Invitacion al planton del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
A las organizaciones sociales y populares
Al pueblo de México.
Ya se ha demostrado sin lugar a dudas que la Policía Federal Preventiva y la Policía del Estado de México el 3 y 4 de mayo de 2006, en el operativo realizado en San Salvador Atenco y Texcoco, cometieron graves delitos tipificados en las Leyes Mexicanas y en los Tratados Internacionales. Delitos como asesinatos, tortura, violaciones sexuales, lesiones graves, allanamientos y detenciones sin la orden legal respectiva, además de vejaciones, tratos crueles e inhumanos y no respetar el derecho a un proceso legal justo, equitativo y expedito.
La CNDH, la ONU, la CIDH, y otros organismos nacionales e internacionales han investigado rigurosamente y se han pronunciado por el castigo a los autores materiales e intelectuales de estos graves delitos y por la libertad a los treinta y un compañeros que aún permanecen injusta e ilegalmente presos en el Penal de Santiaguito y en el Penal de alta seguridad del Altiplano, antes La Palma.
Sin embargo los jueces del Estado de México han hecho caso omiso de las recomendaciones y se niegan a resolver los recursos legales interpuestos por los abogados defensores. Actuando por consigna con criterios políticos dictados por el Gobernador Enrique Peña Nieto, principal responsable de los hechos represivos en el operativo mencionado en contra de los pobladores de San Salvador Atenco.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, incumpliendo el mandato constitucional de intervenir directamente ejerciendo la facultad de atracción en entidades federativas en donde se hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos, no sólo no interviene, sino pretende reformar la Ley …" Así lo establece el proyecto de dictamen elaborado por Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien plantea que la Corte endurezca los criterios para ejercer la facultad prevista en el artículo 97 constitucional para investigar la violación grave a las garantías individuales". Y propone: "no será materia de facultad de investigación la actuación de la autoridad que se lleve a cabo dentro del marco jurídico de sus atribuciones y competencia, aun cuando exista abuso en el ejercicio de ésta y dé lugar a ciertas conductas perseguibles y sancionables" (...) Además, señala que la intervención del máximo tribunal sería contraproducente, porque podría "exacerbar los ánimos" lo que iría en contra de la preservación del "orden" alcanzado en esa comunidad del estado de México". (La Jornada, 24 de enero 2007).
Por todo lo anterior es que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra iniciará un Plantón frente a la Suprema Corte de Justicia el 1 de Febrero.
Exigiendo:
La creación de una Fiscalía Especial para investigar los delitos y violaciones cometidos por los cuerpos policíacos y los funcionarios a cargo en el operativo del 3 y 4 de Mayo del 2006 en San Salvador Atenco. Que se resuelvan los amparos interpuestos por los abogados defensores que se encuentran radicados y empantanados en los juzgados de Distrito de Toluca.
Que los procesos de los que se encuentran presos y libres bajo caución se resuelvan conforme a derecho, dándoles la celeridad necesaria. Cese a la persecución y cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de familiares y amigos de los detenidos.
Hoy más que nunca es necesaria la solidaridad y el acompañamiento de las organizaciones populares para lograr la libertad de nuestros compañeros.
Los invitamos a participar en la marcha que saldrá del Monumento a la Revolución a las 10 de la mañana previa a la instalación del Plantón.
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 29 de Enero de 2007.
Al pueblo de México.
Ya se ha demostrado sin lugar a dudas que la Policía Federal Preventiva y la Policía del Estado de México el 3 y 4 de mayo de 2006, en el operativo realizado en San Salvador Atenco y Texcoco, cometieron graves delitos tipificados en las Leyes Mexicanas y en los Tratados Internacionales. Delitos como asesinatos, tortura, violaciones sexuales, lesiones graves, allanamientos y detenciones sin la orden legal respectiva, además de vejaciones, tratos crueles e inhumanos y no respetar el derecho a un proceso legal justo, equitativo y expedito.
La CNDH, la ONU, la CIDH, y otros organismos nacionales e internacionales han investigado rigurosamente y se han pronunciado por el castigo a los autores materiales e intelectuales de estos graves delitos y por la libertad a los treinta y un compañeros que aún permanecen injusta e ilegalmente presos en el Penal de Santiaguito y en el Penal de alta seguridad del Altiplano, antes La Palma.
Sin embargo los jueces del Estado de México han hecho caso omiso de las recomendaciones y se niegan a resolver los recursos legales interpuestos por los abogados defensores. Actuando por consigna con criterios políticos dictados por el Gobernador Enrique Peña Nieto, principal responsable de los hechos represivos en el operativo mencionado en contra de los pobladores de San Salvador Atenco.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, incumpliendo el mandato constitucional de intervenir directamente ejerciendo la facultad de atracción en entidades federativas en donde se hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos, no sólo no interviene, sino pretende reformar la Ley …" Así lo establece el proyecto de dictamen elaborado por Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien plantea que la Corte endurezca los criterios para ejercer la facultad prevista en el artículo 97 constitucional para investigar la violación grave a las garantías individuales". Y propone: "no será materia de facultad de investigación la actuación de la autoridad que se lleve a cabo dentro del marco jurídico de sus atribuciones y competencia, aun cuando exista abuso en el ejercicio de ésta y dé lugar a ciertas conductas perseguibles y sancionables" (...) Además, señala que la intervención del máximo tribunal sería contraproducente, porque podría "exacerbar los ánimos" lo que iría en contra de la preservación del "orden" alcanzado en esa comunidad del estado de México". (La Jornada, 24 de enero 2007).
Por todo lo anterior es que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra iniciará un Plantón frente a la Suprema Corte de Justicia el 1 de Febrero.
Exigiendo:
La creación de una Fiscalía Especial para investigar los delitos y violaciones cometidos por los cuerpos policíacos y los funcionarios a cargo en el operativo del 3 y 4 de Mayo del 2006 en San Salvador Atenco. Que se resuelvan los amparos interpuestos por los abogados defensores que se encuentran radicados y empantanados en los juzgados de Distrito de Toluca.
Que los procesos de los que se encuentran presos y libres bajo caución se resuelvan conforme a derecho, dándoles la celeridad necesaria. Cese a la persecución y cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de familiares y amigos de los detenidos.
Hoy más que nunca es necesaria la solidaridad y el acompañamiento de las organizaciones populares para lograr la libertad de nuestros compañeros.
Los invitamos a participar en la marcha que saldrá del Monumento a la Revolución a las 10 de la mañana previa a la instalación del Plantón.
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 29 de Enero de 2007.
Frente de Pueblos en Defenza de la Tierra. CMI Chiapas
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