Mezquindad política

Gerardo Albarrán de Alba *

México, D.F., 20 de octubre (apro).- El balón regresó adonde el gobierno de Vicente Fox no lo quería: su propia cancha. Luego que el Senado de la República se negó a declarar la desaparición de poderes en Oaxaca, cualquier solución al conflicto que rebasa ya cinco meses tendrá que salir de Los Pinos, ya sea a través de su torpe operador político en la Secretaría de Gobernación o de un despliegue de fuerza coordinado desde el gabinete de seguridad. Sin embargo, las opciones para la Presidencia de la República son cada vez más estrechas, en gran medida porque los senadores del PAN optaron por refrendar el maridaje sumiso que sostienen con el PRI, y unieron sus votos en la Comisión de Gobernación del Senado para sostener en el puesto al gobernador priista Ulises Ruiz.

Todos los actores políticos coinciden en que el gobernador priista Ulises Ruiz no gobierna y es el principal obstáculo para atender el fondo del conflicto, pero nadie se atreve a tocarlo, en la esperanza de que su documentada prepotencia y cinismo lo haga caer por su propio peso.

El vocero de Fox dice que, tras el fallo del Senado, toca a la Secretaría de Gobernación resolver el conflicto. Pero la incapacidad política que ha caracterizado a la administración foxista no augura eficacia para resolver por la vía de la negociación la mayor crisis que ha debido enfrentar a lo largo de seis años, y menos aun cuando le queda poco más de un mes en el poder. Por el contrario, sobran los ejemplos de torpeza para encarar conflictos, como podría ser la huelga minera en Sicartsa y el desalojo de comerciantes en el pueblo de Atenco, que dejaron varios muertos nada más este mismo año, e hicieron que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, declarara en mayo pasado que el gobierno de Fox había obtenido para México un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas “con las manos manchadas de sangre”.

Ninguno de esos conflictos tenía los alcances que la crisis en Oaxaca plantea a la gobernabilidad y a la estabilidad democrática en México, pero terminaron mal cuando el gobierno federal se decidió por emplear a la fuerza pública, que incurrió en toda clase de excesos e incluso en el asesinato. La permanencia de Ulises Ruiz en el poder, aunque esté incapacitado para ejercerlo, y la amenaza latente de avasallar a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y al magisterio disidente local hacen temer un baño de sangre, máxime cuando golpeadores priistas vinculados al mandatario oaxaqueño –alentados por los pusilánimes senadores del PAN que han condenado a su próximo presidente a ser un rehén del PRI– se aprestan para rebasar al gobierno federal panista y desde el miércoles pasado realiza ensayos de un supuesto ataque a las barricadas para recuperar el centro de la ciudad y los edificios públicos ocupados por los asambleístas.

La Presidencia de la República ha insistido en que no heredará el conflicto a la siguiente administración y que resolverá el problema antes del 1 de diciembre. Pero ahora que el Senado de la República se ha lavado las manos al negarse a declarar desaparecidos los poderes en Oaxaca, el costo total de cualquier salida es para Vicente Fox y el PAN. Incluso Felipe Calderón no será ajeno a la responsabilidad por lo que ocurra, pues las decisiones últimas que adopte Fox se han discutido en su presencia durante las reuniones cada vez más frecuentes del gabinete de seguridad integrado por las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, así como el Cisen (la policía política del gobierno) y la Procuraduría General de la República, en las que se barajan diversos escenarios de intervención policiaca y militar.

Para colmo, la aparente división entre asambleístas y maestros –luego de que el dirigente de la sección 22 se adelantara a sus bases y anunciara el regreso a clases– alentó a quienes reclaman el uso de la fuerza pública federal para desarticular el movimiento social que mantiene tomado el centro de Oaxaca y varios edificios públicos. Sin embargo, el vocero presidencial ha descartado públicamente la intervención de la Policía Federal Preventiva, aunque fuentes de la Secretaría de Gobernación dicen contar con informes de inteligencia sobre los grupos que integran la APPO, así como de sus planes, y cuentan ya con estrategias para desactivarlos luego del regreso de los maestros a las aulas. Esto genera preocupación en la izquierda, como lo ha expresado el senador perredista por Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien teme que “el día de mañana en Oaxaca veamos más sangre, más muertos y más violencia”.

No en balde, el subcomandante Marcos calificó a la APPO y el movimiento social oaxaqueño como “un ejemplo heroico para todo el país”, y advirtió que “si tocan a la APPO, nos tocan a todos y tendrán el apoyo incondicional por lo menos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional”. Otro grupo guerrillero que opera en la región, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), alertó a otros grupos armados clandestinos contra una posible represión en Oaxaca.

En realidad, nada se ha resuelto y, por el contrario, el riesgo aumenta cada día.

Nunca antes, un personaje políticamente muerto había pesado tanto. El enquistamiento de Ulises Ruiz en la inoperante gubernatura de Oaxaca tendrá costos irreversibles para el PAN y para el PRI, pero hasta ahora los muertos siguen siendo de la APPO.

* Gerardo Albarrán de Alba es coordinador de proyectos académicos de la revista Proceso. (Contacto: [e-mail])

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