DENUNCIA LOS HECHOS OCURRIDO EL MES DE MAYO DEL 2006,DONDE FUERON DESALOJADOS, AGREDIDOS VIOLADAS LAS COMPAÑERAS EN ATENCO

 

Por la Junta de Buen Gobierno.

El Grupo Biciresistencia CONVOCA:

Invitamos a los renegados que tengan bicicleta a participar en el 1er Carnaval de la Ciudad de México.

Vamos a participar con el tema de la Revolución Mexicana.

Si gustan acompañarnos con atuendos de adelitas, sombreros, carrilleras, etc. de tal manera que parezcamos centauros del D.F. en bicicletas. O vengan únicamente con la bicla y su ánimo.

Nos vemos en el Auditorio Nacional el domingo 29 de Octubre a las 10:00 hrs.

Biciresistencia.

Sufragio efectivo No imposición.

Andrés Manuel López Obrador. Presidente Legitimo de México

Solo el Peje y la bici pueden destruir a la autocracia.

GOBERNAR DESDE LA TELEVISION

Por Daniel Cazés-Menache*

¿Es necesario que los poderes del Estado produzcan y difundan publicidad sobre la forma en que afirman que cumplen sus tareas? ¿Para qué precisa la ciudadanía que le vendan cámaras de diputados y senadores, Suprema Corte de Justicia, IMSS e instituciones por el estilo, como si fueran refrescos de cola, alcoholes o fórmulas para perder peso? ¿Acaso compra la gente lo que ponen a la venta el gobierno y los changarros asociados a él?, ¿alguien se cree lo de “damos resultados” o “la gran imsstitución”? ¿Podrían el IFAI o la CNDH exigir que la mercadotecnia gubernamental presentara hechos concretos además (o en lugar) de la publicidad que difunde? (Por ejemplo: “En el IMSS, tan sólo para analizar si una persona puede donar un órgano, tardamos seis meses o más” o “Deterioramos tu salud y ponemos en peligro tu vida mientras vemos si te atendemos”, o aquel vetusto desglose de siglas que hacen los burócratas en espera de atención: “Inútil solicitar servicios, sólo tramitamos entierros”. O también: “En el Senado no nos importa Oaxaca, pero sí las negociaciones del combinado calderonista”. O aun: “En ningún año del sexenio se alcanzó crecimiento de siete por ciento ni el millón de nuevos empleos”, y quizá: “En menos de 15 minutos logramos la adhesión del Enmascarado de lana”). Sería ingenuo pensar que algún día anuncien por televisión o por radio la cantidad de espots vacíos con que se ha publicitado a las instancias y a los personajes gubernamentales y la cantidad de dinero que (proveniente de los bolsillos ciudadanos) se llevaron las empresas preferidas para halagar o denigrar. Dirán todo lo que les indique su imaginación casi nula, y lo repetirán en las ondas hertzianas miles de veces –metodología de Göbels asumida por los gobiernos de México desde hace más de siete décadas–. Con la malicia generalizada –inútil arma de la sumisión y la impotencia– no se perderá la convicción de que tras cada dictamen electoral hay un cuñado incómodo, de que cualquier juececillo protegerá a sus protectores y dañará al periodismo honesto, de que las inserciones pagadas de los gobers preciosos hacen direcs preciosos, capaces de ignorar metáforas como la de las botellas de coñac. Poco importa: se gobierna a pesar de lo que piensen o expresen porciones enormes de la ciudadanía, pues nunca se ha pensado gobernar para ella y mucho menos con ella: siempre contra ella. Quien no aparece en los medios, en especial en la tele, no existe; y si de quien aparece en la tele se habla mal, diversos voceros se preciarán de que las acciones de gobierno son más eficaces y por ello, más efectivas. Quienes con prepotencia empresarial –la política profesional es una gran empresa, próspera y plural– sólo son capaces de percibir a la ciudadanía como el molesto conglomerado informe de consumidores de mentiras que el martilleo de espots convierten en verdades. Más de cien millones de habitantes de este país vivimos a merced de la espotocracia, o más bien de la espotarquía absoluta. El Poder Legislativo jamás percibirá la urgencia de crear una entidad capaz de apoyar el más minúsculo propósito de liberarnos de sus garras (las de la espotocracia y las de las cámaras). El sexenio que se avecina será de auge de ese sistema que ni siquiera se pretende ilustrado (y a menudo da muestras de su indiferencia por ser lo contrario): Ejecutivo, Judicial y Legislativo están de tal manera seguros de que todo estuvo chueco en la elección de julio, que no permitirán que quienes exigimos ver los documentos que ocultan conozcamos los verdaderos resultados. Para ellos es más rentable consolidar sus técnicas para seguir gobernando por espots en Oaxaca, en Tabasco, en Chiapas, en todo el país. * Doctor en antropología, director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades de la UNAM.

LA DERROTA DE LAS INSTITUCIONES

El Estado de derecho está constituido por tres elementos básicos: el poder público debe tener su origen en la soberanía popular, el poder debe estar limitado democráticamente, y el poder se justifica y legitima si garantiza derechos humanos. El primer elemento en nuestro país sigue siendo muy débil, pues aunque contamos con elecciones de un poco más calidad que en el periodo del partido hegemónico, después del fin de éste, los poderes fácticos (televisoras, radiodifusoras, grandes capitales privados, partidos, sindicatos, etcétera) son los que controlan el aparato del Estado. El poder público está a su servicio y no al de los ciudadanos. El sistema electoral presenta deficiencias indudables. Aquí al menos las siguientes: 1) Las campañas se hacen en los medios y la autoridad electoral no tiene competencias legales suficientes para salvaguardar la equidad en las contiendas. 2) El financiamiento privado está sin control en las antecampañas y precampañas, lo que propicia que quien defina las elecciones sean los grandes capitales privados con corrupción añadida. 3) El financiamiento público es excesivo, al igual que la duración de las campañas. 4) Los instrumentos de fiscalización de la autoridad electoral son débiles. 5) Las nomenclaturas de los partidos controlan el proceso político. 6) No existen mecanismos de democracia directa ni candidaturas independientes. 7) Los partidos no funcionan democráticamente hacia su interior, lo que avizora la consolidación de una partidocracia mexicana, y un largo etcétera, que manifiesta que el sistema electoral no es expresión ni está destinado a la ciudadanía sino a otros intereses. El poder público no se encuentra limitado democráticamente. El Poder Judicial mexicano no es independiente, no garantiza el acceso a la justicia a los ciudadanos ni es eficiente. Según datos del propio Poder Judicial Federal, de cien amparos presentados por los ciudadanos, 75 por ciento se sobresee (esto es, no se entra al fondo del asunto, pues alguna causa procesal lo impide), es decir, el Poder Judicial decide, pero no resuelve los grandes problemas económicos, sociales y políticos del país. Es, además, un poder controlado por la Presidencia de la República y las mayorías legislativas que controlan el Senado, debido a un deficiente mecanismo de nombramiento de los ministros, que no le da a la ciudadanía participación en las designaciones. La cultura jurídica nacional se distingue por su formalismo, no se orienta a la protección de los derechos humanos ni a la salvaguarda de los principios democráticos. La jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte, en contravención de lo señalado por la ley suprema, impide que los jueces locales y autoridades administrativas interpreten las leyes secundarias desde la Constitución, lo que propicia el incumplimiento y el divorcio de las autoridades no federales respecto a la Constitución. El Ministerio Público es un órgano político de defensa a los que se consideran políticamente cercanos, como los hijos de Marta Sahagún, o de ataque a los adversarios políticos, como se demostró en el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador. El proceso de investigación es deficiente, es sobre todo inquisitorio y no acusatorio, y suelen realizarse las investigaciones sin garantizar los derechos humanos de los acusados. El Ministerio Público tiene indebidamente el monopolio de la acción penal, lo que en los hechos significa que si el Ministerio Público no desea consignar un caso, es difícil que ello se produzca aunque las decisiones finales del Ministerio Público sean revisadas por el Poder Judicial Federal. Es, además, muy escaso el número de consignaciones en relación con el número de denuncias y querellas presentadas por los ciudadanos, lo que significa impunidad. Ningún órgano constitucional autónomo –Banco de México, IFE, Comisión Nacional de Derechos Humanos– lo es a plenitud. Como demostró la elección federal de 2006 con el IFE, estos órganos suelen estar penetrados por los poderes formales o los poderes fácticos (medios de comunicación electrónicos, partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, intereses trasnacionales, iglesias, etcétera). El Poder Legislativo está necesitado de una gran reforma que lo democratice y lo ponga al servicio de los ciudadanos. No rinde cuentas a los ciudadanos, las comisiones del Legislativo –que son sus órganos fundamentales– no cuentan con el marco legal adecuado para tramitar en tiempo y forma las iniciativas de reforma o para controlar al Ejecutivo, se carece de un estatuto del parlamentario y de mecanismos que eviten la corrupción en su interior. Los legisladores han dejado de ser representantes de la nación y ahora lo son de los poderes fácticos. La democracia en México, si se puede llamar así, es delegativa. El ciudadano vota cada tres años pensando que es libre, pero carece de instrumentos de control interelectoral. No hay mecanismos de accountability ni de rendición de cuentas fuertes. La transparencia al poder, impulsada en este sexenio, no va a la médula del poder, se queda en los poderes formales y no atiende a los poderes fácticos. En estos días, Vicente Fox ha enviado al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para que los partidos transparenten su vida interna, los recursos que emplean y el patrimonio que ejercen, lo que parece bien. Sin embargo, se olvidó del poder fáctico más importante: los medios de comunicación electrónica, que también deben ser sujetos obligados de las leyes de transparencia, por el papel que han acumulado en la videocracia que padecemos. El sistema jurídico y político no se orienta a la protección de los derechos humanos. Los derechos económicos, sociales y culturales carecen de medios de garantía jurídica. En México, para luchar por estos derechos, los ciudadanos tienen que hacer marchas y plantones y no como se debiera, acudir a los tribunales para reivindicar una vivienda, un hospital, una escuela, etcétera. El juicio de amparo –orgullo nacional– es una institución individualista y decimonónica, sin utilidad real de cara a los derechos humanos de los ciudadanos. Necesitamos mecanismos procesales de protección a los derechos colectivos e intereses difusos que hoy en día no existen. El sistema judicial requiere una profunda reforma para darle a cada ciudadano la acción popular de inconstitucionalidad. Las minorías deben tener acceso a los medios de comunicación electrónica a través de los tiempos del Estado para que realmente tengan voz. Todo el sistema, en cada uno de los poderes y órganos, debe incorporar mecanismos participativos y deliberativos. López Obrador tiene razón en su crítica a las instituciones. No tendremos el fin de la transición hasta que tengamos un Estado de derecho pleno. Las instituciones no cumplen con sus fines sociales. Ha sido un error concebir la democracia y la transición sólo en términos electorales. La manera de estar en el siglo XXI es con un Estado fuerte para que exista y se desarrolle una sociedad civil fuerte. JAIME CARDENAS * Doctor en derecho, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ex consejero electoral del IFE. [e-mail]

ULISES YA CAYO, YA CAYO Y SIGUE FECAL

MANIFESTACIONES CONTRA URO EN OAXACA, OAX.

Uno de los integrantes de la APPO fallecido

20-10-2006. El cuerpo sin vida del profesor Pánfilo Hernández Vázquez es velado en la misa que se ofreció en la iglesia de "La Compañía" luego de que muriera a consecuencia de tres impactos de bala en el abdomen ocasionados por desconocidos. Foto: JLP/OP 
 

 

 

MODELO DE DOMINACION DE LARGO PLAZO

Ciudad Perdida

Miguel Angel Velázquez

Hartazgo en el país de la política neoliberal
Un germen de cambio que urge y que camina

Sólo en la mente de un dictador, al estilo de los años 60-70 del siglo pasado, podía caber la posibilidad de crear un plan que impusiera las formas de desarrollo de un país. Sólo en la cabeza de Felipe Calderón, y en el plan hegemónico de una derecha medrosa que teme perder sus privilegios a manos de la gente, pudo surgir tal escenario.

Para Felipe Calderón, que a ciencia cierta no se sabe si podrá tomar posesión, como la costumbre nos ha enseñado, y que no sabemos si tal cosa a sus empleadores le importa, el modelo de dominación debe continuar hasta por 30 años.

Así se lo han ordenado, y así tratará de que suceda, a menos que desde ahora, como ya se empieza a sentir, sea la gente la que lo impida, la que se rebele ante la imposibilidad, por ejemplo, de hacer que su voluntad política sea burlada por los intereses de los grandes capitales que se han empeñado en hacer de su propiedad, y de su manipuleo, el concepto democracia.

Decimos esto porque, aunque no parezca una acción concertada, nacida de un quehacer político partidista, la resistencia civil pacífica a la que convocó Andrés Manuel López Obrador camina sin que haga falta el pastor que conduzca a las ovejas, como la tradición lo marcaba.

Los desplegados publicados por las poderosas cadenas Wal-Mart y Sabritas (Pepsico) dan muestra inequívoca de que la gente, en muchos sentidos, decidió hacer suya la causa, es decir, la protesta contra el fraude electoral al que contribuyeron esas empresas, según consta a los miembros de la resistencia civil.

Esos monstruos del capitalismo, aunque no lo dicen, dejan explícito en sus comunicados que la gente, mayoritariamente en la ciudad de México, los ha herido, ha dejado de comprar, ha dejado de acudir a sus llamados de oferta, y los repudia.

Y frente a esa realidad buscan la forma de desligarse de la campaña de calumnia y odio que levantó el Partido Acción Nacional en contra de la opción que les prometía mayor justicia, porque estaban convencidos de la democracia irreal que les vendieron.

Lo mismo sucede ahora con los habitantes de Oaxaca que se han plantado en la ciudad de México. Están cansados, no han cobrado durante cuatro meses sus muy necesarios salarios, por bajos y poco remunerables que sean, y sin embargo, amplían sus horizontes y llaman a una movilización nacional que permita torcer el rumbo que impone ese plan dictatorial de tres décadas que enarbola Calderón.

No será fácil, para nadie, imponer condiciones que permitan someter a la gente a destinos que no les sean favorables. Esa es la lección que nos ha dado Oaxaca. Tal vez, como por ahí se dice, los contrarios a los intereses de las mayorías podrán convencer a quienes tienen el monopolio de la fuerza de que es urgente la represión, pero no habrá, por el momento, oferta más importante para los maestros oaxaqueños que el mantenerse en pie de lucha para salvar su dignidad como pueblo y su legitimidad como movimiento que busca justicia.

Andrés Manuel López Obrador se mantiene como líder único de los movimientos sociales que vienen surgiendo, aunque no diga, aunque no señale, porque es la única referencia que supone la ruptura con ese plan dictatorial que se pretende imponer, por eso el movimiento social que ha generado no necesita de mayores indicadores para seguir por el buen camino.

El boicoteo a las firmas que apoyaron la imposición sigue adelante y demuestra que el hartazgo de la política neoliberal es el germen del cambio que urge, y parece que camina. ¿O, no?

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