La Parota: Carta Centro de derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

 

Carta de Tlachinollan con los datos de la Asamblea del domingo 12 de agosto pasado. 
Sobre esos datos del Convenio Conciliatorio, se piden pronunciamientos públicos para que el gobierno federal y el gobierno estatal respeten a la voluntad popular expresada por los comuneros quienes han rechazado el proyecto de La Parota.

 

Unánime rechazo a La Parota

en el núcleo de Cacahuatepec

Más de tres mil habitantes del núcleo agrario indígena de Cacahuatepec rechazaron la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota dentro de su territorio, durante una asamblea celebrada el 12 de agosto y que fue regida por usos y costumbres. Los asistentes votaron contra el megaproyecto después de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) expuso por vez primera los "beneficios" que traería, y cuatro especialistas informaron acerca de los perjuicios de la obra.

La mayoría de comuneros, avecinados y posesionarios que participaron en la asamblea votaron contra la presa y por eso el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (CECOP) y la autoridad comunal de Cacahuatepec (que es reconocida por el gobierno), firmaron un "convenio conciliatorio" en el que establecen que el Comisariado de los  Bienes Comunales no convocará a ninguna asamblea más relacionada con la expropiación de la tierras para poder construir la presa La Parota. Un día después de la asamblea la autoridad comunal oficial, que preside Jesús Crisanto Arellano, desconoció el acuerdo con el argumento de que lo firmó "bajo presión". De la misma forma, el gobierno del Estado negó la validez del "convenio conciliatorio" porque, según el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, la asamblea no fue convocada "para la toma de decisiones", sino que era de carácter "informativo".

La asamblea del 12 de agosto es resultado del diálogo que estableció el CECOP con el Comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec. El 25 de julio, ambas partes acordaron celebrar una asamblea regida por usos y costumbres a fin de garantizar la participación de los habitantes de Cacahuatepec, y con ello hacer efectivo el derecho a la libre consulta de la población. Se acordó que la CFE tendría la oportunidad de informar a la asamblea los "beneficios" de la presa, y que expertos independientes explicarían los perjuicios.

La asamblea se celebró en un terreno acondicionado en la comunidad de Aguas Calientes donde predominaban mantas con mensajes en contra de La Parota. La CFE colocó a la entrada maquetas que ilustran la transformación del territorio una vez construida la presa. Las casas para los reubicados las presentan con un amplio jardín, en lo alto de una colina; abajo, en un área al costado del embalse, la zona turística que ya está siendo promovida por el gobierno estatal.

La representación de la CFE , encabezada por el director de inversión financiada, Eugenio Laris Alanís, fue a repetir a la asamblea que la presa La Parota traerá beneficios para el estado de Guerrero y para México; por ejemplo, mencionó más de ocho mil empleos a generar, que sería detonante en el sector turístico y la garantía de que habría agua para Acapulco y una importante generación de energía para el país. Agregó que desde el 2004 a la fecha se han gastado recursos públicos asignados al proyecto por 200 millones de pesos, tanto en estudios ambientales y sociales como en obras de compensación; y que el número de afectados sería apenas de 3 mil habitantes. E insistió en que el río no se secará y que tampoco producirá efectos negativos en el medio ambiente.

En sentido contrario, cuatro especialistas invitados por el CECOP a la asamblea (Octavio Klimek y Angelberto Martínez, asesores en medio ambiente y energía en la Cámara de Diputados; Andrés Barreda, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México; y José Antonio Almazán, Secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados);   concluyeron que no debe construirse la presa por los impactos negativos que producirá. Particularmente destacaron:

·         Que el río dejará de ser río, pues se convertirá en un embalse y que sin duda las tierras río debajo de la cortina se desertificarán (bajarán su productividad).

·         Que ambientalmente y socialmente existen alternativas de otros proyectos con la misma capacidad de generación de energía menos costosos, como hacer pequeñas represas.

·         Que hoy en día México no requiere un proyecto con esos grandes costos sociales y ambientales, pues existe una reserva en generación de energía eléctrica del 46% de excedente, menos aún con las hidroeléctricas de "El Cajón" y la "Yesca" que se están edificando en Nayarit.

Sin información sólida, la CFE intentó convencer a los asistentes de las bondades del proyecto e incluso Eugenio Laris Alanís les dijo: "queremos que la comunidad tome en cuenta las cosas buenas del proyecto y que decidan si están por el progreso o porque se mantengan las condiciones de miseria que actualmente tienen en esta cuenca del Río Papagayo". Sonó a amenaza. La respuesta de la asamblea fue un evidente rechazo al proyecto. Después, a mano alzada más de tres mil vecinos manifestaron que no estaban de acuerdo en que la presa se construyera sobre sus tierras.

Coacción del gobierno y la CFE

El 25 de julio del 2007, el CECOP y el Comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec, (al que reconoce el gobierno y que representa a quienes apoyan que se construya la presa), establecieron de común acuerdo que la asamblea del 12 de agosto se desarrollaría en base a los usos y costumbres de los pueblos y que participarían comuneros, avecindados, posesionarios y ciudadanos radicados en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.

Pero el domingo, a la comunidad de Aguas Calientes, sede de la asamblea, llegaron personas que no viven en el territorio comunal de Cacahuatepec; llevados por la CFE pretendieron ingresar a la asamblea y votar a favor del proyecto. La estrategia consistió en mostrar credenciales de elector anómalas (identificación oficial expedida por el Instituto Federal Electoral). Además, días antes los miembros del CECOP supieron de casos de personas que recibieron 150 y hasta 500 pesos por parte de operadores de la CFE para que participaran a favor de la presa. El CECOP hizo saber a Lair Alanís que se falsificaron credenciales y que se repartió dinero, el funcionario de Comisión Federal de Electricidad sólo respondió: "me deslindo y deslindo a la CFE".

A pesar de las anomalías antes mencionadas, todas las personas fueron aceptadas e ingresaron al recinto donde se llevó a cabo la asamblea. Antes que informara la CFE y con posterioridad los cinco expertos independientes convocados por el CECOP, evidentemente había una gran población que se manifestaba a favor del proyecto, sin embargo, una vez escuchadas todas las exposiciones el rechazo al proyecto fue contundente.

El director de inversión financiada de la CFE , manifestó "entiendo que hay un grupo inconforme del CECOP sentado en las sillas de enfrente que se manifiestan en contra del proyecto hidroeléctrico". La respuesta no se hizo esperar, la mesa de debates que dirigía la asamblea preguntó: "que se paren y alcen la mano quienes una vez escuchadas las exposiciones están en contra del proyecto La Parota". La manifestación fue unánime, más de tres mil almas procedieron a pararse y levantar sus dos brazos, bajo la consigna "no queremos el proyecto, fuera la CFE ".

Es importante destacar que un elemento que valoraron los campesinos presentes que inicialmente tenían una buena impresión del proyecto, fueron las evidentes mentiras de la paraestatal, pues en su exposición Eugenio Laris Alanís, manifestó que en los Bienes Comunales indígenas de Cacahuatepec, sólo se afectarían tres comunidades. Inmediatamente, el experto invitado por el CECOP, Octavio Klimek Alcaráz, en sus minutos de participación contra argumentó dicha falsedad informando a la gente que detrás de la cortina se edificaría una represa denominada de cambio de régimen, que inundaría los poblados de Los Hilamos, Parotillas, La Concepción y Apanhuac. 

Ninguna asamblea más en torno a La Parota, acuerdan

El convenio conciliatorio que firmaron los miembros del Comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec, y tres miembros del Cecop, tras la asamblea que rechazó el proyecto La Parota, consiste en solicitar al Tribunal Unitario Agrario 41, con sede en Acapulco, sea considerado como la resolución final de un proceso de conciliación y diálogo entre las partes. Este proceso de conciliación se abrió en dicho Tribunal para resolver la demanda de nulidad que presentó el CECOP de las convocatorias a las asambleas de 6 y 20 de mayo, (respecto al juicio 242/2007) que lanzó el Comisariado oficial, con el fin de que se aprobara que la CFE ocupe las tierras, que inicie trámites de expropiación y de cambio de uso del suelo. Dichas asambleas no se realizaron, y en su lugar se abrió el proceso de diálogo.

Los puntos principales del convenio son: "Ambas partes acordamos que por decisión de la asamblea celebrada por usos y costumbres, el Comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec se compromete en lo futuro a no emitir otra convocatoria para la asamblea general de comuneros que en su respectivo orden del día contenga asuntos relacionados con el proyecto hidroeléctrico La Parota, y particularmente con el ocupación previa, cambo de uso del suelo y expropiación de las tierras de los Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, que pudieran ser destinados a La Parota".

"Manifestamos que este acuerdo es consecuencia de que el máximo órgano de decisión de nuestro núcleo comunal, una vez que fue informado sobre las ventajas y desventajas del proyecto hidroeléctrico La Parota, resolvió que éste no beneficia a los Bienes Comunales de Cacahuatepec, sino que por el contrario, traerá consigo costos ambientales, sociales y culturales de imposible reparación".

Niegan validez al convenio

El convenio conciliatorio sería ratificado el lunes ante el Tribunal Unitario Agrario por ambas partes, sin embargo, por instrucción de la CFE y del gobierno, los integrantes del Comisariado oficial no acudieron, por lo que dicho Tribunal no puede considerarlo aún para emitir una resolución final respecto al juicio agrario 242/2007 que se ventila en torno a la demanda de nulidad de las convocatorias para las asambleas con fecha del 8 y 20 de mayo del 2007.

 

Jesús Crisanto Arellano, presidente de la autoridad comunal oficial, declaró que firmó el convenio el domingo "bajo presión". Por el gobierno del Estado, el secretario de Gobierno, Armando Chavaría Barrera, restó validez al convenio y dijo que los simpatizantes a la presa pueden impugnarlo en razón de que "se modificó el espíritu de la asamblea" y "se convirtió en una asamblea para la toma de decisiones".

La figura de convenio de conciliación en un juicio agrario está prevista en el Artículo 185, fracción sexta de la Ley Agraria, que establece que en cualquier momento de un juicio agrario antes de que haya pronunciamiento del fallo, previo acuerdo de las partes, "se suscribirá el convenio respectivo, que una vez calificado, y en su caso aprobado por el tribunal, tendrá carácter de sentencia".

El juicio 242/2007 que mantienen los comuneros y el Cecop por las asambleas del 6 y 20 de mayo pasado, quedó anulado, de acuerdo con este artículo, por la voluntad expresada entre las partes. Además, en sus cláusulas quedó también asentado el compromiso de no volver a convocarse a una asamblea similar y el rechazo del máximo órgano del comunal al proyecto La Parota.

El derecho a la consulta de los pueblos.

Las autoridades estatales y la propia CFE, ante la evidente manifestación de los campesinos en contra del proyecto, ahora pretenden esgrimir argucias como que la asamblea era informativa no resolutoria" y que pro lo tanto no es válida la negativa frente a la hidroeléctrica, ni el convenio firmado.

La consulta es un derecho fundamental de los campesinos e indígenas de los bienes comunales de Cacahuatepec, que en su contenido  no sólo implica el que tengan la información suficiente para formarse una opinión, sino que también lleva implícito la garantía de que una ves obtenida la información real y verás en torno al proyecto, cuentan con la potestad de emitir su opinión al respecto y fue justamente lo sucedido el 12 de agosto del 2007.

Más aún, además del derecho a la consulta reconocido en el artículo 2º constitucional e incluso en el numeral 6º del Convenio 169 de la OIT, el derecho interno mexicano establece prerrogativas que protegen la propiedad social de los campesinos. De esta forma el artículo 23 de la Ley Agraria establece que el órgano supremo de toma de decisiones es la asamblea general, lo cual es fortalecido por el propio artículo 95 de la misma Ley, que establece: Queda prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que, respecto a las mismas, se tramita expediente de expropiación, a menos que los ejidatarios afectados o la asamblea, si se trata de tierras comunes, aprueben dicha ocupación". Es decir, en resumidas cuentas el artículo transcrito brinda de manera manifiesta a favor de los campesinos su derecho a la consulta, incluida la decisión sobre el destino de sus tierras, tal como sucedió el 12 de agosto del presente año en donde la asamblea al ser informada hizo válido su derecho a la consulta tomando su decisión de rechazar la presa hidroeléctrica.

Aunado a lo anterior, en septiembre del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver cinco casos de expropiación de ingenios azucareros emitió una jurisprudencia contundente en el sentido de que no se puede expropiar sin respetar el derecho de audiencia de los dueños de la tierra antes de la emisión de cualquier decreto expropiatorio y que en materia agraria, es la asamblea general de comuneros la que tiene que dar su anuencia o su rechazo a la expropiación.

Campaña de Acción.

Es por ello que hoy solicitamos su apoyo y solidaridad, para demandar al gobierno federal y al gobierno de Guerrero, el respeto al derecho a la consulta de los pueblos campesinos e indígenas que serían afectados por el proyecto hidroeléctrico La Parota, pues el 12 de agosto del presente año, haciendo uso de su derecho humano fundamental de ser tomados en cuenta en las decisiones públicas que los afectan directamente,  y de las propias garantías que otorga el marco legal mexicano, en asamblea general manifestaron de forma abierta, expresa y contundente su rechazo al proyecto hidroeléctrico La Parota.

Les pedimos como acciones de apoyo y solidaridad:

·         Emitir pronunciamientos públicos exigiendo el respeto de la voluntad expresa de los pueblos y rechazando la imposición del proyecto.

·         Enviar cartas al Secretario de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y al Gobernador de Guerrero, demandando el respeto irrestricto a la voluntad de la asamblea del 12 de agosto del 2007 y por lo tanto la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico La Parota.

 

Contacto:

Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan

Mina # 77, Col. Centro

Tlapa, Guerrero, México

Tel. oficina 01 757 47 6 12 20/6 12 00

www.tlachinollan.org

Mario Patrón Sánchez-Área jurídica de Tlachinollan [e-mail]

Cel. (045) 75 71 05 76 47

Vidulfo Rosales Sierra-Área Jurídica de Tlachinollan [e-mail]

Elena Cannie-Área Internacional de Tlachinollan [e-mail]

Cel. (045) 75 71 05 42 73

Jesús Rodríguez-Área de Difusión de Tlachinollan [e-mail]

Cel. (045) 75 71 06 19 65

 

 

by. Información difundida por la LIMEDDH
[e-mail]
www.espora.org/limeddh