Justicia ¡YA!

 

Greenpeace México 

23 de mayo, 2007 

DF, México — A una semana del asesinato de Aldo Zamora, campesino defensor de los bosques, su padre, Ildefonso Zamora Baldomero exigió justicia y denunció que las autoridades no han actuado para detener a los talamontes que el 15 de mayo mataron a su hijo e hirieron a su hermano Misael, cuando iban a Santa Lucía, Ocuilan, Estado de México.

“Pido al presidente Calderón y al gobernador del Estado de México,  Enrique Peña Nieto, que se aplique la ley y se detenga a Luis Encarnación, Alejo Encarnación, Fernando Jacinto Medina y Silvestre Jacinto Medina, identificados como los atacantes de mis hijos Aldo y Misael. ¿Tenía que suceder esto para que ahora sí nos hagan caso o van a dejar el asesinato de mi hijo también en la impunidad?”, cuestionó Ildefonso Zamora, presidente de bienes comunales de San Juan Atzingo.

El indígena tlahuica fue acompañado por los comuneros Alejandro Ramírez Raymundo, Paulino Neri Carlos y Nicolás Hernández Alberto, y miembros de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (PRODH), la Red de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT) y Greenpeace.

Los comuneros denunciaron que las autoridades ministeriales de Tenancingo, Estado de México, dejaron pasar 24 horas antes de presentarse en el sitio donde fue asesinado Aldo, para recoger evidencia e iniciar la averiguación previa TENA/III/690/2007. Así mismo, dejaron pasar tres días para buscar a los agresores de Aldo y Misael, tiempo suficiente para que escaparan, por lo que la autoridad incumplió lo establecido en el Código de Procedimientos Penales del Estado de México (ver anexo).

“De nueva cuenta enfrentamos un sistema de justicia mexicano que es altamente ineficiente, discriminatorio y corrupto. En este caso las evidencias son más que suficientes y lo que encontramos es una marcada negligencia de las autoridades. La sensación que vive don Ildefonso Zamora y los otros comuneros es que la justicia en este país no existe. Hoy exigimos que la impunidad no prevalezca y para eso las autoridades deben actuar de inmediato tanto en el caso de Aldo Zamora como en otras denuncias que tienen que ver con la explotación irregular de los bosques”, señaló Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos.

Desde 1998, Ildefonso Zamora ha denunciado la tala ilegal y desmedida de los bosques de San Juan Atzingo en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala (PNLZ) y sus alrededores, sin que hasta la fecha haya una respuesta de las autoridades para detener esta situación. En diciembre de 2005, Ildefonso y otros comuneros presentaron un denuncia penal acompañada de videos y fotos que mostraban a los talamontes en flagrancia. En noviembre de 2006 el ministerio público solicitó 47 órdenes de aprehensión contra taladores, incluidos los atacantes de Aldo y Misael, mismas que fueron denegadas por el juez cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Estado, Gerardo Eduardo García Anzures, quien argumentó que no había elementos constitutivos de delito. El propio Feliciano Encarnación, padre de dos de los atacantes, fue detenido hace sólo dos semanas en un operativo realizado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero fue liberado bajo fianza.

“Hemos trabajado con Ildefonso y San Juan Atzingo desde 2004 y hemos sido testigos de su compromiso con la defensa de los bosques. De hecho, Aldo y Misael han sido indispensables para llevar a cabo una evaluación de los impactos de la tala en los bosques de su comunidad. También hemos sido testigos de la total impunidad con la que han sido asesinados, encarcelados o torturados, quienes se enfrentan a taladores y defienden los recursos naturales de todos los mexicanos. Ejemplos de esto son Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera, Felipe Arreaga y Albertano Peñaloza, en Guerrero; así como Isidro Baldenegro y Hermenegildo Rivas, en Chihuahua. ¡Ya basta!, pedimos a Felipe Calderón justicia para los bosques y para quienes los defienden”, señaló Patricia Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace México.

Las organizaciones ratificaron su llamado a Felipe Calderón para que:

• Se esclarezca inmediatamente este atentado y se castigue a los responsables del homicidio calificado de Aldo Zamora, así como de las lesiones provocadas a Misael Zamora, y demás delitos que se deriven.
• Se garantice la seguridad de Ildefonso Zamora y su familia, así como la de todos los comuneros que han luchado contra la tala ilegal en Lagunas de Zempoala, en particular Paulino Neri , Nicolás Hernández y Alejandro Ramírez y sus familias.
• Se tomen medidas inmediatas en coordinación con los estados de México y Morelos, para detener la tala ilegal en la zona y para castigar a los responsables.

De acuerdo con la Profepa, el PNLZ es considerado una de las 15 zonas críticas que en conjunto albergan 60 por ciento de la tala ilegal en el país. Análisis preliminares hechos por Greenpeace, muestran que los talamontes han deforestado completamente más de 250 hectáreas de bosques de oyamel y afectado una zona de más de mil hectáreas.

Esta región forma parte del Gran Bosque de Agua, el cual alberga dos por ciento de la biodiversidad mundial y proporciona agua a la región central de México; su destrucción contribuye a que se produzcan efectos más severos y devastadores del cambio climático en nuestro país.

Por su parte Irasema Zavaleta, coordinadora del Área Internacional del Centro Prodh, señaló que es necesario que el Estado mexicano reconozca y respete la labor de los defensores de los derechos ambientales, pues hasta ahora se ha dedicado a descalificarlos. Como ejemplo de ello, señaló que inclusive en un caso tan publicitado como el de los campesinos ecologistas de Guerrero, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, el Estado no ha modificado con el paso de los años su política de descalificación, pues apenas en octubre pasado, durante la audiencia celebrada en la Comisión Interamercicana de Derechos Humanos, su postura consistió en desconocer el carácter de defensores de derechos humanos de los señores Montiel y Cabrera. A la luz del asesinato de Aldo Zamora, tales descalificaciones muestran que el nulo reconocimiento a la labor de los activistas ambientales es sistemático. Por ello -destacó- es imprescindible que los hechos de esclarezcan mediante una investigación seria, imparcial, expedita y eficaz de los mismos.

Las organizaciones y los miembros de la comunidad concluyeron reiterando su demanda de justicia y protección para los campesinos que cuidan los bosques de nuestro país.

Código de procedimientos penales para el Estado de México: Artículo 108.- Tan luego como los servidores públicos encargados de practicar diligencias de averiguación previa tengan conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, dictarán todas las providencias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas; para impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho delictuoso y los instrumentos o cosas, objeto o efectos del mismo; para saber qué personas fueron testigos del hecho y en general, impedir que se dificulte la averiguación y, en los casos de flagrante delito, para asegurar a los responsables. Artículo 141.- El Ministerio Público, bajo su responsabilidad, al practicar diligencias de averiguación previa, está obligado a proceder a la retención o, en su caso, detención material de los indiciados en un hecho posiblemente constitutivo de delito, sin necesidad de orden judicial, en los casos siguientes: I. En caso de flagrancia; o II. En casos urgentes. Artículo 142.-... Se equipara a la existencia de flagrancia, cuando la persona es señalada como responsable por la víctima, algún testigo presencial de los hechos, o por quien hubiera participado con ella en su comisión... Artículo 143.- Habrá caso urgente, cuando concurran las siguientes circunstancias: II. Exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, entendiéndose por tal cuando, en atención a las circunstancias personales del indiciado, sus antecedentes penales, sus posibilidades de ocultarse para no ser sorprendido al tratar de abandonar el ámbito territorial de jurisdicción de la autoridad que estuviere conociendo del hecho, o en general, a cualquier indicio que haga presumir fundadamente que pueda sustraerse a la acción de la justicia...