Activistas piden a autoridades yucatecas desistirse de cargos contra altermundistas
Ante las violaciones a derechos humanos ocurridas en la ciudad de Mérida el pasado 13 de marzo, "la procuraduría de justicia de Yucatán debe desistirse de las acusaciones contra detenidos", señala el Equipo Indignación, que ejerce la defensa de las garantías individuales en la entidad.
"En el contexto de las manifestaciones contra la visita del presidente de Estados Unidos George W. Bush a nuestro país, fueron detenidas en la Plaza Grande de Mérida 48 personas, en un operativo efectuado por cientos de elementos de la Secretaría de Protección y Vialidad del estado y la Policía Municipal".
De lo documentado por diversos medios independientes, los testimonios de testigos presenciales, lo señalado por varios detenidos y el trabajo de observación de Indignación, se desprenden diversas violaciones a los derechos humanos. Señala que en la detención no existió flagrancia: "El operativo policiaco se efectuó poco después de que se registraran destrozos en el palacio municipal. Se detuvo de manera arbitraria e indiscriminada a personas que se encontraban en el lugar de los hechos. Según testimonios, los policías priorizaron la detención de hombres y mujeres que vestían de determinada manera, lo cual implicaría que también existió discriminación".
Además, hubo brutalidad policíaca: "Como se puede observar en diversos videos tomados por medios independientes el día de los hechos, corroborados por testimonios recabados por este equipo, la gran mayoría de los detenidos fueron víctimas de torturas físicas y sicológicas, tratos crueles, inhumanos y degradantes por la Policía Municipal y la Secretaría de Protección y Vialidad".
Los detenidos no fueron puestos a disposición inmediata del Ministerio Público (MP) y quedaron incomunicadas por más de ocho horas en las instalaciones policiacas. "Esta situación se perpetuó una vez que fueron trasladados a la Procuraduría de Justicia, donde por aproximadamente 20 horas se les impidió comunicarse telefónicamente y no se permitió a familiares, abogados y personas de confianza entrevistarse con ellos. La incomunicación sólo se rompió ante la presentación de diversos amparos."
El Equipo Indignación añade que los detenidos carecieron de defensa adecuada. Mientras estuvieron a disposición del MP no pudieron ser asistidos por abogado particular o persona de confianza, dado que la autoridad ministerial negaba todo acceso a los detenidos. "Este hecho viola el derecho a contar con una defensa adecuada en toda acusación de índole penal. Esta situación se vio agravada por la ausencia de eficacia de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, que tampoco estuvo presente al momento en que los detenidos rindieron su declaración ministerial."
Los menores de edad no fueron puestos a disposición del órgano facultado para ello: "A pesar de que el artículo 18 constitucional establece que en todas las entidades federativas debe operar un sistema integral de justicia para adolescentes, en Yucatán no se ha instalado aún dicho órgano, con lo cual todos los menores de 18 años a disposición del MP y del Consejo Tutelar para Menores estuvieron ilegalmente detenidos, pues no son autoridades competentes para ello, de acuerdo con dicho precepto constitucional".
El Equipo Indignación reconoce que el 13 de marzo "se destruyó un vidrio y diverso mobiliario del palacio municipal, actos que deben ser investigados y, en su caso, sancionados. No obstante, dicha investigación no puede estar sustentada en medidas que violen los derechos humanos fundamentales, como sucede en el presente caso".
Siendo que ningún procedimiento del orden penal puede estar sustentado en violaciones a las garantías individuales, el equipo de derechos humanos ha solicitado al gobernador Patricio Patrón Laviada y al procurador de Justicia del estado que se desistan de la acción penal ejercitada contra todos los detenidos en el operativo.
El documento del Equipo Indignación señala que "la eficacia y credibilidad de los cuerpos policiacos y las instituciones encargadas de procurar justicia deben basarse en el cabal respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. El establecimiento del estado de derecho y la eficacia de la seguridad pública no pueden hacerse a costa de la integridad física y sicológica de la ciudadanía. En tal virtud, toda investigación por hechos probablemente delictivos carecerá de credibilidad si para su ejecución se violentan los derechos humanos básicos".
El Equipo Indignación envió copias del escrito, junto con el informe preliminar, al Tribunal Superior de Justicia del Estado; al Grupo de Detenciones Arbitrarias y al relator sobre la Independencia de Jueces y Abogados, ambos de la Organización de las Naciones Unidas; a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y a otros organismos nacionales e internacionales.
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