Esta semana en Proceso.

 

 

 

 

Validación de la ilegitimidad

Con su actuación en los comicios presidenciales del 2006, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no sólo sentó un criterio para avalar delitos electorales, sino que incurrió en flagrantes violaciones a la ley por las cuales Felipe Calderón “no está legitimado para fungir como presidente de la República”, señala el reportaje que aparece este domingo 27 de mayo en Proceso.

Ante el cúmulo de irregularidades y hechos ilícitos que se produjeron en torno a la campaña del entonces candidato del Partido Acción Nacional (PAN), el Tribunal optó por el camino fácil: emitir un dictamen administrativo, y no una resolución judicial, que colocó a los propios magistrados electorales en una situación ilegal y dejó al principal beneficiario carente de legitimidad.

La emisión de ese dictamen administrativo significa, jurídicamente, que no hubo declaración de validez de la elección presidencial, lo cual tiene consecuencias políticas y legales, pues mientras que en estricto derecho a los magistrados se les puede imputar el delito contra administración de la justicia, a Calderón puede fincársele el de ejercicio indebido de servicio público.

Tal es la interpretación de los acontecimientos que hace Julio Scherer Ibarra, quien fue asesor jurídico del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, en el libro La guerra sucia de 2006. Los medios y los jueces, escrito en coautoría con el periodista Jenaro Villamil y que la próxima semana pondrá en circulación la editorial Random House Mondadori bajo el sello de Grijalbo, destaca la edición 1595 de Proceso.