperación táctica y operativa y con un plan estratégico determinado en el que la gran carga de la ejecución se da a las policías estatales y municipales, a pesar de que los gobiernos de Fox y Calderón han manejado el discurso del respeto a la soberanía de los estados. Con eso, se permite que en Guerrero y otros más estados, sigan ocurriendo graves violaciones a los derechos humanos, evidenciándose que el gobierno federal se sustrajo a sus compromisos nacionales e internacionales de proteger estos derechos.
Además no se puede pasar por alto que el ex General Diplomado de Estado Mayor Presidencial Rafael Marcial Macedo de la Concha y Carlos Javier Vega Memije, fungieron como Procurador de Justicia Militar y como Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero en el periodo presidencial de Ernesto Zedillo, en el que la impunidad imperó en ambas instancias, no obstante las graves violaciones a los derechos humanos y las grandes presiones internacionales.
Y como premio a su labor, Vicente Fox los colocó como Procurador General de la República y como subprocurador respectivamente. Con tal designación se cubrió con un manto de impunidad a los violadores de los derechos humanos de los sexenios pasados, algunos acusados de genocidio, y a los funcionarios priístas responsables de fraudes, peculado, etc. y sobre todo a los amigos de Fox, a panistas corruptos y a miembros de la ex familia presidencial, investigados por tráfico de influencias. Finalmente, se dio el ilegal juicio político en contra del ex jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, cuyo rechazo alcanzó tal magnitud que llevó a la renuncia de Macedo y Vega Memije.
El gobierno de Felipe Calderón vive sus primeros meses y después de casi ocho meses podemos ver que las graves violaciones a los derechos humanos continúan como en el pasado y la impunidad es un gran monstruo de mil cabezas que navega en las arenas movedizas del derecho mexicano, pese a que el ejecutivo haya ratificado pactos y convenios internacionales sobre derechos humanos y se haya firmado un acuerdo de cooperación técnica en esta materia. Sin olvidar de resaltar la gravedad del aumento de la militarización del país y de la continua criminalización de la protesta social vigente en este momento.
Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado investigar la situación de Oaxaca en relación a Ulises Ruiz Ortiz, y esperamos que su resolución no corra la misma suerte que la de Aguas Blancas, que no Obstante de ser muy importante quedó en la impunidad.
Nuestras Acciones
No olivar y seguir acumulando pruebas y evidencias es nuestra labor, saber incansablemente que lograremos justicia, verdad y reparación.
- Llamar a conformar el Tribunal Popular instaurado constitucionalmente bajo la figura del Artículo 20, Apartado A, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice en relación al inculpado: "…será juzgado en audiencia pública por un juez o jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos del lugar y partido en que se cometiere el delito, siempre que éste pueda ser castigado con una pena mayor de un año de prisión… " es competente para conocer de la Masacre de Aguas Blancas y su secuelas de sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas hasta la fecha.
- El deber fundamental de la encomienda dada al C. Rubén Figueroa Alcocer, es proteger los intereses, la seguridad de la sociedad y el patrimonio territorial, cultural, histórico, artístico y ambiental del Estado y sus habitantes.
- Los Poderes de la Unión y del Estado de Guerrero han sido insuficientes para garantizar la justicia, la vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales, haciendo prevalecer una grave situación de IMPUNIDAD en torno a la gestión del caso, este Tribunal se hace indispensable, por lo que hacemos un llamado a su conformación.
- Se invita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Guerreo a que aporten a este Tribunal Popular los elementos que obren en sus archivos y expedientes para que las víctimas y ciudadanos quejosos las hagan valer ante los tribunales competentes, pues de no hacerlo incurrirán en encubrimiento favoreciendo la impunidad.
- Se insta a las organizaciones internacionales y no gubernamentales a que aporten los elementos de juicio ante la presente causa y sumen esfuerzos en la lucha contra la violencia, la corrupción y la impunidad.
- Invitamos y convocamos a los colegios, barras, federaciones y escuelas de abogados, a las universidades asentadas en el Estado, a que contribuyan a la ampliación y el perfeccionamiento de labor de Tribunal Popular de los Pueblos de Guerrero.
- Finalmente, llamamos al Pueblo de Guerrero, al de México y a la comunidad internacional a que interpongan todos sus recursos y voluntad para que ningún espacio público o monumento lleve el nombre de Rubén Figueroa Alcocer.
- Se invita a todos los ciudadanos/as a aportar más elementos de prueba.
Seguimiento del caso de Aguas Blancas
La matanza de Aguas Blancas es un caso pragmático de la denegación de justicia que caracterizó el gobierno de Ernesto Zedillo y que ha prevalecido durante la gestión de Vicente Fox y de Felipe Calderón ahora. A doce años de impunidad, vale la pena hacer un recuento de todas las acciones que se han promovido para que este crimen de lesa humanidad rebase el ámbito de la condena social y sea llevado ante los tribunales.
Se produjo la matanza de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995, el Partido de la Revolución Democrática denunció los hechos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo que recomendó entre otras cosas el nombramiento de un fiscal especial para que se encargue del caso así como la destitución de algunos de los servidores públicos implicados.
El 27 de febrero de 1996, el Fiscal Especial dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, Lic. Alejandro Varela Vidales, presentó un informe conclusivo de la investigación al Congreso del Estado de Guerrero en el que exoneraba a los altos mandos responsables de la matanza por considerar que no habían participado ni directamente ni indirectamente en la comisión de los delitos.
Debido a las diversas presiones de la Sociedad Civil nacional e internacional, el 04 de marzo de 1996, el Ejecutivo Federal solicitó la intervención de la Suprema Corte de Justicia la cual nombró una comisión investigadora de los hechos.
El 11 de marzo de 1996, el gobernador del estado, Rubén Figueroa Alcocer, solicitó al Congreso local "licencia definitiva" para separarse de su cargo y así facilitar la investigación del caso. Su licencia fue aceptada y fue designado su sucesor.
Los ministros comisionados sometieron su informe al Tribunal Pleno de la Suprema Corte, que en abril de 1996 determinó emitir una consideración y cinco puntos de acuerdo. En el informe se indican, entre otras cosas, que "Los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero que desempeñaban sus cargos en esas fechas y en los días subsecuentes incurrieron en violación grave, generalizada, de las garantías individuales que instituyen los artículos sextos, once, catorce, dieciséis y veintidós de la Constitución Federal, de conformidad con los hechos comprobados y por las razones que expresan los comisionados."
Entre los puntos de acuerdo, se destaca el que señala que "de dicha violación resultan responsables los licenciados: Rubén Figueroa Alcocer, gobernador con licencia indefinida, Antonio Alcocer Salazar, ex-procurador general de Justicia; Rodolfo Sotomayor Espino, ex-primer subprocurador de Justicia; Gustavo Olea Godoy, ex-director de la Policía Judicial; Rosendo Armijo de los Santos, ex-subsecretario de Protección y Tránsito; Adrián Vega Cornejo, ex-fiscal especial, y Esteban Mendoza Ramos, ex-director general de Gobernación; todos ellos del Estado de Guerrero."
Pese a examinar los resultados de la comisión investigadora de la Corte, el 6 de mayo de 1996 la Procuraduría General de la República decidió no intervenir en el caso, por considerar que no se cometieron delitos federales sino del fuero común, cuya investigación correspondía a la Procuraduría estatal, que de antemano se había declarado incompetente para conocer los hechos.
Cerrando la pinza de la impunidad, la legislatura local, de mayoría priista, declaró improcedente el juicio político del gobernador con licencia y otros cuatro ex funcionarios.
En cuanto a instancias internacionales, el 17 de julio de 1995 el PRD denunció el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después de un largo y sinuoso proceso, la CIDH concluyó que la denuncia cumplía con los requisitos formales de admisibilidad.
El 18 de febrero de 1998 la CIDH emitió el Informe 49/97 relativo al Caso 11.520 Tomás Porfirio Rondín "Aguas Blancas", en la que recomendó al Estado Mexicano investigar a fondo los hechos, ejercer acción penal contra los responsables e indemnizar a los familiares de los ejecutados y a los sobrevivientes. La CIDH remitió el Informe 49/97 a México otorgando un plazo de 2 meses para que se adoptaran las medidas necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas. Cumplido el plazo, la CIDH llegó a la conclusión de que no se había dado cabal cumplimiento a ninguna de sus recomendaciones.
En virtud de la visita realizada por la CIDH a nuestro país en julio de 2001, con motivo de las audiencias de seguimiento de recomendaciones, los quejosos y miembros de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, determinaron interponer una nueva denuncia penal contra los responsables de la masacre ante la PGR, teniéndose el compromiso de la SRE de servir de interlocutor con la PGR. Así, se presentaron ante la PGR sendas denuncias penales (Averiguaciones Previas números 423/A1/2001 y 163/A2/2002), determinándose finalmente que fuese la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado quien se hiciera cargo de las investigaciones, la cual desapareció este año sin que haya arrojado resultados satisfactorios en relación al cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH.
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Limeddh
¡Una llama encendida por los derechos de los pueblos!
