31 de agosto: ¿Huelga Nacional?

 

POS-MAS* 

Las actuales condiciones en el país, imponen al movimiento de trabajadores la necesidad de realizar una huelga nacional de gran envergadura en contra de las recientes reformas a la Ley del ISSSTE. Una y otra vez los trabajadores han demostrado su gran disposición.

Lamentablemente, para la lucha misma, las direcciones sindicales que la encabezan no están dispuestas a impulsar de manera seria esta iniciativa. Nos referimos a los burócratas dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y a los dirigentes de la Secc. XVIII de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) quienes en los hechos han venido mediatizando la propuesta que se venía perfilando de huelga nacional hacia el 31 de agosto.

En el caso de la UNT el llamado a una huelga nacional es simple demagogia. Es similar a los llamados que en su momento el vetusto y extinto líder cetemista, Fidel Velásquez, terminó por desgastar hasta el cansancio, al alardear con huelgas en todo el país por aumento salarial y que terminaban en maniobras para mejorar el control de los trabajadores. La expresión más reciente de ello la tuvimos en junio del año pasado, cuando la dirección colegiada de la UNT (Francisco Hernández Juárez, Agustín Rodríguez y Valdemar Gutiérrez) convocó a una supuesta huelga nacional en defensa de la autonomía sindical de los trabajadores mineros, a propósito de la tragedia de Pasta de Conchos, acción que por supuesto no prepararon y mucho menos realizaron. Esta es la esencia política de la UNT: realizar declaraciones mediáticas para dar una imagen de lucha ante la opinión pública y ante sus agremiados, pero en el terreno de la acción, operan de manera distinta, sin ninguna disposición a dar batallas consecuentes a favor de los intereses de los trabajadores.

Frente a las reformas a la Ley del ISSSTE la primera declaración de la UNT y en específico de Agustín Rodríguez, fue la de realizar una huelga nacional para el 31 de agosto, que ahora vienen cambiando por la propuesta "light" de realizar un plantón en la Cámara de Diputados a partir del primero de septiembre, fecha en que inicia el segundo periodo ordinario de sesiones.

Por su parte la Sección XVIII de la CNTE le impuso al Consejo Nacional de Huelga (CNH) el realizar para el 31 de agosto un cuarto paro cívico nacional, acción que fue resuelta sin la participación de las bases magisteriales y sin mayor discusión al interior del CNH. Y como no hubo definición al respecto, entendemos que esta acción sería como las anteriores: de 24 horas.

Ambas políticas, cada una por su lado, están conduciendo al movimiento hacia el desgaste y por ende a la derrota, al diluir los esfuerzos de un movimiento que sigue extendiéndose actualmente. Nuevamente no se ha preparado ésta acción para ampliarla hacia otros sindicatos y para convertirla en una acción de mucha mayor fuerza.

Lo que los trabajadores debemos exigir a estas direcciones sindicales es que se garantice la participación democrática de todos los trabajadores en la preparación del plan de lucha, para abrogar las reformas a la ley del ISSSTE. Junto con ello debemos exigir que se ejecuten las iniciativas acordadas por la base; es decir, desterrar toda tentativa de acordar acciones entre unos pocos o a través de instancias controladas por la burocracia, como es el caso del Consejo General de Representantes del STUNAM.

Los trabajadores debemos discutir y preparar de manera unitaria la huelga nacional, único mecanismo con que contamos para derrotar de manera efectiva las iniciativas de Felipe Calderón y los organismos financieros internacionales.

La próxima jornada de movilizaciones debe desembocar en una huelga nacional indefinida, pero el 31 de agosto no debe quedar en el nivel alcanzado hasta ahora, un paro de 24 horas o un nuevo plantón.

Requerimos una acción que deje muy claro que el movimiento va en ascenso, en repudio a las contrarreformas y que prepare las condiciones para la huelga nacional indefinida, que no sólo revierta la reforma en materia de pensiones, sino todas las iniciativas que el gobierno de derecha pretende imponer a los trabajadores.

 

 

Partido Obrero Socialista-Movimiento al Socialismo
www.movimientoalsocialismo.com.mx 

 

Agresión en Mpio. Autonomo Olga Isabel. 2 heridos de bala

 

San Cristóbal de Las Casas, a 11 de Agosto de 2007

Boletín de Prensa No. 17

Agresión a Bases Zapatistas del Municipio Autónomo de Olga Isabel

· Dos Bases de Apoyo heridos de bala.

· Se encuentran en Terapia Intensiva en Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo a información proporcionada el día de hoy, por la Junta de
Buen Gobierno del Caracol de Morelia, el día 10 de agosto de 2007
entre las 18:00 y las 19:00 hrs., en la comunidad Balulumash,
Municipio de Chilón, fueron agredidos con arma de fuego por
integrantes de la Organización Para la Defensa de los Derechos
Indígenas y Campesino (OPDDIC), el Sr. Leonardo Navarro Jiménez y su
hijo Juan Navarro Jiménez, indígenas tseltales y Bases de apoyo del
Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, pertenecientes al Municipio
Autónomo Olga Isabel. El primero ejidatario de Bachajón.

De acuerdo a testigos, el Sr. Leonardo Navarro junto con su hijo Juan
estaban poniendo una cerca a su parcela que había sido afectada por la
construcción de una brecha, cuando fueron agredidos por
aproximadamente 25 personas de las comunidades de Batranca y
Balulumash. Los testigos identifican de entre los agresores a Leonardo
Navarro Deara, José Navarro Deara, Héctor Navarro Deara, Andrés
Navarro Deara, Fernando Navarro Jiménez y Carlos Navarro Aguilar,
miembros de la OPDDIC y que portaban armas de fuego.

Según información proporcionada a este Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de Las Casas, el Sr. Leonardo Navarro Jiménez, tiene tres
heridas de arma de fuego al parecer calibre .22, mientras que su hijo
Juan Navarro Jiménez, tiene una herida de arma de fuego y una herida
de machete. Aproximadamente a las 20:00 hrs., ambos fueron llevados al
Hospital Regional de Ocosingo donde el Ministerio Público dio fe de
las agresiones. Debido a su gravedad fueron inmediatamente trasladados
al Hospital Regional Dr. Rafael Pascasio Gamboa, en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, en donde se encuentran en terapia intensiva.

Para el Centro de Derechos Humanos, estos hechos se enmarcan en la
serie de eventos violentos que se han dado entre bases de apoyo
zapatista y ejidatarios de Muk'ulum miembros de la OPDDIC, en Olga
Isabel, por la disputa de tierras que conjuntamente se habían
gestionado a través del Plan 95 y Programa "Prochiapas", conocido como
"Fideicomiso 95". Este evento es uno más de los que seguirán
ocurriendo mientras el Gobierno Federal siga ignorando en sus
programas de regularización de la tenencia de la tierra, las que
fueron recuperadas por el EZLN en 1994.

Hacemos un llamado tanto al Gobierno Federal como el Estatal para que
en su responsabilidad, respeten y hagan respetar las tierras
recuperadas zapatistas y que siguen en su posesión, para dar efectiva
seguridad en la tenencia de la tierra o de lo contrario seguirán
enfrentando a los campesinos.

Así mismo para que agilicen las investigaciones por las agresiones y
se deslinden responsabilidades a los agresores.

 

by. Comunicado CDDHFB 

 

Alertan sobre graves daños ambientales en el plan aeroportuario de Tizayuca

 

En el agua, los mayores impactos por la sobrexplotación en la región: estudios

Adherentes a la Sexta declaración de la selva Lacandona denuncian atropellos

HERMANN BELLINGHAUSEN / La Jornada
 

El anuncio oficial de que se reactivará el proyecto de construcción de una gran terminal aérea en el valle de Tizayuca, Hidalgo, ha reactivado también los señalamientos contra los enormes daños ambientales y sociales que la obra traerá consigo. Previsiblemente, su edificación permitirá un jugoso negocio para los mismos contratistas de siempre, y la futura operación comercial del enclave aeroportuario significará un caudaloso flujo de dinero, pero a los bolsillos de los mismos capitalistas de siempre.

La otra campaña en Hidalgo, en especial los ejidatarios (y ex ejidatarios, pues ya vendieron sus propiedades) de Zapotlán y otras comunidades que son adherentes a la Sexta declaración de la selva Lacandona, no han dejado de denunciar los atropellos y embustes ya cometidos por las autoridades. Ahora advierten, con base en estudios propios y ajenos (incluso institucionales) sobre los desatrosos efectos sociales, ambientales y económicos por venir en la región.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, los 4 mil 400 kilómetros cuadrados de la cuenca Pachuca-Cuautitlán, donde se localiza el valle de Tizayuca, están sobrexplotados. Cada año se extraen 433 millones de metros cúbicos del líquido, pero solamente se recargan 207 millones, lo que implica un déficit superior a 50 por ciento.

Estudios de organismos civiles y del propio gobierno hidalguense documentan que hacia 1950 el agua se encontraba a 10 metros de la superficie, y en la actualidad el manto acuífero se ubica a profundidades de 200 metros o más en municipios como Zumpango y Tecámac, situación que se observa en toda la cuenca Pachuca-Cuautitlán, que cruza 47 municipios de Hidalgo y el estado de México.

La otra campaña en Hidalgo concluye que "la propuesta de traer agua de la región de Actopan para abastecer el proyecto, como ha dicho el gobernador hidalguense, Miguel Osorio Chong, sólo aumentaría el problema, claramente expresado en la otra propuesta: traer agua de la laguna de Tecocomulco, una cuenca ya devastada por el descontrol capitalista".

Se carece además de un programa de tratamiento y reuso del agua que permita, a partir del segundo año de funcionamiento del proyecto, reducir de manera paulatina la dependencia del aeropuerto de los mantos acuíferos. El Programa Universitario de Medio Ambiente (PUMA) de la UNAM señaló que las acciones aeroportuarias incidirían en la calidad y disponibilidad de agua, las áreas verdes y el aire, ya que provocarán daños por la edificación de la terminal en el valle de Tizayuca.

Al anunciar su resistencia a las obras, la otra campaña señaló que otro argumento en contra es que aumentaría la presión sobre el recurso hídrico. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, el impacto demográfico en la zona de influencia de Tizayuca podría ascender a 900 mil habitantes entre 2000 y 2030. Además, "tomando en cuenta la escala de los eventuales impactos, el desarrollo del proyecto ocasionaría problemas urbanos por la intensidad demográfica".

El subcomandante Marcos, de la Comisión Sexta del EZLN, declaró en Zapotlán el 28 de febrero de 2006: "Nosotros los despojados nunca vamos a volar en avión. Ni siquiera nos van a dejar entrar. Es más, ¿ustedes piensan que las grandes residencias que van a construir alrededor del aeropuerto van a tolerar vivir con la gente pobre de Zapotlán o de otras comunidades? No, van a hacer que se vayan, y sólo van a permitir que vivan al lado de ellos gente del mismo poder económico."

El delegado Zero dijo entonces: "Detrás de ese aeropuerto hay un engaño. ¿Quién le preguntó a Zapotlán si quería un aeropuerto? Si les hubieran preguntado habrían pedido drenaje, pavimentación, menor precio en la luz, mejores servicios públicos, más escuelas, mejores maestros, hospitales y clínicas, pero eso significaría que los están tomando en cuenta, y los gobiernos no toman en cuenta a la gente de abajo, más que a la hora que vienen a pedirle su voto".

Puesto que se ha demostrado el decremento en los niveles del manto acuífero mil 508 Cuatitlán-Pachuca, los ejidatarios y opositores al aeropuerto señalan que hasta el momento "existe necesidad de tandear el líquido a Pachuca y Tizayuca". De construirse la terminal, la otra campaña hidalguense pregunta: "¿quién va a asumir los costos?". No queda claro, salvo que será la propia naturaleza, "devastada por cemento y comercio. Pura muerte".

 

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Véase también "El aeropuerto en Tizayuca es un plan de muerte contra los pobres, denuncian"   se abrirá enlace en portal de La Jornada.

 

Represión Sindical en Francia

Gloria Muñoz Ramírez

Columna Los de Abajo / La Jornada

Sábado 11 de agosto, 2007 

 

En una acción creativa, pacífica e insólita un grupo de marineros de Córcega desvió un barco anclado en Marsella a Bastia, su puerto de matrícula, para protestar contra la privatización de una línea marítima que enlaza esta isla mediterránea con Occitania. Se trataba de llamar la atención de la opinión pública corsa y francesa en general sobre el drama social de una privatización que dejaría a cientos de personas sin empleo, además de que la naviera estatal es clave para la supervivencia económica y cultural de la isla, pues es la principal vía de comunicación con el exterior.

El 27 de septiembre de 2005 cuatro marineros del Sindicato de Trabajadores Corsos (STC) comunicaron sus intenciones al capitán del ferry Pascal Paoli, quien se negó a abandonar el barco y los acompañó en la travesía. Miles de personas se congregaron posteriormente en el puerto de Bastia para recibir y apoyar a los sindicalistas, en un día de fiesta y reivindicación sindical. Dos años después todos los que participaron en la protesta son juzgados como piratas y pueden enfrentar condenas de hasta 30 años de cárcel. Es la criminalización de la lucha sindical.

Contra Alain Mosconi, secretario general del STC-Marins, y contra Felix Da Gregorio, se inició un procedimiento criminal en el que se les acusa de piratería y secuestro del capitán de la embarcación. La acusación de piratería fue sacada del baúl de las reliquias del Código Penal francés para ser usada contra los marineros que no podían quedarse con los brazos cruzados ante la privatización de un instrumento del desarrollo económico y social de Córcega.

El Pascal Paoli no fue elegido al azar, pues representa un fuerte símbolo para el nacionalismo corso, ya que Paoli impulsó en 1755 la Constitución corsa y es considerado como la primera persona que se refirió a una "Nación corsa" ante genoveses y franceses (la isla fue "cedida" por los genoveses a Francia en 1768.)

En una acción sin precedentes al menos en los últimos cien años, el gobierno francés envió al Ejército para reprimir una protesta sindical. Los marineros fueron trasladados al puerto militar de Tolon (Occitania) y, posteriormente, a Marsella. Cientos de muestras de apoyo han recibido desde entonces, entre ellas una campaña de firmas en la que, además de denunciar el conflicto que condujo a la simbólica y pacífica acción, se hace hincapié en el rechazo a la criminalización del sindicalismo, algo inadmisible en el país cuna de la defensa de los derechos humanos (y en cualquier país del mundo). Para apoyar la petición de suspensión de los procedimientos la página electrónica es http://stc-marins.com/petition/php/appel.php.

"Por nuestra parte, lo que recordaremos con el tiempo, por encima de todo, como algo escrito con tinta indeleble en lo más profundo de nosotros, es que aquel día no teníamos ningunas pretensiones, ningún rencor, ningún odio, sino sólo una convicción y una esperanza", señala Mosconi.

Los marineros, además, buscan caminos de vinculación con los zapatistas mexicanos, pues, señalan, "en Córcega también hay una lucha por la tierra y el territorio".

[e-mail].

 

Comienzan los trabajos para la creasión de la Asamblea Popular de los Pueblos Potosinos (AP3).

 

Organizaciones opositoras a la Minera San Xavier en San Luis Potosí, lanzan una convocatoria para la creación de la Asamblea Popular de los Pueblos Potosinos (AP3).

Con ello prentenden dar una DEMOSTRACION DE UNIDAD en la reunion del proximo sabado 11 de agosto en punto de las 9:00 am, EL LUGAR DE REUNIÓN ES EN LA EXPLANADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI. Un mensaje claro a las autoridades estatales y federales, y empresarios criminales de la MSX de que no les vamos a permitir atentar contra nuestras vidas y la de nuestras familias.
 

 

 

Clic en la imagen para descargar en alta calidad. 

 

 

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- FAO. FRENTE AMPLIO OPOSITOR A MSX

- COLECTIVO NUEVO HUACHICHIL

- PRO SAN LUIS ECOLÓGICO

- LA OTRA CAMPAÑA SAN LUIS

 

INVITAN:

Este sabado 11 de Agosto saldrá camión a Cerro de San Pedro a las 8:45 am.
El mismo regresara a San Luis Potosi a las 8:30 pm. de ese día. Esto para facilitar el traslado a la Reunión Constitutiva de la Asamblea Popular de los Pueblos de San Luis Potosi AP3 que se llevara a cabo en las canchas de Cerro de San Pedro.

El punto de encuentro es la Iglesia de San Jose sobre la Calle de Universidad.

Invita FAO a MSX.

 

 

 

 

by. Inf. proporcionada por Colectivo Azul y La Otra Campaña San Luis

 

 

 

BOLETIN INFORMATIVO DE LA MISION CIVIL DE OBSERVACION HACIA LA ASAMBLEA DEL 12 DE AGOSTO EN LA COMUNIDAD DE AGUACALIENTE. MISION CIVIL DE OBSERVACION LA PAROTA

 

 

Numerosos organismos civiles, instancias de derechos humanos y organizaciones sociales hemos integrado una MISION CIVIL DE OBSERVACION alrededor del conflicto sobre el megaproyecto hidroeléctrico La Parota en el Estado de Guerrero, ante la preocupación y el riesgo de violaciones a los derechos humanos.

La MISION CIVIL DE OBSERVACION ha realizado dos visitas formales con la asistencia de numerosos observadores que hemos registrado las condiciones que se han llevado en las asambleas durante mayo pasado hacia una nueva tentativa de aprobación del proyecto. En su momento, hemos informado del resultado de nuestra observación así como nuestras recomendaciones sobre el caso.

Durante estos meses, la Misión se ha mantenido atenta al desarrollo de las pláticas entre la representación del movimiento opositor, y el comisario ejidal que está a favor del proyecto La Parota. La Misión ha dado seguimiento puntual a este intervalo que ha dado como resultado la convocatoria a una asamblea informativa que tendrá lugar este domingo 12 de agosto de 2007 en la comunidad de Aguacaliente, dentro de la zona de conflicto. 

A esta nueva asamblea ha sido convocada por ambas partes la Comisión Federal de Electricidad. 

Por otro lado, en varias ocasiones, el Gobernador Zeferino Torreblanca ha vuelto a pronunciarse a favor del megaproyecto hidroeléctrico y se ha abierto una nueva iniciativa, proveniente desde el ámbito gubernamental, de un posible desarrollo turístico en la zona, dependiente de la construcción de la presa. 

La presencia formal por primera vez de la CFE a esta nueva asamblea, la posible asistencia de ambas partes en conflicto a dicha asamblea, así como la expectativa que se vive alrededor de las declaraciones el gobernador, hacen de esta nueva asamblea –a pesar de ser solo informativa- un momento clave en el desarrollo del conflicto. 

Es por ello que la Misión Civil anuncia una tercera visita de observación que saldrá hacia el Estado de Guerrero este fin de semana, con el objetivo de documentar, vigilar y observar las condiciones en que se desarrolla esta asamblea. 

Llamamos a la sociedad civil nacional e internacional a mantenerse atentos al desarrollo y resultados de la misma

 

by. Misión Civil de Observación La Parota. Inf. difundida por la LIMEDDH.

 

Ataca gobierno estatal de Guerrero a policías comunitarios

 

Denuncia pública

 

Aparece en el Correo Ilustrado / La Jornada 10/08/07 

La policía comunitaria que trabaja en los municipios indígenas de la Montaña y la Costa de Guerrero es agredida nuevamente por el gobierno de Zeferino Torreblanca que, violando acuerdos, desató una campaña “judicial” contra mandos y miembros del admirable cuerpo de vigilancia y ayuda a los pueblos mephaa, na savii, nahuas y mestizos. Lo increíble es que ahora se les persigue porque los “denuncian”, con sincronía sospechosa, delincuentes que han sido llevados a cuentas por el sistema comunitario. En un país donde el aparato judicial es impune e intocable, es doloroso ver la celeridad con que los agentes del Ministerio Público (MP) persiguen a quienes protegen a los pueblos.

La agencia del MP en San Luis Acatlán ha iniciado averiguaciones previas y pretende consignar a miembros de la policía comunitaria por haber actuado contra asesinos, ladrones y defraudadores que hoy los acusan de “privación de libertad”. El cómplice MP los apoya para perseguir a los compañeros policías comunitarios Abad Flores Herrera, Mateo Nicolás Martínez, Blanca Nieves Calleja Hernández, Ramiro Cortés Navarrete, Constantino Teodoro Bautista, Felícitas Martínez Solano, Doroteo Gregorio Bernardino, Arcadio Hernández Rentería, Jesús Reyes Bonifacio, Armando Zavala Felipe, Teófila García Rodríguez y Carmen Ramírez Aburto, así como el asesor Valentín Hernández Chapa. Para algunos ya hay orden de aprehensión, y los vigila la policía del gobierno, que para eso sí es buena.

Exigimos el fin de esta persecusión, el respeto a los acuerdos y el castigo a los verdaderos delincuentes.

Suplemento Ojarasca: Hermann Bellinghausen, Eugenio Bermejillo, Gloria Muñoz Ramírez, Yuriria Pantoja Millán, Ramón Vera Herrera

 

Presa La Parota se perfila al fracaso ante resistencia de la sociedad

 

México D.F. a 9 de agosto de 2007 (Cencos).- La decisión de erigir una central hidroeléctrica en varias comunidades de Acapulco, Guerrero, en la que el gobierno mexicano anunció en 2005 una inversión de 800 millones de dólares sin consultar a la población, se desvanece ante la evidencia de flagrantes violaciones a los derechos humanos y la decisión de pobladores de defender sus tierras a toda costa.

Para cumplir este proyecto se requiere comprar las tierras y desplazar a entre 25 mil y 100 mil personas que no fueron debidamente informadas y a quienes se les atropellarían sus derechos fundamentales, sin otorgarles garantías para su desarrollo y sobrevivencia en el futuro.

Aún con la anunciada participación de autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la asamblea del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) el próximo 12 de agosto, el conflicto sigue sin visos de solución y con riesgo de radicalizarse por parte de los afectados a dos años de que estalló.

El Tribunal Unitario Agrario (TUA) con sede en Acapulco, Guerrero, resolvió en enero de 2006 que la asamblea de los comuneros de Cacahuatepec que se realizó para aprobar el proyecto hidroeléctrico La Parota, el pasado 23 de agosto de 2005, es ilegal, por lo que la CFE no podrá iniciar el proceso de expropiación de las tierras ni ingresar para realizar trabajos de investigación.

De esta forma, se anuló el acta de asamblea de fecha 23 de agosto del 2005, así como todos los convenios, acuerdos o actos jurídicos que como consecuencia de la misma se hayan suscrito. Dicho fallo es de suma importancia pues por la constitución de dicha acta, los campesinos supuestamente autorizaban a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para expropiar sus tierras que serían destinadas al embalse de la presa hidroeléctrica

En este marco, la secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Irene Khan, realizó un recorrido por las principales comunidades que se verían afectadas --Tazajeras, Dos Arroyos y Los Cuajes--, pertenecientes al municipio turístico de Acapulco, sobre la costa del Pacífico mexicano el pasado 5 de agosto, donde escuchó los testimonios de los afectados.

'Si las cosas se hubieran manejado de otra forma, no hubiera sucedido lo que está pasando', sostuvo Khan.

Ante la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, los comuneros opositores al proyecto La Parota denunciaron los asesinatos, los encarcelamientos y la persecusión en su contra por parte del gobierno estatal y la Comisión Federal de Electricidad, así como las incursiones del Ejército, pero advirtieron que están dispuestos a morir antes que permitir la construcción de la presa e incluso se dejó oír la posibilidad de tomar las armas de ser necesario

Después de escucharlos en Aguacaliente, en Tasajeras y en Dos Arroyos, la funcionaria expresó que como pueblos afectados tienen el derecho de ser informados sobre las características y el impacto del proyecto, y ofreció que AI seguirá pendiente de este conflicto.

?Sabemos ?dijo Khan en Dos Arroyos? que hay gente aquí que ha sufrido o experimentado de una manera más directa la violencia, las muertes y todo lo que ha sucedido en su comunidad, y esto es extremadamente desafortunado, porque si las cosas se hubieran manejado de otra manera, esto no hubiera sucedido?

El vocero Felipe Flores Hernández expresó que los comuneros ?queremos vivir aquí y morir aquí?, y denunció que el gobernador Zeferino Torreblanca ?es el principal impulsor? del proyecto y lo calificó de ?corrupto, cacique y vendepatria?. Luego, Irene Khan explicó a los campesinos su presencia y subrayó que ellos tienen el derecho de saber todo sobre el proyecto de la presa y de participar en la consulta, y los instó a exponer sus puntos de vista en ese momento

Posteriormente, la comitiva se trasladó al campamento del Cecop en Dos Arroyos donde los esperaban los ejidatarios de La Palma, Los Huajes y el propio Dos Arroyos, quienes hicieron los mismos planteamientos. Juan Gallegos González, de Los Huajes, explicó que ese poblado desaparecerá completamente, no obstante, nunca les han informado a dónde enviarán a los damnificados, cuánto les pagarán por su tierra, ni siquiera para intentar convencerlos.

Francisca Nava del Carmen, de Dos Arroyos, explicó que han sufrido mucho por mantener el plantón del Cecop y la lucha, pero las tierras ?si con sangre las vamos a defender, con sangre las defenderemos; estoy puesta y nunca me voy a quitar. Mejor muertos, y no vamos a dejar que se lleven el río?, advirtió.

La reunión en Tasajeras se desarrolló en el patio de la comisaría, donde una comisión del Cecop le mostró a Irene Khan fotografías de policías en el momento en que agreden a los comuneros en asambleas que después fueron nulificadas.

Valente Reza, de la comunidad de Tasajeras, quien a sus 77 años y con dificultades para desplazarse evocó la opción de tomar las armas si es necesario, explicó que la presa ?va a traer muchas consecuencias, vamos a sufrir más pobreza? pues actualmente viven de los productos del campo, pero en ese caso no tendrían nada.

En su informe de 15 páginas, que se titula 'Derechos Humanos en Peligro: proyecto presa La Parota', AI pidió al gobierno mexicano, a la CFE y a las autoridades estatales y municipales 'abordar sin demora' el conflicto.

Además demandó que los pobladores afectados tengan una participación 'genuina en la toma de decisiones' y se garanticen los derechos de los 'pueblos indígenas a tierras, territorios y recursos naturales', como lo establecen tratados internacionales y la misma Constitución de nuestro país.