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El gobierno pretende exculpar a los homicidas de los mineros de Pasta de Conchos

 

Por Cuauhtémoc Ruiz Ortiz

La muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila, el 19 de febrero de 2006 es una de las mayores tragedias en la historia del país. La explosión enlutó súbitamente a decenas de familias, siendo uno de los golpes más fuertes y dolorosos que ha sufrido la clase trabajadora mexicana. Las autoridades y la empresa quisieron hacerlo pasar como un "accidente", pero fueron tantas las pruebas de que había existido negligencia criminal que hasta la pazguata Procuraduría de justicia del Coahuila tuvo que abrir un proceso penal contra cinco directivos de la empresa por ser "probables responsables de homicidio culposo". En realidad, los primeros responsables son el ahora ex secretario del Trabajo, Francisco Salazar Sáenz, los dueños de Industrial Minera México y Napito Gómez Urrutia, secretario general del sindicato nacional minero. Estos tres no pueden delegar la responsabilidad principal en subalternos, porque desde sus distintos ámbitos de actuación tienen mucho que ver en estas muertes. Por ejemplo, Napito autorizaba la subcontratación de mineros a los que se les pagaba una miseria y el sindicato (léase: sus dirigentes) recibía una participación por cada trabajador. La mayoría de mineros muertos laboraba en estas condiciones.

Pero en un país como México, en donde la justicia se vende al mejor postor, el juez primero de lo penal Sergio Támez Moreno, cerró el 17 de abril el caso y dejó sin efecto el proceso penal contra los funcionarios de la empresa. Además, de manera insolente e irrespetuosa resolvió que las viudas deben cobrar a más tardar en treinta días el monto de la reparación del daño, la cantidad de 128 mil 290 pesos por muerto, "o de lo contrario el recurso se quedará en el fondo de administración de la justicia." 1

La protección a la empresa vino también de parte del gobierno de Calderón. El secretario de Energía, Eduardo Sojo, "una y otra vez defendió que la secretaría a su cargo no podrá valorar si suspende o cancela la concesión a la empresa, porque eso dependerá de que se llegue al sitio exacto de la explosión." Con ironía, el reportero le preguntó que llegar al sitio de la explosión podría tardar hasta 10 años, y Sojo contestó cínicamente que "nadie espera que sea tanto tiempo, pero así es." 2

El Partido Obrero Socialista (ahora MAS) exige el castigo a los responsables de estas muertes y que se revise el procedimiento de indemnización a las familiares de las víctimas. Exige que se legisle para evitar el uso inadecuado del gas metano en las minas y para que se incrementen las medidas de seguridad en los centros de trabajo. Llama a todos los sindicatos y organizaciones sociales del país a exigir justicia para frenar las muertes y amputados por "accidentes de trabajo".

Exige que las minas propiedad de Industrial Minera México, sean expropiadas sin indemnización y sean administradas por sus propios trabajadores.

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1 "Salva juez a minera", por Griselda Farías, en Reforma, 18/04/07, pág. 11.

2 Roberto Garduñio y E. Méndez, en La Jornada , 01/03/07, pág. 10.

 
 
by. Partido Obrero Socialista-Movimiento al Socialismo
www.movimientoalsocialismo.com.mx

 

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¡Solidaridad y justicia!

Compañeros del POS-MAS, nos unimos a la exigencia de castigo a los responsables, asi mismo exigimos que las minas propiedad de Industrial Minera México, sean expropiadas sin indemnización y sean administradas por sus propios trabajadores.

ATT. HHR-NEWS 

 

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